Una mujer que vive en un country en las afueras de la ciudad de Córdoba quedó detenida, con prisión domiciliaria, acusada de maltratar a su empleada doméstica y obligarla a firmar una carta documento de renuncia laboral. La fiscalía local le imputó los delitos de “extorsión” y “privación ilegítima de la libertad” contra una ciudadana peruana que hacía dos años que trabajaba en su hogar, con “cama adentro”. Según denunció la empleada, la obligó a desnudarse y la zamarreó, tras acusarla de haber robado 300 pesos en la casa. “Hemos recibido muchos casos de maltrato, especialmente psicológico y a veces, incluso, físico, pero este es el primero que logramos sacar a la luz y llevar a la Justicia”, destacó en diálogo con Página/12 Nélida Sosa, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Córdoba (Sinpecaf).

Teresa Beatriz Nourikhan reside en el barrio privado La Reserva. Fue detenida el jueves de la semana pasada, pero al día siguiente volvió a su hogar para cumplir la prisión de manera domiciliaria, luego de que la Justicia le otorgara el beneficio previsto en la ley a personas que tienen a cargo hijos menores de cinco años. Ayer, el fiscal de instrucción Carlos Matheu imputó al ex esposo de Nourihkan por privación ilegítima de la libertad calificada, en calidad de partícipe. La empleada denunció que fue trasladada en el vehículo conducido por el ex esposo a una oficina de correos, donde su empleadora la obligó a enviar un telegrama de renuncia, bajo la amenaza de que si no accedía no le devolvería su pasaporte.

Sosa contó a Página/12 que el hecho que se le imputa a la empleadora ocurrió el 1º de noviembre de 2012. “Es la primera vez que conseguimos que un abogado quiera trabajar con nosotros en un caso penal. Antes de la reforma de la ley que equiparó nuestros derechos laborales, nadie quería tomar un caso como éste”, señaló la dirigenta gremial. Sosa tiene 45 años y se dedica a “cuidar un niño discapacitado”. Trabaja en casas particulares desde los 17 años.

El caso fue llevado a la Justicia por el abogado Gustavo Núñez, en representación del sindicato. De acuerdo con la investigación judicial, el 1° de noviembre la empleada, de nacionalidad peruana, fue despertada de la siesta por la dueña de casa, quien la acusó de haber robado 300 pesos a su hija. “Le dio vuelta el cuarto, revisándole sus pertenencias, le tiró toda la ropa al piso, le rompió la almohada buscando el dinero, hasta la hizo desnudar delante de los hijos, insultándola todo el tiempo. Le decía sinvergüenza, ratera y también insultos. La llevó luego al cuarto de la hija, de donde supuestamente había desaparecido el dinero, y ahí mismo, en un cajón, aparecieron los billetes frente a los ojos de la mujer y de la empleada. La nena había acusado a la empleada. Entonces, la empleadora la obligó a subir al auto y la llevó a una oficina de correos para que firmara su renuncia. Le pegó chirlos en el hombro, la siguió insultando. Y cuando regresaron a la casa, le dijo que le iba a pagar el sueldo y que hablaría con su abogado”, describió la secretaria general del sindicato. De inmediato, la llevó en el mismo auto hacia el barrio Alberdi, y la dejó en la puerta de su casa y le tiró los bolsos a la vereda.

Estas circunstancias fueron advertidas por vecinos de la empleada, que fueron testigos en la causa. La trabajadora llegó al Sindicato del Personal de Casas de Familia de Córdoba para buscar asesoría. El gremio le asignó un abogado, Gustavo Núñez.

“La gente debe entender que estamos viviendo en el siglo XXI y que la época de la esclavitud ya pasó. Actitudes de éstas son propias de gente intolerante y xenófoba. Tuvo esta actitud con una persona vulnerable, de otro país, que no tiene muchas relaciones en la Argentina”, señaló Núñez.

La dirigente gremial destacó la importancia del caso: “Es un primer paso muy importante para que las trabajadoras escuchen y no tengan miedo. Esperemos que otras trabajadoras se animen a denunciar”, indicó. Sosa dijo que hay otras empleadas domésticas que sufren la misma extorsión, pero que “no se animan a denunciar” los atropellos. “Las trabajadoras no hablan porque están amenazadas con que las van a deportar o las denuncian por robos que no existen”, agregó.

El fiscal decidió acusar por “extorsión” y “privación ilegítima de la libertad calificada”. Los delitos no son excarcelables y tienen penas muy altas. La extorsión de documentos la ejecuta quien con intimidación o violencia obliga a otro a suscribir documentos de obligación o de crédito. Tiene una pena de cinco a diez años. En tanto, la privación ilegítima de libertad agravada por violencia lleva una pena de dos a seis años de prisión.