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La banca de inversión Puente sumó su apoyo al reclamo que lleva adelante la Argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el litigio judicial que enfrente el país contra los fondos buitre. Tal como anticipó Página/12, el banco –única presentación local– elevó ayer un amicus curiae (amigo del juez) para que el máximo tribunal acepte el pedido argentino de dar tratamiento a los fallos de primera y segunda instancia que obligan al país a pagar en efectivo y sin quita los 1330 millones de dólares que reclaman estos fondos especulativos por sus tenencias en bonos defolteados en 2001. “La Corte de los Estados Unidos tiene que comprender que avalar esta demanda es empujar a la Argentina al default”, señaló el presidente de Puente, Federico Tomasevich. Este amicus se suma a los presentados por los gobiernos de Francia, Brasil y México, del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la red Jubilee.

El Gobierno apeló ante la Corte estadounidense las decisiones de primera y segunda instancia de los tribunales de Nueva York que convalidaron el pedido de los fondos buitre. Esta semana venció el plazo para que se presentaran los amicus en apoyo de la Argentina. El documento de Puente sostiene que “las decisiones del Segundo Circuito (Manhattan) tendrán un impacto negativo en la economía argentina, y mucho más allá”. La presentación insta a no crear “nuevas desigualdades con otros tenedores de bonos”, agrega. “El gobierno nacional demostró y sigue demostrando su voluntad de pago de los compromisos asumidos. El reciente acuerdo con Repsol, la normalización de las estadísticas del Indec, las conversaciones que hoy se mantienen con el Club de París y las novedades en el Ciadi son señales claras”, argumentó el titular de la banca.

La diferencia de esta nueva tanda de amicus –es la segunda apelación de la Argentina ante la Corte– radica en que, por primera vez, se invita al tribunal supremo a referir el tema del pari passu (igualdad en el tratamiento entre acreedores), que los buitres utilizaron para sostener la demanda al ponerse en pie de igualdad con los bonistas que aceptaron el canje. En este sentido, se sumaron las posiciones de Brasil, Francia y México. El amicus del gobierno de Dilma Rousseff sostiene que el fallo de la Cámara “ofende la soberanía y la dignidad de Brasil y de otros Estados con los que se mantiene relaciones exteriores”.

México destaca que una medida cautelar no puede sortear las limitaciones de la Ley de Inmunidad de Estados Soberanos estadounidense. “Los requerimientos judiciales violan esos principios fundamentales de la normativa”, sostiene el amicus. También alerta sobre las amenazas a futuras reestructuraciones de deudas soberanas. Francia había planteado que la decisión de los tribunales de Nueva York “evitaría a los países deudores la emisión de nueva deuda, si un reducido número de acreedores se niega a participar en la reestructuración”. Por último, un grupo de 78 organizaciones se unió a la red Jubilee USA Network, una coalición que se define como “religiosa” y comprometida con “el combate contra la pobreza”, como amicus curiae.