El debate por la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal avanza en la Cámara de Diputados. Esta semana se acordó un dictamen en las comisiones de Legislación Penal y Familia. El texto consensuado mayoritariamente prevé considerar como agravante del homicidio cuando un hombre asesine a una mujer y medie “violencia de género”; y también si el autor mantenía o hubiera mantenido una relación de pareja con la víctima –independientemente de que hayan convivido– y si el crimen fue cometido por “odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Es decir, se castigará con reclusión o prisión perpetua si un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, aunque la palabra femicidio –el término acuñado para denunciar estos crímenes– no se inscriba en el Código Penal. Y también tendrán la pena máxima los asesinatos por homo o lesbofobia, como el caso reciente ocurrido en Chile contra un joven gay. Tres especialistas consultadas por Página/12 ven con muy buenos ojos la reforma pero advirtieron con énfasis que no se debe esperar que con un endurecimiento de las penas se eviten los femicidios y reclamaron políticas públicas integrales y articuladas para prevenir la violencia machista, para proteger a las víctimas antes de que sean asesinadas.

La reforma al Código Penal podría discutirse en el recinto en la próxima sesión (que se haría el miércoles), según adelantó a Página/12 el diputado kirchnerista y presidente de Legislación Penal, Oscar Albrieu. “Sin dudas creemos que esta iniciativa será ley próximamente dado que hay un gran compromiso del FpV con esta terrible realidad, así como de todos los bloques. Es muy importante el consenso al que pudiéramos arribar con los demás bloques dado que es un tema que requiere de todas las voluntades políticas”, declaró Albrieu.

“El proyecto tal como está es bueno” y “avanza sobre los problemas que detectamos al analizar de manera comparada los tipos penales de femicidio ya consagrados en otros siete países de la región –Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile y últimamente Perú y Nicaragua–, ya sean estos tipos penales autónomos o agravantes”, señaló en diálogo con Página/12 la abogada rosarina Susana Chiarotti, integrante del comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Belém do Pará”, ciudad brasileña donde fue suscripta. No obstante, Chiarotti alertó que si el tema no se toma desde el punto de vista de la prevención y se adoptan medidas para proteger a las mujeres –recordemos que varias de las mujeres muertas habían denunciado con anterioridad las agresiones sin que nadie las protegiera–, “tendremos una linda figura penal que se le aplicará a las mujeres cuando mueran, pero no habremos disminuido el número de muertes”. En ese sentido, pidió que también haya “esfuerzos para implementar el plan nacional contra la violencia de género, que requiere de una partida presupuestaria para su puesta en marcha, de lo contrario sólo habremos tenido una salida fácil, no comprometida con las mujeres en riesgo”, agregó Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar). Otras voces también coincidieron con las mismas advertencias (ver aparte).

El dictamen con las reformas al Código Penal fue acordado en las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, encabezadas por los kirchneristas Oscar Albrieu y Silvia Risko. El martes 27 de marzo se realizó una reunión conjunta donde se empezó a consensuar un texto, sobre la base de 13 proyectos presentados desde el oficialismo y la oposición. En las últimas tres semanas ese primer borrador tuvo varias modificaciones. Y según adelantó Albrieu, no se descarta que se introduzcan otros cambios en el recinto. Además de los tres puntos ya mencionados, la propuesta incorpora otras dos reformas al Código Penal. Por un lado, también se considera un agravante cuando el homicidio se ejecuta “con el propósito de causar sufrimiento” a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, independientemente de hayan estado o no casados o tenido convivencia. Es el caso del niño Tomás Dameno Santillán, de 9 años, asesinado en la localidad bonaerense de Lincoln en 2011 y por cuyo crimen está imputado Adalberto Daniel Cuello, ex pareja de la mamá. Cuello, según se supo, había amenazado a la mujer diciéndole: “Te voy a pegar donde más te duele”.

El otro cambio al Código Penal apunta a evitar que los jueces reduzcan a los femicidas la pena máxima en los casos de homicidio agravado por el vínculo alegando que mediaron “circunstancias extraordinarias de atenuación”. Con frecuencia, se otorga este beneficio con el fundamento de que la mujer asesinada había sido infiel. El dictamen establece que no se podrá aplicar si antes ya se habían registrado situaciones de violencia contra la víctima mujer. Este fue un punto en el que insistió la diputada Marcela Rodríguez (Democracia Igualitaria y Participativa), autora de una de las iniciativas analizadas. Otros de los proyectos fueron elaborados por Diana Conti (FpV), Gustavo Ferrari (Frente Peronista), Sergio Pansa (FP), José Mongelo (FpV), Ivana Bianchi (FP), Gerardo Milman (GEN), Adela Segarra (FpV) y Celia Arena (FpV), entre otros legisladores.