“Evidentemente se confirma lo que he venido sosteniendo hace tiempo: el señor juez no quiso escucharme. Este magistrado jamás quiso que se conociera la realidad de los hechos.” Con frases como éstas, el vicepresidente Amado Boudou pidió que se suspendiera la ampliación de su indagatoria prevista para hoy: “No callaré cuanto tenga que decir, lo haré en las instancias que entiendo que corresponden y que garanticen mis derechos y la legalidad del proceso”, redondeó el vicepresidente. La defensa de Boudou, así como las otras defensas, terminarán de notificarse hoy de los procesamientos dictados por Ariel Lijo y tendrán hasta el próximo jueves para presentar la apelación ante la Cámara Federal, que es la otra instancia a la que se refiere Boudou en su escrito.

Como ya había adelantado este diario, estaba cantado que el vicepresidente no concurriría hoy a los tribunales de Comodoro Py. Es que Boudou había pedido la ampliación de la indagatoria antes de que el juez dictara el procesamiento. Por lo tanto, los argumentos que pudiera exponer ya no sirven para cambiar la opinión del juez y la lógica indica que serán expuestos en la apelación ante la Cámara. La defensa, integrada por Diego Pirota, Eduardo Durañona y Débora Lichtman, ya está trabajando en ese escrito. También Maximiliano Rusconi, abogado de Nicolás Ci-ccone, y Germán Soria, defensor de Alejandro Vandenbroele, preparan las respectivas apelaciones, aunque Rusconi adelantó que, además, volverá a hacer hincapié en las nulidades que presentó esta semana. Rusconi apunta a una de las cuestiones más ríspidas del expediente: Lijo tenía a los Ciccone –Nicolás y su yerno, Guillermo Reinwick– como imputados, sorpresivamente los pasó a testigos, es decir que les tomó declaración bajo juramento, luego los aceptó como querellantes, o sea como víctimas, después revocó el carácter de querellantes y ahora terminó acusándolos de cohecho, o sea como los principales autores del delito. Todo esto ocurrió en contra de la opinión del fiscal Jorge Di Lello y también de los abogados de las otras partes. Tanto la defensa de Boudou como la de Nicolás Ciccone coinciden en un punto: sin el relato del fundador de la empresa, Lijo no tenía un hilo conductor de su hipótesis y por lo tanto ambas partes aseguran que el juez usó las declaraciones de los Ciccone como testigos –bajo juramento– para armar la acusación posterior.

En las cinco páginas del escrito presentado ayer, Boudou hace un relato de los obstáculos que –según cree– le puso el juez a lo largo del proceso. Menciona que el fiscal Di Lello pidió que se lo llamara a indagatoria el 6 de febrero y que él concurrió el mismo día, personalmente, a decirle al juez que estaba listo para declarar. Sin embargo, el magistrado no aceptó su declaración. Boudou llama la atención sobre el hecho de que sorpresivamente Lijo lo convocó a indagatoria el 29 de mayo –tres meses después del pedido del fiscal–, haciendo el anuncio a la medianoche, justo cuando ese mismo día el Gobierno “lograra encauzar de forma exitosa la deuda de nuestro país con el Club de París, lo que pretendió ser eclipsado por los diarios Clarín y La Nación con una noticia salida de ese juzgado”, afirma Boudou en su escrito. En la secuencia que relata el vicepresidente, también remarca que aquel 29 de mayo recién lo citó, sin ningún apuro, para el 18 de julio, cuando se sabía que la Presidenta estaría en la reunión con los Brics y Boudou, ejerciendo la presidencia. Ante su insistencia –dice el vicepresidente– finalmente la indagatoria se hizo el 9 de junio y, en ese mismo acto, Boudou recuerda que le anunció al juez que quería ampliar la indagatoria. El vicepresidente considera que, justamente, Lijo dictó el procesamiento –otra vez un viernes a las 23 horas– para evitar esta ampliación de la indagatoria. “El señor juez nunca tuvo interés en escucharme ni en que la ciudadanía lo hiciera. Lo manifesté en todas las oportunidades que tuve: el magistrado tenía resuelto el procesamiento y mi citación sólo era una cuestión de formas.”

El siguiente paso de la causa es la apelación y las nulidades presentadas por las partes. La Cámara Federal ya le había dicho al juez que pusiera el acento en investigar de dónde salió el dinero del rescate de Ciccone. El magistrado sostuvo en su resolución que eso no era necesario para determinar el delito de cohecho, configurado –según Lijo– en el hecho de que los Ciccone le dieron el 70 por ciento de las acciones de la empresa a Boudou como coima a cambio de rescatarla. Habrá que ver si la Cámara acepta el procesamiento con ese encuadre y sin que se hubiera profundizado en lo que los camaristas insistían: la ruta del dinero.

El origen de los fondos para el salvataje de la imprenta parece clave. Lijo afirma que Boudou y sus amigos pusieron el dinero y se quedaron con la empresa. Boudou sostiene que el salvataje lo hizo la propia familia Ciccone, con fondos del financista Raúl Moneta y el banquero Jorge Brito.