Los jueces del Tribunal Oral Nº 2 de San Martín dieron a conocer ayer los fundamentos del fallo por el cual quedaron sin sanción alguna los asesinatos de Mauricio Ramos (17) y Franco Raúl Almirón (16), ocurridos el 3 de febrero de 2011 en el barrio La Cárcova, de José León Suárez, luego de una violenta represión policial. Los argumentos por los cuales fue absuelto por el “beneficio de la duda” el sargento de la Policía Bonaerense Gustavo Sebastián Rey (26), acusado por las dos muertes, fueron entregados a las partes y a la prensa por secretaría, sin audiencia oral y pública. En el fallo completo, de más de 200 fojas, al que tuvo acceso Página/12, se dio a conocer además la pena de siete años de cárcel para el segundo policía imputado, el subteniente Gustavo Ezequiel Vega (45), condenado finalmente por homicidio simple en grado de tentativa, por las heridas que le provocó a Joaquín Romero (22), contra quien hizo disparos con su escopeta 12.70, cargada con cartuchos de plomo.

Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como parte querellante junto con Juan Carlos García Dietze, le adelantó a este diario que van a apelar “la absolución de Rey, el rechazo del tribunal a los agravantes que habíamos pedido por la actuación de Vega y también vamos a solicitar que en una segunda causa se juzgue la responsabilidad que les correspondió en el operativo a los tres oficiales que dieron las órdenes”, el comisario Víctor Hugo Uhalde, y los subcomisarios Carlos Amado Silva y Amílcar Esteban Pino.

“En el fallo se admite que los disparos que mataron a los dos chicos fueron hechos por personal policial, pero se dice que los testimonios escuchados en el juicio oral no fueron contundentes a la hora de señalar a un culpable y, por lo tanto, eximen a Rey por el beneficio de la duda, y dejan sin sanción el delito más grave”, explicó Efrón. “Ellos (los jueces) dicen que no hay pruebas suficientes para condenar a Rey, pero nosotros entendemos que las pruebas presentadas son más que suficientes y por eso vamos a insistir (ante la Cámara de Casación Penal) en que debe ser condenado” por doble homicidio agravado por su condición de policía. La fiscalía y la querella habían pedido para Rey la condena de prisión perpetua. En el caso de Vega, condenado a siete años de cárcel, lo que se cuestiona es que “no se tuvieron en cuenta los agravantes que habíamos señalado”. La fiscalía pidió 15 años, y la querella, 17 años de cárcel.

En el fallo del Tribunal Oral Nº 2 de San Martín, se menciona la declaración informativa del policía Ignacio Gastón Azario, quien también participó en el operativo que se hizo el 3 de febrero de 2011, luego del descarrilamiento de un tren frente al barrio La Cárcova y, según justificó la fuerza de seguridad, “para impedir el saqueo” del convoy. Azario declaró que vio a Vega “sacar del bolsillo dos cartuchos rojos de plomo”, colocarse “en posición y disparar a la altura de la cabeza, dos veces”. Precisó que “tampoco fijó la mira, sino que tiró como al montón de gente. No dudó y tampoco hizo ningún comentario. Después de los disparos de Vega, sólo unas piedras más (de parte de los vecinos) y luego, un gran silencio (...) Vega, después de disparar, se va caminando” sin decir una palabra.

Por esa actitud de Vega, que era instructor de tiro y un experto en el manejo de las armas, la querella había señalado que era un caso de homicidio en grado de tentativa, agravado porque “él sabía muy bien que los cartuchos de plomo”, que se abren después del disparo, podrían haber matado o herido a muchas más personas. El policía Azario no fue testigo en el juicio porque hay sospechas de que él también podría haber disparado balas de plomo. En un eventual segundo juicio, podría figurar entre los imputados, de manera que no era conveniente su declaración testimonial, cuando tiene la obligación de decir la verdad, y eso podría autoincriminarlo.

Efrón consideró que los argumentos empleados para condenar a Vega confirman que “las muertes fueron por disparos policiales y por eso nosotros vamos a insistir en la responsabilidad de Rey, porque creemos que hay pruebas suficientes como para determinar que él fue quien hizo los disparos que mataron a Ramos y a Almirón”. Agregó que las explicaciones que dan los jueces “están siendo desmentidas por las pruebas aportadas, por el razonamiento lógico y por el sentido común”.

Los abogados querellantes quieren, en un segundo juicio, analizar la responsabilidad de los tres jefes del operativo: el comisario Uhalde y los subcomisarios Silva y Pino. Al justificar la postura, Efrón le dijo a este diario que “el propio comisario Uhalde confirmó en el juicio que él dio la orden para que uno de sus hombres disparara un cartucho de gas lacrimógeno” sobre un montículo de chatarra donde estaban escondidos, para escapar de las balas, al principio de goma, los fallecidos Ramos y Almirón.

“Cuando ellos salieron corriendo para escapar de los gases, les dispararon por la espalda con balas de plomo y los mataron. Los jefes del operativo son responsables de todo lo que pasó, incluyendo la orden de Uhalde para que dispararan con gas lacrimógeno sobre el lugar donde los chicos estaban protegidos”. El abogado del CELS recordó que en el fallo que van a apelar “los jueces hacen comentarios que dejan fuera de toda responsabilidad a los tres oficiales que dieron las órdenes, cuando el disparo de gas y los disparos mortales son parte de una misma secuencia”.