[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Un informe presentado por trabajadores del área de Niñez a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad indica que los hogares convivenciales de niñas, niños y adolescentes que dependen del gobierno porteño presentan condiciones edilicias violatorias de la ley. De acuerdo con el informe, en esos hogares viven más de 150 chicos.

El documento fue elaborado por la Junta Interna de Desarrollo Social porteño de ATE-CTA junto a los trabajadores de los hogares. El primer punto marcado en el informe tiene que ver con la precariedad edilicia: “En varios de los dispositivos convivenciales, tales como el Hogar Curapaligüe y Eva Duarte, las condiciones de higiene, seguridad y equipamiento violan las disposiciones vigentes”, señala el texto al que accedió Página/12.

Parte de esta infracción tiene que ver con el hacinamiento ya que, según el informe, “la totalidad de hogares dependientes de la Subsecretaría de Promoción Social se encuentran excedidos con respecto al número máximo de convivientes estipulado”. A modo de ejemplo, se detalla que en el Hogar Vallecito (de 0 a 3 años) deberían vivir 13 niños y viven 16, en tanto en el Hogar Curapaligüe (de 3 a 12 años) y en el Hogar del Valle (3 a 12 años) tendría que haber 30 niños (en cada uno) y hay 40. El estado de colapso de los hogares en cuanto a disponibilidad de vacantes genera además casos de desvinculación fraterna indeseable: hermanos que quedan separados en distintos hogares.

Otra falencia es la falta de personal. Donde tendría que haber un operador cada tres niños, hay uno cada cuatro o cinco, según el turno, en el Hogar Vallecito, o donde debería haber uno cada seis, hay uno cada ocho o diez, como ocurre en los hogares Curapaligüe y Del Valle. El informe describe que existe falta de personal en los equipos profesionales. “La Ley 2881 estipula que cada equipo se conforme mínimamente por un licenciado en Trabajo Social, otro en Psicología o Psicopedagogía y un profesional o profesor en el área educativa”. En cambio, “actualmente, ninguno de los equipos profesionales cumple con estas disposiciones”.

El informe cuestiona la política de tercerización de servicios. En efecto, sobre 45 dispositivos de alojamiento, 42 pertenecen a asociaciones civiles o fundaciones conveniadas, y sólo 3 hogares dependen directamente de la Dirección de Niñez. En las estatales, el 95 por ciento del personal de los dispositivos convivenciales es contratado bajo una modalidad precarizada (contrato de locación de servicios o tercerización) “con salarios que no permiten la subsistencia a partir de la dedicación exclusiva”. “Un operador social en un hogar, por una jornada laboral de 7 horas diarias, percibe menos de 4000 pesos mensuales, sin ART, salario familiar ni aguinaldo, mientras que una persona que realiza la misma tarea, pero que pertenece a la planta permanente gana al menos un 30 por ciento más y percibe todos los beneficios”, describe el documento. La situación de precariedad se manifiesta, además, también en el “traslado compulsivo” de los trabajadores.