Organizaciones de pueblos originarios elaboraron una herramienta jurídica que reglamenta la consulta sobre la tierra que habitan para ser informados previamente a cualquier acción que se pretenda realizar sobre ella y den o no su consentimiento. El Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Originarios fue presentado ayer en el Congreso, con la intención de que sea convertido en ley. Luego organizaron un acto en el que participaron 300 autoridades de comunidades indígenas llegados desde distintas provincias, legisladores y funcionarios del Ministerio de Agricultura.

“Somos los responsables de defender y hablar por lo que Occidente llama recursos naturales, que consideramos tienen carácter sagrado y son parte de nuestra identidad”, afirmó Silvia Claleo, lonco de la Organización Territorial de la Confederación Mapuche de Neuquén. Más tarde, se realizó un festival en la Plaza del Congreso en reclamo de justicia por el asesinato de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad indígena de Chuschagasta de la nación diaguita en Tucumán, muerto al defender la tierra de sus antepasados (ver aparte).

El Protocolo de Consulta es el resultado del trabajo colectivo, durante casi tres años, en asambleas territoriales, reuniones y encuentros de las 45 organizaciones que nuclean 27 pueblos preexistentes y más de 1500 comunidades que habitan 20 provincias de nuestro país, nucleadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo). “Pedimos que se reconozca a nuestras autoridades para que en el ejercicio se conforme un Estado pluricultural”, señaló Clara Philtano, de la organización Ocastafe de Santa Fe. “Queremos el reconocimiento a través de la consulta sobre lo que nos pertenece, ya que la tierra es nuestro proyecto de vida”, subrayó Philtano.

De acuerdo con lo expuesto por Sofía Bordenave, abogada y parte del equipo intercultural de Enotpo, el documento “se basa en la legislación vigente, tanto en el artículo 75 de la Constitución nacional como el Convenio internacional 169 de la OIT, al que nuestro país está suscripto”.

En ese sentido, Nina Jaramiyo –de la comunidad colla y a cargo de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– señaló que “el derecho a la consulta es un derecho del que gozamos los pueblos originarios, que puede y debe ser ejercido sin necesidad de esperar reglamentación o acto administrativo alguno”. El protocolo contempla una etapa preliminar en que se identifique la posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos originarios, además de las organizaciones territoriales afectadas y la elaboración de un plan de consulta. Sigue una segunda etapa de diálogo intercultural, entre los promotores del proyecto y las autoridades originarias. Luego, un momento de evaluación interna de las comunidades, una etapa de decisión y finaliza con un monitoreo del objeto de consulta.

Las organizaciones territoriales del Enotpo plantean que esta herramienta es un insumo fundamental para la sanción de una ley de Consulta y Participación a Pueblos Originarios. “Es una propuesta hacia la pluralidad jurídica real, que nos permita el buen vivir entre culturas y cosmovisiones diferentes”, aseguró Jaramiyo.

Otro de los oradores, Miguel Gil, delegado de la organización territorial Huarpe Pinkanta en San Luis, Mendoza y San Juan, pidió que no quede como “una letra muerta u olvidado en el cajón de un legislador”. Advirtió también que “necesitamos que se institucionalice el Protocolo para volver a tener libertad, poder cuidar nuestro monte, nuestra agua, nuestra salud. No podemos seguir sufriendo desalojos de gente que no pide permiso y hasta asesina a nuestros hermanos”.

“La experiencia jurídico-indígena en Argentina se basa en la lucha y resistencia. Un ejemplo de ello –relató uno de los participantes del encuentro– es la propiedad comunitaria, ya que sus alcances y delimitación fueron establecidos por los pueblos en el ejercicio mismo, en la defensa de sus territorios, movilizaciones, recuperaciones territoriales, cortes de rutas, frenos a desmontes y desalojos. Esas acciones posibilitaron posteriormente la sanción de leyes para su protección.”

Informe: Laura Guarinoni.