Mussi dijo que 180 industrias fueron clausuradas por no cumplir el plan de reconversión.
Imagen: Télam.

El titular de la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) y representantes de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma expusieron ayer ante los integrantes de la Corte Suprema, en la audiencia pública de monitoreo de las obras de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, enmarcó el intercambio en el dato de que los informes previos indican “un alto nivel de cumplimiento” de las tareas. Sin embargo, advirtió que “según distintas opiniones, los objetivos de calidad de agua fijados por Acumar son demasiado bajos: así, es fácil decir que cumplieron”. También exhortó a Juan José Mussi, titular de Acumar, a “supervisar las contrataciones efectuadas por AySA y Ceamse para la Cuenca”. Se reveló también que ni la Ciudad ni la provincia de Buenos Aires cumplieron con el aporte económico a la Acumar: “Tienen la obligación legal de hacerlo, para que la Acumar pueda seguir funcionando”, los exhortó el titular de la Corte.

Lorenzetti empezó por recordar que “una sentencia de la Corte Suprema aprobó el plan de saneamiento, poniendo en marcha un proceso que debe transformar toda la región involucrada. Y señaló que, “a través de informes escritos, los organismos obligados directos –mencionó a la Acumar, los municipios, Ceamse, AySA– y los organismos de control –nombró a la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, Auditoría General de la Nación– en forma casi unánime opinaron que existe un alto nivel de cumplimiento”, Juan José Mussi, titular de Acumar, señaló que “de 22.505 establecimientos empadronados, 10.715 son industrias y, de éstas, 1410 son agentes contaminantes. De éstos, 1169 presentaron programas de reconversión industrial, de los que la Acumar aprobó 783. Hay 50 industrias ya reconvertidas, y otras 142 funcionan en condiciones ambientales normales. Otras 180 industrias fueron clausuradas”.

En cuanto a estas 180, “presentaron el plan de reconversión pero no cumplieron. El 80 por ciento son pymes. El gobierno nacional dispuso un plan de subsidios no reintegrables de 50 millones de pesos, para que se reconviertan, pero muchas tienen deudas con la AFIP o problemas previsionales que les impiden recibir esos subsidios. No queremos cerrar industrias y dejar gente en la calle, y procuramos obtener un crédito internacional que no tendría esos requisitos”.

Lorenzetti le señaló: “Los objetivos de calidad del agua que establece la resolución 3 de Acumar son, según distintas opiniones, demasiado bajos; aun cuando se cumplan sólo permitirán un uso muy limitado del agua del río. Si usted establece objetivos bajos, es fácil decir que cumplieron”. Mussi contestó que “los objetivos están de acuerdo con parámetros aceptados internacionalmente pero, si las ONG y la Defensoría lo piden, no nos negamos a modificar más adelante esos parámetros”.

También preguntó Lorenzetti: “Acumar, al delegar la ejecución de obras en AySA y Ceamse, se reservó el control y la auditoría contable: ¿eso lo hacen?” Mussi respondió que “AySA tiene sus organismos de control de presupuesto. No las controlamos”. Y Lorenzetti: “Con la creación de Acumar se pretendió un control centralizado, también en el plano presupuestario”. El representante de la provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez, destacó que “el polo petroquímico Dock Sud debe llamarse ahora puerto Dock Sud: ya no quedan productos químicos. Once empresas debieron desalojar porque trataban productos químicos; una está en proceso de desalojo y tres fueron reconvertidas. Sólo se almacenan hidrocarburos”. Agregó que “la provincia destinó 1661 millones a obras nuevas”, entre las que citó nuevos servicios de salud y “48 millones de inversión en el camino de sirga entre Puente Alsina y Puente de La Noria”.

El 50 por ciento de los fondos para Acumar, 320 millones de pesos, los aporta la Nación; la Ciudad y la provincia ponen 160 millones cada una, pero la primera aportó sólo 25 millones y la provincia, nada. Ante la pregunta de Lorenzetti, el subsecretario de Hacienda bonaerense, Gabriel Esterelles, contestó que “dada la situación económica de la provincia, no se ha podido integrar el aporte”. Lorenzetti contestó que “es una obligación legal, no discrecional”. Enríquez contestó que “la próxima semana daremos fecha para el cumplimiento”.

Julio Conte Grand, procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, representó al gobierno porteño. Destacó que “entre el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012, “se efectuaron 7155 fiscalizaciones en 1345 empresas, 532 intimaciones y 120 clausuras”. Y destacó la adhesión de 55 empresas al programa de reconversión industrial. En cuanto a relocalización de asentamientos y villas señaló las de Luján, El Pueblito y Magaldi. Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema, le señaló el atraso en la relocalización de familias de las villas 21-24 y 26. Conte Grand manifestó que “la dificultad central es el proceso de intrusión en ámbitos públicos y privados por gente con necesidades habitacionales”.

El ministro Raúl Zaffaroni preguntó por el funcionamiento de las mesas de participación y sensibilización en las villas 21-24 y 26: Iván Kerr –gerente general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad– contestó que “fueron suspendidas porque la Nación impugnó el protocolo”, y Conte Grand agregó que “las inquietudes se canalizan en las reuniones de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, en las que participan vecinos”.

En cuanto al aporte monetario, Conte Grand dijo que “hemos puesto 1600 millones de pesos en obras. Lorenzetti repuso que “la Nación y la provincia también hicieron aportes no dinerarios. Cada jurisdicción se comprometió a un aporte dinerario y la Ciudad debe explicar cómo lo integrará”, tras lo cual dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, cuando expondrán representantes de los municipios, de AySA, de Ceamse y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.