Que sucedería era un rumor persistente en los pasillos de los Tribunales tucumanos, pero la confirmación de que el juez Emilio Herrera Molina decidió renunciar a la Justicia sólo llegó ayer al mediodía. Poco antes, los abogados José D’Antona y Carlos Garmendia habían presentado el pedido de juicio político para el tribunal en el que el magistrado y dos colegas sobreseyeron a todos los imputados por el secuestro de Marita Verón. La renuncia, en realidad condicionada al trámite de jubilación que ya inició, exceptúa a Herrera Molina de ser sometido a juicio político. La situación sólo podría cambiar si el gobernador José Alperovich resolviera no aceptar la renuncia, algo de lo cual no hay indicios, según dijeron ayer a este diario fuentes de la gobernación. La renuncia de Herrera Molina “era una consecuencia lógica de lo que venimos planteando desde que escuchamos el veredicto y anunciamos que íbamos por el juicio político”, evaluó el abogado D’Antona en diálogo con Página/12. “Repito lo que dije ese día en conferencia de prensa: si tienen dignidad, estos tres jueces tienen que renunciar. Y si no, se van a escapar por el lado de la jubilación.”

El juez Herrera Molina, de 69 años, presentó la renuncia el miércoles. Como indica el trámite en estos casos, su pedido fue aceptado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Antonio Estofán, quien a su vez lo remitió a la Gobernación. El paso siguiente es que el mandatario provincial dé el visto bueno al alejamiento. Fuentes de la gobernación señalaron a este diario que esta tarde podría haber un anuncio al respecto, porque ayer Alperovich estaba en Buenos Aires, adonde había llegado para una reunión con el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López.

El texto de la renuncia del magistrado no se conoce, pero fuentes judiciales confirmaron a Página/12 que está condicionada al trámite jubilatorio, de modo que se hará efectiva una vez que ese proceso termine. Herrera Molina, que cumplirá 70 años en febrero, lleva cerca de 30 años en el Poder Judicial (ingresó en la Cámara en 1992, pero antes revistó como juez en Concepción y, antes, como fiscal) y padece complicaciones de salud.

No es el único integrante de la Sala II de la Cámara en lo Penal al borde del retiro: también Alberto Piedrabuena, de 61 años, está en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio. Fuentes de tribunales, sin embargo, señalaron que aún nada hace suponer que esté por comenzarlo.

Ayer al mediodía, luego de haber presentado el pedido de jury político al Tribunal (ver aparte), los abogados José D’Antona y Carlos Garmendia se encontraban con Susana Trimarco cuando se enteraron de la novedad. Trimarco, contó el abogado, “dijo que era lo menos que podía hacer, si en definitiva no estuvieron a la altura de las circunstancias”.

Por su parte, D’Antona dijo tener “la convicción personal de que Herrera Molina no sabía de Derecho Penal”. “Pero además creo, y esto es una opinión muy personal, que él sí estaba convencido de hacer un voto en disidencia. No digo que fuera partidario de condenar a los 13 imputados, pero al menos al grupo de los riojanos creo que sí”, agregó D’Antona, que fue querellante en el juicio por Marita Verón, en relación a Irma Medina (“Mamá Lili”), los mellizos Fernando “Chenga” y Gonzalo “Chenguita” Gómez, Azucena Márquez (“doña Claudia”) y Mariana Bustos, entre otros. En el fallo, el propio Tribunal explicó que tenía certidumbre de que ese grupo regenteaba una red y explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos.

Durante el trámite del debate oral, Herrera Molina “podía haber hecho más”, evaluó D’Antona, para quien “renunció el que yo creía que era el mejor juez del tribunal”. Mientras transcurría el juicio, “él fue el más educado con las víctimas”. “Fue el que ha preguntado poco pero haciendo preguntas incisivas, el que más cuidado tuvo con que los abogados defensores no fueran agresivos con las víctimas. Y a la vez era el que más insistía para que a las víctimas las dejaran hablar, porque para el cargo de promoción de la prostitución le parecía relevante.”

“Es una paradoja lo que sucede. Porque el que entendíamos que era el mejor juez fue la mayor desilusión que tuvimos al momento de la sentencia”, dijo D’Antona. “Yo estoy convencido de que él hubiera hecho un voto en disidencia a la hora del fallo, pero es claro que la Sala tenía que dar imagen de Tribunal unánime y sólido. De algún modo, creo que las circunstancias lo llevaron a esto, su actuación a la hora de fallar. Creo que la renuncia fue resultado de esa situación. Claro, es mi opinión personal.”

Herrera Molina era vocal del Tribunal de la Sala II de la Cámara en lo Penal tucumana, que todavía preside Alberto César Piedrabuena, de 61 años, y que también integra Eduardo Romero Lascano. Ninguno de ellos ayer hizo declaraciones sobre el pedido de juicio político.

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