“No se busca un endurecimiento caprichoso de las penas sino reconocer mediante la ley la existencia de un grave problema, nombrarlo y mostrar qué tipo de conductas no son aceptadas y también asumir que muchas veces las condenas tienen un sesgo sexista y patriarcal”, explicó a Página/12 Fabiana Tuñez, directora de La Casa del Encuentro, una ONG que lleva adelante un Observatorio de Femicidios en la Argentina, y viene reclamando la tipificación de esa figura como delito autónomo del Código Penal. “El femicidio no es un agravante del homicidio sino un delito autónomo, el bien jurídico protegido es la vida de las mujeres víctimas de violencia de género. Es una medida de acción positiva tal como lo fueron otras leyes que buscaban desarticular las desigualdades estructurales”, opinó. A su criterio, incorporarla como un agravante es “invisibilizar” la violencia de género. De todas formas, Tuñez consideró que la reforma propuesta en Diputados “serán un paso importante”. Pero a la vez advirtió que “es indispensable llevar a la práctica el Plan Nacional Integral para la erradicación de la violencia de género”, como está contemplado en la Ley 26.485, aprobada en 2009, cuya implementación a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) está muy demorada. “Para eso se necesita dotarlo de un presupuesto y sentar alrededor de esa mesa para definir los lineamientos a todos los sectores del estado nacional, provinciales, de la Justicia, de las fuerzas de seguridad incluida la sociedad civil”, agregó Tuñez, quien recordó que en 2011 registraron 282 femicidios en el país, en base al relevamiento de los casos publicados en medios gráficos.

Para la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), es importante extender los agravantes del homicidio a otros vínculos más allá del ascendiente, descendiente y cónyuge –como está previsto actualmente– y a la vez al crimen “por odio de género”. Pero también advirtió que “el Código Penal nunca ha servido para prevenir ningún delito” y “no se puede esperar que estas reformas van a evitar los femicidios”. Gherardi exhortó a los legisladores a preocuparse también por tener estadísticas oficiales sobre femicidios y violencia de género, por dotar al CNM de un presupuesto adecuado y por tener políticas públicas para la prevención de este flagelo. Como ejemplo de los incumplimientos en relación con la Ley 26.485, de Protección Integral de las Mujeres, señaló que no se está garantizando el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia, como está previsto en la norma.