Siete policías federales, tres de ellos con rango de comisario, serán juzgados por un tribunal oral por haber liberado la zona y facilitado el ataque de una patota de la Unión Ferroviaria (UF) que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. La jueza Wilma López, que estuvo a cargo del caso, elevó a juicio esta semana el expediente donde se investigó la responsabilidad de los agentes en los hechos. La resolución que cierra la instrucción de la causa recuerda que fueron procesados por abandono de persona agravado por la muerte del joven militante del Partido Obrero (PO) y los daños a la salud de quienes fueron baleados con armas de fuego: Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Las querellas apuestan a que durante las audiencias orales se los juzgue como partícipes del homicidio y por eso pedirán que se los siente en el banquillo en las mismas audiencias previstas para el líder del gremio, José Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y ocho matones que integraron la fuerza de choque.

El juicio oral contra Pedraza y la patota tiene fecha para el 20 de febrero en el Tribunal Oral Criminal 21. Todos están acusados de homicidio. La querella del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la mamá de Mariano, y la que integran las abogadas María del Carmen Verdú (de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y Claudia Ferrero (del PO) en nombre de los heridos, ya sostuvieron que el papel de la policía en el asesinato no debe ser juzgado por separado: sin su participación, aunque más no sea para dejar actuar a la patota –sostienen–, no habrían matado a Ferreyra. Por eso plantearán el martes que están dispuestos a asumir una demora en el inicio del juicio –que tampoco sería tan grande– con tal de que las causas se unifiquen. El tribunal 21 no lo descarta. El otro expediente le tocó al 19.

La jueza López y la fiscalía (primero a cargo de la actual viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, y luego de Fernando Fiszer) avanzaron con una eficiencia poco frecuente en tribunales, teniendo en cuenta que el homicidio fue el 20 de octubre del año pasado. Al cerrar la pesquisa sobre la policía, la magistrada recuerda que ese día un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca con apoyo de organizaciones políticas y sociales planeaban una protesta en reclamo de su regularización laboral y de reincorporaciones. Iban a cortar las vías, pero la presencia intimidante de una patota con gorros y banderas de la lista verde de la UF los disuadió. Mientras dejaban la estación Avellaneda bordeando las vías, los matones los seguían desde el terraplén. Intercambiaron pedradas. Luego los manifestantes hicieron una asamblea y resolvieron retirarse. El grupo de choque se les abalanzó cuando se desconcentraban. Los disparos alcanzaron a quienes armaban un cordón para proteger a las mujeres y a los niños. Ahí estaba Mariano.

También estaba ahí la policía, ya desde temprano. Pero según la jueza ninguno de los responsables del operativo hizo nada por evitar el ataque pese a que hasta podían anticiparlo por la actitud de los ferroviarios, y por una gresca del mes anterior en Constitución. No hubo medidas “preventivas”, “disuasivas” ni de “negociación”. Tampoco dieron, advierte la jueza, intervención inmediata ni a la fiscalía ni al juzgado; usaron para comunicarse teléfonos POC, que impiden registrar las conversaciones, había numerosos policías de civil (prohibido en acontecimientos de este tipo) y la filmación policial de los hechos quedó interrumpida entre las 13.33 y 13.39, justo cuando mataron a Mariano y balearon a los demás. A esa altura habían incluso corrido los patrulleros que mantenían a los grupos separados, lo que posibilitó la embestida. Desde la Dirección General de Operaciones (DGO), que impartía instrucciones a la distancia, la orden fue no meterse, replegarse. “No sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escucha en las modulaciones. Tampoco mandó los refuerzos que le pedían. Ni los policías de la DGO ni los que estaban en Barracas, pese a que eran testigos de lo que pasaba, procuraron “medidas que permitiesen la individualización de los responsables”, “el secuestro de armas de fuego y la preservación de la prueba después de producidos los disparos”. “Omitieron realizar un operativo cerrojo” en la zona. Los atacantes se fueron como si nada. Días después fueron detenidos.

Los policías que van a juicio son el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, ex jefe de Control de Líneas, el comisario Jorge Raúl Ferreyra, ex jefe de la División Roca; el subcomisario Rolando César Garay, de la comisaría 30ª; el camarógrafo policial David Villalba. Además, los que estaban en la DGO: el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, quien luego fue jefe de comisarías y terminó expulsado; el principal Gastón Conti, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría.