La estrategia del oficialismo fue tomar la iniciativa y dejar en claro que no habilitaría los siete proyectos de pedido de juicio político al vicepresidente Amado Boudou. Por eso abrió la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con un informe de su presidenta, la kirchnerista Adela Segarra, en el que “de acuerdo con los principios fundamentales del sistema republicano de Gobierno y a los principios y garantías expresados en la Constitución nacional” recomendó “rechazar in límine” los pedidos de todo el arco opositor, que “se basan en supuestos hechos y actos que aún tramitan en sede judicial y que a la fecha se encuentran siendo investigados e indefinidos”. La propuesta fue respaldada por los 17 diputados oficialistas que integran la comisión de 31 miembros y les cerró el paso a los pedidos de enjuiciamiento. Desde las distintas bancadas de la oposición insistieron en juzgar el “mal desempeño” político del vice, al margen del proceso judicial que se lleva adelante, aunque sus argumentos se fundamentan en los datos surgidos de la causa en la que el juez federal Ariel Lijo decidió procesar a Boudou.

Veinte minutos después de la hora fijada arrancó la reunión y el kirchnerismo mostró sus cartas. Segarra leyó las cuatro carillas a las que quedó reducido su informe tras la última revisión, poco antes del encuentro. Allí sostuvo que “avanzar en cualquiera de ellos resulta a todas luces violatorio del principio de división de poderes, al intentar utilizar un instrumento excepcional, con claras y precisas reglas, para entrometerse en una decisión pendiente de otro poder y cuya única finalidad sería la de instalar una presión al magistrado, lesionando su independencia e imparcialidad”. Luego dijo que “entiende de gravedad institucional este intento corporativo de desestabilización política”, por lo que propuso rechazar in límine los pedidos opositores de iniciar un juicio político a Boudou.

Ya habían comenzado las exposiciones de la oposición, cuando la oficialista Diana Conti propuso votar “a mano alzada por el rechazo de todos los proyectos de la oposición dirigida por (Héctor, el CEO de Clarín) Magnetto”. Los 17 votos del oficialismo les cerraron el paso a los proyectos opositores para enjuiciar a Boudou. Con la definición anticipada, la discusión se transformó en una cuasi reunión de consorcio, en el que abundaron interrupciones, chicanas y acusaciones cruzadas.

Laura Alonso y Elisa Carrió se disputaron el uso de la palabra. La macrista ganó la pulseada para quejarse del lugar “infrahumano” que el oficialismo eligió para el encuentro. A su turno, Carrió aprovechó para disentir con su ex compañero de fórmula presidencial Adrián Pérez, ahora enrolado con el massismo, dijo que recurriría a la OEA, amenazó a los diputados oficialistas con “denunciarlos por encubriendo de los delitos de Boudou” y les aseguró que “van a necesitar abogados”. “Yo los defiendo gratis”, replicó Conti. La chaqueña se retiró sin escuchar a nadie más.

Oscar “Cachi” Martínez intentó plasmar la posición del massismo, pero no le fue bien. Desde el kirchnerismo le recordaron que llegó al Parlamento en la boleta de Cristina y Boudou. “Te conocemos, Cachi”, “devolvé la banca”, le gritaron. Darío Giustozzi, jefe de la bancada del FR, anunció más tarde la decisión de su bloque de “retirarse de la reunión”.

Margarita Stolbizer (FA-Unen) afirmó que quizá “muchas de las casualidades que esgrime Boudou no constituyan delito”, pero “representan una inconducta moral” que amerita su juicio político. En el mismo sentido se pronunció la macrista Patricia Bullrich: “No queremos juzgar una conducta delictual sino su conducta antiética”. Claudio Lozano insistió que el caso Ciccone era “la menor” de las responsabilidades de Boudou.

El kirchnerismo retomó la palabra sobre el final. Juan Cabandié le respondió al macrismo, recordando que como legislador porteño vivió cómo el PRO usó su mayoría en la Legislatura para bloquear todos los planteos tras su procesamiento por las escuchas ilegales. “Todos los miembros de la oposición a Macri –recordó– votamos en contra de ese proyecto de juicio político porque entendíamos que había un camino judicial, que era la investigación judicial y que un juicio político en la ciudad de Buenos Aires iba a interferir en la decisión del juez.”

Andrés “Cuervo” Larroque le reclamó a la oposición que proponga una agenda política y no siga “la agenda de Magnetto”, que busca “un golpe institucional”. “Es su jefe”, les espetó y agregó que “lo que vemos hoy es una ausencia total de agenda política de la oposición, ésa es la mayor gravedad institucional de la Argentina”.

“Si este dictamen no les gusta, están atentando contra la democracia”, soltó Marcos Cleri. Conti insistió en la “doble vara” opositora y de “los medios hegemónicos” con respecto a casos de procesamiento como el de Macri, el radical Oscar Aguad (por el mal manejo de fondos durante la intervención a Corrientes) y el macrista y ex cavallista Federico Sturzenegger (Megacanje). La reunión terminó, pero no las chicanas de uno y otro lado, que se sucedían en la retirada.