“Hay que sacar la droga del negocio: esto va a bajar el nivel de criminalidad”, dijo Hermes Binner, líder del Frente Amplio Progresista (FAP), al pronunciarse a favor del proyecto que, en Uruguay, discute el Poder Legislativo, para que el Estado legalice, produzca y regule la marihuana. “Creo que hay que buscar una fórmula de esa naturaleza”, precisó Binner, y comentó: “El que quiera drogarse, que se drogue, pero que no introduzca a otro” en el consumo. Las definiciones del titular del FAP vuelven a plantear el debate sobre la regulación de sustancias psicoactivas. Hace seis meses se había anunciado un acuerdo entre diputados del Frente para la Victoria (FpV), el FAP y el radicalismo, no para legalizar, pero sí para cambiar la ley que castiga con hasta seis años de cárcel la tenencia para consumo personal. Pero el proyecto quedó trabado. Según sostuvo ayer la diputada Victoria Donda, del FAP, “el Poder Ejecutivo nacional clausuró el debate”; según un vocero de Ricardo Gil Lavedra (UCR), “el oficialismo paró el proyecto”; según Diana Conti (FpV), “no se logró acuerdo en los bloques del FpV y del radicalismo”.

Binner hizo su declaración cuando fue preguntado sobre el proyecto que José Mujica, presidente de Uruguay, envió al Congreso para “la normalización del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean tratados a partir de la aplicación de la ley penal” (ver nota aparte). Al acordar con esa línea, Binner sostuvo que “el que quiera drogarse tiene el derecho a hacerlo, pero que no introduzca en esta distorsión a otro, que es a lo que obliga el sistema de comercialización de estos productos. Al sacar la droga del negocio, va a bajar el delito”. Y comentó que “las políticas que tenemos han sido favorecedoras del narcotráfico: los hechos se multiplicaron y la impunidad con que se manejan es preocupante”.

La bancada del FAP en la Cámara de Diputados se había pronunciado en forma unánime a favor del proyecto de despenalización en el que habían coincidido Donda, Conti y Gil Lavedra. Este texto, anunciado en mayo pasado, despenalizaba “todos los actos derivados del consumo, tanto la tenencia de droga como el cultivo de marihuana y las semillas”. Así liberada de penalización la tenencia para consumo personal, en cada caso el fiscal debería probar que una persona tiene sustancias ilícitas para comercialización. Bajo la legislación actual, la simple tenencia de sustancias ilegales se castiga con uno a seis años de prisión; y el imputado es el que debe demostrar que la tenencia no es para comercialización.

La diputada Donda, comentando las palabras de Binner, señaló que “aprobamos el proyecto de Mujica para Uruguay y, para la Argentina, lo que planteamos es la despenalización del consumo”. La legisladora estimó que “se había avanzado mucho en el debate; en la sociedad están dadas las condiciones para una ley así, y es una lástima que el Poder Ejecutivo haya tomado la decisión de clausurar la discusión en la Cámara. Ellos encabezan la Comisión de Legislación Penal y dejaron de propiciar la discusión del tema”.

También un vocero de Gil Lavedra sostuvo que “el oficialismo detuvo el proyecto. Nuestra posición no cambió, pero el FpV tiene la mayoría en las comisiones, y hubo una bajada de línea desde el Ejecutivo. Primero impulsaron el proyecto, pero vino la orden de arriba y se acabó”. De todos modos, el vocero de Gil Lavedra admitió que “en el radicalismo había diputados que no estaban de acuerdo con el proyecto, especialmente del interior del país”.

Diana Conti admitió que “el tema quedó congelado en el Congreso” y sostuvo que “ni en Diputados ni en Senadores hay mayoría como para hacerlo avanzar. Además, cada vez que se discute el tema, gobernadores e intendentes hacen llegar su opinión en contra de la despenalización, sosteniendo que sería ‘una mala señal’ para los jóvenes”.

En cuanto a que el Poder Ejecutivo haya incidido para frenar el debate, Conti sostuvo que “el Poder Ejecutivo ha designado una comisión para reformar el Código Penal, que abordará también este tema y debería terminar su tarea en marzo”.