Las principales organizaciones de defensa del patrimonio edificado presentarán hoy ante la Justicia porteña un amparo para frenar la destrucción de edificios anteriores a 1941. La movida judicial es en respuesta a la negativa del oficialismo en la Legislatura de renovar la ley 3056, que crea un procedimiento especial para demoler esos edificios. Junto a proyectos de ley presentados la semana pasada, el amparo es un intento de frenar lo que están llamando un “verano de la piqueta”.

El amparo será presentado hoy por Basta de Demoler, la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, ProtoComuna Caballito y Salvar Floresta, con el apoyo de una veintena de organizaciones barriales y culturales. El objetivo es pedir a la Justicia que congele toda demolición hasta que la Ciudad cumpla el mandato de la ley porteña 1227. La norma, que es la ley marco de manejo del patrimonio de Buenos Aires, ordena al Ejecutivo que realice un catálogo general de edificios representativos culturalmente, históricos, simbólicos por su uso o asociación con la memoria barrial y de valor arquitectónico.

La ley 1227 fue sancionada hace una década, pero sus capítulos sobre patrimonio –entre otras cosas, la creación de un cuerpo de inspectores especializados en la órbita del Ministerio de Cultura– nunca se cumplieron. El catálogo de edificios permitiría definir qué se puede demoler y qué se preservará en un universo de 140.000 inmuebles, algo menos del 20 por ciento del total de la Ciudad. Ana Bas, de Basta de Demoler, explicó a Página/12 que el amparo no fija fechas ni da plazos, sino que “simplemente congela las demoliciones hasta que el gobierno haga su parte y cumpla la ley”.

El actual régimen de protección fue sancionado a fines de 2007, como la ley 2548, y creó un sistema por el cual todo edificio con planos de obra anteriores al primer día de 1941 tenía una protección implícita. Quien quisiera demolerlo o remodelarlo tenía que enviar el expediente al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que permitía la demolición o enviaba el caso a la Legislatura para su futura catalogación. Según datos del propio gobierno porteño, este Consejo no fue precisamente feroz en su accionar y de 5242 pedidos de demolición autorizó 4253. Apenas 989 edificios, menos del veinte por ciento de los estudiados, fueron protegidos provisionalmente.

Pese a esta parsimonia, el oficialismo ordenó a su bloque que liquidara el mecanismo. Como la ley de protección es un “régimen especial”, debe ser renovada cada año, lo que se hizo hasta ahora sin mayores debates. Pero este diciembre, el diputado PRO Cristian Ritondo en persona se ocupó de dejar en claro que no iba a pasar “por orden de Macri”.

Entre las reacciones de los grupos patrimonialistas y de diputados de oposición se cuentan la presentación de varios proyectos para renovar la ley por uno o por dos años, y otro que simplemente cataloga todo edificio anterior a 1941. Este último, presentado por los diputados María José Lubertino y Martín Hourest, se basa en el fallo de la Cámara porteña, que prohíbe demoler ningún edificio que esté siendo considerado.

Santiago Pusso, de Basta de Demoler, criticó al gobierno porteño en el acto de protesta organizado ayer al mediodía al pie de la Confitería Del Molino. “Vemos como trasfondo la intención del gobierno porteño de demoler esos edificios para realizar negocios inmobiliarios”, explicó Pusso. En el acto estaban representantes de las organizaciones que presentan hoy el amparo, y legisladores como Lubertino, Hourest, Susana Rinaldi, Rubén Campos y Adrián Camps.

Otra crítica al gobierno porteño es por su indiferencia a las obras clandestinas que afectan al patrimonio. Un ejemplo que se discutió ayer fue el del local en el histórico edificio Wolf, en Perú y Belgrano. Un vecino denunció ante el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado que se estaba realizando una obra sin permisos ni expediente en el amplio local de la planta baja. Gómez Coronado envió notas a las direcciones generales relevantes, la de Registro de Obras y Catastro y la de Fiscalización y Control. Una inspección descubrió que se estaba remodelando el lugar para un local de la cadena Starbucks. La obra siguió pese a las advertencias y fue finalmente clausurada esta semana. Lo que subrayaban ayer los patrimonialistas fue que tuvo que intervenir un vecino para que se “descubriera” una obra ilegal en un edificio histórico en pleno centro. Y que la denuncia fue activada no por el Ejecutivo, sino por la Defensoría del Pueblo porteño.