La Sala 2 del Tribunal en lo Contencioso, Tributario y Administrativo de Jujuy dio lugar a un amparo ambiental y determinó la “inmediata suspensión” de la ampliación de la capacidad de potencia de la empresa de electricidad Ejesa SA, que opera en el barrio Islas Malvinas, en los suburbios de la capital. También solicitó que un perito técnico en electricidad especificara si la planta ya había comenzado con el trabajo para informar si “afectará sustancialmente el servicio de suministro de energía eléctrica, bien sea su extensión o calidad”. “No recibimos la noticia con mucha alegría, porque nosotros apuntamos a la erradicación de la planta”, sostuvo ante Página/12 Ofelia Wierma, de la asamblea de vecinos autoconvocados. El pasado 17 de octubre, los pobladores se manifestaron en contra del proyecto y fueron reprimidos fuertemente por la policía provincial con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes.

La ampliación del cableado de alta tensión que la empresa de electricidad instalada en Malvinas pretende realizar tuvo eco nacional a mediados de octubre pasado cuando los pobladores decidieron frenar esa intervención y, a cambio, recibieron palos y balas de goma.

“Nos llama mucho la atención la cantidad de casos de cáncer que hay en las personas que viven alrededor de la planta”, apuntó la abogada defensora ante este diario, Silvana Morel. Según explica el expediente firmado por el juez Benjamín Villafañe el pasado 20 de noviembre, los vecinos denunciaron que “en ningún momento” se les informó que la planta iba a instalarse allí. “Cerca de 1992 se comenzó la construcción de la Estación Transformadora, manifestándose que allí irían a funcionar las oficinas de Ejesa”, detalla.

Luego de considerar las posturas del gobierno provincial, la empresa y los vecinos denunciantes, Villafañe resolvió hacer lugar a la medida cautelar ambiental. El fallo se inclina en favor de los malvinenses y hace hincapié en el principio precautorio de la ley nacional general de ambiente 25.675 que establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. En tanto, Ernesto Grosso, ingeniero en electricidad, es quien la semana próxima deberá informar si el transformador identificado como 30/30/30 está funcionando en lugar del 15/10/15 o si están operando de forma conjunta. Eso determinará si efectivamente la empresa ya había comenzado la obra para repotenciarse.

No obstante, los vecinos son críticos. “Si la respuesta es que la obra ya comenzó, es un fundamento para que se concluya el trabajo”, estimó Wierma. En caso de que eso sucediera, indica el fallo, “indicará cuál o cuáles serían el o los sectores perjudicados y cuáles sus consecuencias”.

En ese sentido, Morel explicó que “no hay parámetros de legislación sobre el impacto que los campos electromagnéticos creados producen sobre la salud, sólo hay parámetros ambientales”. El biólogo y Premio Nobel alternativo 2004 de la Universidad Nacional de Córdoba, Raúl Montenegro, coincidió con esa explicación e hiló más fino: “La norma 77/1998, que es primitiva, establece un estándar ambiental que no es sanitario, ya que se basa sobre 25 microteslas, la unidad de medición de campo magnético”. Esa medida no se corresponde con los límites planteados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que determina que los campos magnéticos son posibles cancerígenos humanos si emiten una radiación igual o superior a 0,3 microteslas. Montenegro había sido propuesto como perito de parte, pero por el momento quedó exento de esa actividad dado que lo que se solicita es un perito en electricidad.

Por eso es que Morel insiste en que hay “un vacío legal”. Por otra parte, Ejesa planteó que la Justicia federal es la que debe tomar el caso, por lo que aún resta determinar la competencia de Villafañe. Desde el día de la represión, hasta el momento, los vecinos continúan organizados y en asamblea: “Estamos pensando las vías legales a las que podemos recurrir”, señaló Wierma.

Informe: Carla Perelló.