Los habitantes de Independencia 2969 anoche cortaron la avenida en reclamo de una solución.
Imagen: Leandro Teysseire.

“No somos okupas. Pagamos la luz y el agua. Somos gente trabajadora, que queremos un lugar donde vivir y que no nos dejen en la calle, nada más.” Mientras recorre los pasillos del edificio, Beatriz Agüero, referente del centenar de familias que viven en el lugar, explica la situación en la que se encuentran. El lunes pasado recibieron una notificación judicial que ordenaba el desalojo del ex hotel familiar ubicado en avenida Independencia 2969, en el barrio de San Cristóbal. Si bien las familias lograron quedarse en el lugar, les informaron que el desalojo se suspendía por el plazo de diez días. A su vez, rechazaron por insuficiente un subsidio que ofreció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El miércoles y ayer los vecinos que viven en el edificio cortaron parcialmente la avenida Independencia en reclamo de una solución por parte del gobierno porteño. El conflicto, sin embargo, no es reciente. En noviembre de 2008, según relata Agüero, los administradores del hotel dejaron de cobrarles el alquiler y avisaron que los dueños –al que las familias identifican como “los chinos”– pretendían desalojarlos. En ese entonces recibieron el asesoramiento de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) y se presentaron ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Juzgado Civil 32, donde se tramitaba la causa, para pedir que se revocara el desalojo.

Uno de los argumentos que, en ese entonces y también ahora, presentaron es la presencia de chicos y ancianos, y la falta de una solución viable para todos ellos. “Acá hay familias con hijos, personas con discapacidad, abuelos, chicos enfermos o con problemas mentales, y somos toda gente que no tienen otro lugar donde ir. Desde el 2008 hasta ahora lo único que reclamamos es que el Gobierno de la Ciudad nos ofrezca alguna solución habitacional. No queremos el subsidio, que para nosotros es una manera de sacarse el problema de encima”, remarca Agüero.

La referente dice que les ofrecen entre 700 y 1000 pesos, pero los hoteles familiares, a donde podrían llegar a ir en caso de ser desalojados, “no aceptan chicos, no quieren saber nada con las familias numerosas y con hijos”, por lo cual la situación es aún más desesperante.

Adrián, un hombre que vive hace ocho años en el edificio, cuenta que “en los hoteles no te dejan entrar si tenés chicos. Yo tengo cuatro hijos: uno de 2, otro de 3, otro de 6 y otro de 9. Trabajo y no quiero que me den un subsidio; la plata me la gano yo solo. Pero en la calle no nos pueden dejar”.

El lunes último, mientras un funcionario judicial notificaba a las familias del desalojo, se acercaron al lugar empleados del Programa Buenos Aires Presente (BAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social porteño, para censar a las familias y ofrecerles el subsidio. “Nos querían distraer para después poder entrar y sacarnos. Querían pasar para censarnos para el subsidio, pero nosotros estábamos en pleno aguante desde adentro. Después de esa vez, no volvieron más. Estaba claro que sólo querían distraernos”, cuenta Agüero. Finalmente la orden judicial fue suspendida por diez días. En el edificio, una vieja casona de dos pisos, viven familias argentinas, paraguayas, peruanas y ecuatorianas.

Informe: Nicolás Andrada.