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Un juez en Nueva York, demasiado cerca de las influencias de los grupos de poder financiero, resolvió a favor de la audaz demanda del fondo buitre NML Capital sobre títulos de deuda defolteados que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. El fondo no había sido perjudicado por el default de 2001, porque compró los bonos con posterioridad, especulando con hacer diferencia en los tribunales. El fondo hubiera ganado una buena diferencia aceptando el canje, pero fue por más, apostando a que iba a tener “mejor suerte” en la Justicia.

Una jueza federal en Sydney, Australia, muy alejada de los centros de poder financiero, condenó el 5 de noviembre a la calificadora de riesgo Standard and Poor’s y al Banco ABN AMRO por haber engañado a los inversores que le compraron a la entidad bancaria títulos calificados AAA (triple A, máxima calificación de solidez) por la primera, y colapsaron con la crisis financiera de 2008. Los activos que respaldaban los títulos no eran tan sólidos como se los exhibía. El banco había publicado “información falsa”, “negligentemente distorsionante”, con proyecciones de resultados conscientemente “exagerados” para tentar a los inversores, según relata el fallo de la jueza Jayne Jagot.

El fondo buitre que litiga contra Argentina en Nueva York registra su residencia en Islas Caimán, lejos de los organismos de control y muy cerca del corazón que bombea las principales operaciones especulativas en el sistema financiero mundial. No es la primera vez que NML Capital utiliza los servicios de la Justicia neoyorquina para obtener resultados. En 1999 obtuvo una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Nueva York por la cual el gobierno de Perú debió pagarle 58 millones de dólares por bonos defolteados, que NML había comprado pocos años antes en 11 millones.

La calificadora condenada en Sydney es una de las tres grandes agencias que tienen licencia internacional para definir qué títulos son “confiables” para los inversores crédulos, como los 12 municipios de Gales del Sur (Australia) que compraron los bonos Rembrandt al ABN AMRO en 2006 y terminaron perdiendo el 90 por ciento de los ahorros de sus funcionarios. No fue la primera ni la única vez que S&P otorgó la más alta calificación a títulos que terminaron en enormes descalabros para quienes siguieron sus consejos: la crisis de las hipotecas de Estados Unidos (en pleno corazón del poder financiero) justamente se desencadenó a partir de la insolvencia de fondos que reunían una cantidad de hipotecas incobrables con una pequeña porción de créditos buenos, formando un paquete disfrazado de inversión atractiva, colocada por un banco prestigioso y con calificación AAA de S&P, Moody’s o Fitch.

El mercado financiero heredado del neoliberalismo es definido como un gran casino, en el que cuanto más riesgosa es la apuesta, más se espera ganar. Los fondos buitre se caracterizan por el altísimo nivel de exposición al riesgo: compran títulos de deuda con elevada chance de incobrabilidad, cuando nadie los quiere y, por lo tanto, pagan monedas por ellos. La apuesta es obtener, años después, la ganancia en los tribunales demandando al país emisor de los títulos de deuda su valor original más los intereses del período transcurrido. Para eso, necesitan un sistema financiero mundial que lo admita y jueces permisivos. No son pocas las veces que han obtenido buenos resultados.

Los inversores estafados por un sistema financiero viciado por especuladores y corruptos tuvieron que cargar con las pérdidas sin reparación alguna, en su gran mayoría. El caso australiano mencionado es una excepción. En el de la crisis hipotecaria estadounidense hubo un millonario rescate con fondos públicos; pero en favor de los bancos que habían provocado el descalabro, no de sus víctimas.

Jueces como Thomas Griesa o tribunales tan parciales como el Ciadi, dictan fallos periódicamente por miles de millones de dólares en favor de grupos financieros ligados al andamiaje de poder que manejan el casino mundial. Un poder que, además de tribunales, cuenta con guaridas fiscales que los protegen, normas de derecho internacional que someten la soberanía de los países deudores y bancos y calificadoras de riesgo que hacen el resto. Jayne Jagot en Sydney declaró culpables a Standard & Poor’s y al ABN por un perjuicio de 16 millones de dólares. Una cifra insignificante para ese poder. Además, Jagot no tiene muchos imitadores.

Argentina, en defensa propia, resolvió enfrentar a los primeros. Lo hizo pagándole al FMI para repudiar las recetas que recomendaba y los monitoreos periódicos a las políticas públicas. Lo hizo imponiendo una reestructuración sin precedentes, pero que sirvió como antecedente a otros casos. Lo hace denunciando los mecanismos de funcionamiento de la especulación global y a las políticas que lo respaldan. Lo de Griesa no es un hecho aislado. Argentina sacó los pies del plato. Y no se lo perdonan.