“Destitución e inhabilitación de por vida.” Eso reclama el pedido de juicio político para los jueces que absolvieron a los 13 imputados del caso Marita Verón. Como había adelantado Página/12, ayer la Legislatura tucumana recibió el pedido de jury elaborado por los abogados José D’Antona, Carlos Garmendia y Carlos Varela Alvarez (ausente de la provincia, porque ayer en Buenos Aires se dictaba sentencia en otro juicio que lo tenía como defensor del ex presidente Fernando de la Rúa, ver página 15). En un comunicado, los letrados señalaron a grandes rasgos cuáles son los cargos de que acusan a los magistrados de la Sala II de la Cámara en lo Penal, Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y el renunciado Emilio Herrera Molina.

“Podemos establecer una suerte de inventario de las principales irregularidades que advertimos en el debate oral y público: amenazas a testigos, amenazas a abogados; amenazas a imputados, incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los jueces del tribunal”, detalla el comunicado. “Todo ello dejó al desnudo un debate oral y público parcial, al margen del juicio justo y debido proceso legal.” La acusación apunta contra Piedrabuena, Romero Lascano y Herrera Molina por “haber incurrido en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”.

En diálogo con este diario, el abogado D’Antona señaló que el juicio político podría tener “veredicto en las primeras semanas de mayo”. Porque así lo dispone la ley tucumana, hoy Susana Trimarco debe ratificar la presentación realizada ayer por los abogados; “legalmente hay un plazo de 48 horas para que la comisión intime al denunciante a ratificar, corregir, ampliar la acusación”, explicó D’Antona. Luego transcurrirá la feria judicial de enero, al cabo de la cual, “ya en febrero, se debe correr vista a los acusados para que en 15 días hagan su descargo”. Una vez sucedido eso, se reunirá la comisión para evaluar si hay o no motivos para la acusación; en caso positivo, se procede al jury propiamente dicho, en el cual actúan cinco legisladores, un representante de la Corte Suprema provincial, uno del Poder Ejecutivo y uno del Colegio de Abogados. Al finalizar las evaluaciones de esa comisión, que recibe prueba de la acusación y las defensas, el veredicto decide si procede o no la destitución. Por otra parte, en febrero la querella reclamará, mediante un recurso de casación, por la sentencia del juicio por Marita Verón.