Pasaron un año y cuatro meses de la represión policial por la Sala Alberdi. Para Germán de los Santos y Esteban Ruffa, el 13 de marzo de 2013 no fue un día más. Pasada la medianoche, durante el intento de desalojo del acampe en el Centro Cultural San Martín, que reclamaba que no se cerrara el espacio cultural, fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana, encargada del operativo, mientras cubrían el conflicto para la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Ambos se constituyeron como querellantes y en la actualidad la causa tiene como imputados a tres efectivos de la Metropolitana y a dos de la Federal, identificados como responsables por filmaciones y fotos de aquel momento. Mañana será otra fecha importante para ellos cuando se presenten a las 12 a una audiencia en la Sala V de la Cámara Criminal para apelar la decisión de la jueza Wilma López de remitir el caso a un Juzgado de Menores, al vincular el accionar policial con otra denuncia en la que se acusa a cuatro manifestantes, entre ellos un adolescente, de delitos de daños, atentado a la autoridad y lesiones esa misma noche.

En diálogo con Página/12, los dos periodistas y María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que los representa, coinciden en que la jueza intenta justificar la represión como legítima defensa. “Señala que, en la causa del Juzgado de Menores, Nelson Maximiliano Acosta, individualizado como uno de los metropolitanos que probablemente apretó el gatillo con balas de plomo, dijo que recibió un golpe en una mano con una piedra. Entonces saca de la galera un argumento bastante retorcido y concluye que se trata de un mismo hecho histórico, con los mismos protagonistas, que se debe investigar de conjunto y que no se puede obviar la posibilidad de que exista una causal de justificación. O sea, que si al pobre tipo le pegaron un piedrazo, tuvo que disparar para defenderse. Lo absurdo es que estos arrestos sucedieron mucho antes y en lugares separados entre tres y cinco cuadras del lugar donde De los Santos y Ruffa fueron heridos. Queda como si hubiesen estado en el momento de la agresión”, explica Verdú.

Entre la noche del 12 de marzo y la madrugada del 13, la Metropolitana arremetió contra artistas, docentes y alumnos de la sala con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y postas de goma. La violencia se extendió varias cuadras alrededor del San Martín. En Corrientes, entre Montevideo y Paraná, De los Santos, Ruffa y Mario Fumaroni, integrante de una biblioteca popular que se había sumado al reclamo, fueron atacados con balas de plomo de escopetas Mossberg calibre 12/70 por uno de dos grupos de efectivos que avanzaban por la avenida.

La causa se abrió de oficio y se imputó a tres policías metropolitanos por homicidio calificado en grado de tentativa: los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma y el oficial Acosta. También fueron acusados dos miembros de la Federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión funcional: el comisario de la seccional 3ª, Pedro Carnero, y el comisario inspector Guillermo Calviño, a cargo de la Dirección General de Operaciones. “Tanto nosotros como la fiscalía imputamos a ambas policías. Hay un pequeño matiz en el caso de los federales. Nosotros los señalamos como partícipes necesarios. Sin la cobertura de la Federal, que formó un anillo de contención para dificultar el acceso de la gente al acampe, la Metropolitana no hubiese podido hacer lo que hizo”, señala la abogada.

Verdú cuenta que “se logró identificar a los policías fundamentalmente a partir del material audiovisual obtenido por los querellantes y por otras cámaras recolectados por la RNMA. Ledesma y Pereira de la Rosa eran los jefes de los grupos. En el de Ledesma estaba Acosta y de ahí aparentemente salieron los disparos. El único proyectil que tenemos disponible como querella está incrustado en la tibia izquierda de Esteban. No sabemos si es el mismo que hirió a Germán”. En YouTube, un video de la RNMA reconstruye la escena de los disparos con cuatro filmaciones desde distintos puntos de vista, donde se ve a Esteban en el momento exacto en que es herido y a Germán rengueando por el mismo lugar cinco segundos después.

“Yo hacía fotos a 40 metros del grupo donde, creemos, sale el disparo. Nunca pensé que iban a tirar plomo, menos en pleno Corrientes, que no estaba despejada; había gente caminando”, relata Esteban. “Era una cuadra y media llena de policías, que formaban grupos de cinco y después se reagrupaban. Disparaban a mansalva. Fue una represión salvaje.”

Germán, herido en su muslo izquierdo, detalla que “se llevaron todos los juguetes, iban con la idea de reprimir. Había armas nuevas como un paint ball que dispara bolitas de pimienta y, cuando te pega, te inflama la piel. Eso lo usaron un montón, era como estar en un videojuego, era jugar para ellos. Por eso no sólo no aceptamos el fundamento de legítima defensa, sino que también queremos que se aparte a la jueza, porque obviamente prejuzga a favor de los imputados”.

En el marco de la audiencia, como apoyo a los periodistas, mañana desde las 10.30 se realizarán distintas actividades artístico-culturales frente al juzgado, en Viamonte 1147. Germán asegura que “no se trata de un hecho aislado. En el Borda, el Indoamericano y el Parque Centenario pasó lo mismo. Forma parte de una política represiva y de privatización de espacios culturales del gobierno de Macri. Queremos defender los espacios culturales independientes y también a los comunicadores populares, que somos un blanco fácil”.

Informe: Gonzalo Olaberría.