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Santiago del Estero comenzó la purga sobre la policía. Bajo las presiones de Nación, los Juárez investigan las denuncias por torturas contenidas en el informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El juez santiagueño René Achaval abrió un expediente para determinar los apremios ilegales contra un niño de 12 años del barrio Pacará, uno de los casos denunciados el viernes pasado por el secretario de Justicia, Pablo Lanusse. En medio de esa investigación, anoche seis policías quedaron detenidos.
Entre los policías sospechados por las torturas contra Juanjo, tal el nombre del chico, se encuentra Oscar Castillo, un efectivo de la División de Bicipolicías de Santiago. Recién ayer y después de cuatro días de la difusión pública del caso, el magistrado y un perito forense se reunieron con el chico para constatar la existencia de los rastros de los tormentos sobre su cara y cadera izquierda. El informe del médico de la policía que preexistió a la inspección de ayer había sido otro de los objetos cuestionados por los funcionarios de Nación durante su paso por Santiago. En el parte original decía que Juanjo “no presenta lesiones”.
Castillo, el policía involucrado, declaró ante el juez sobre este caso. En la indagatoria aseguró que nunca golpeó al chico y que la herida, aclaró, fue efecto de la caída desde un camión en marcha en una zona habitual de piratas del asfalto. En las próximas horas, el juez le tomará declaraciones al resto de los policías detenidos e imputados por “apremios ilegales y lesiones”.
Durante el día de ayer, el gobierno nacional continuaba analizando la opción de la intervención judicial en la provincia mientras que la Cámara de Diputados apuraba un tratamiento sobre tablas para la próxima semana o la siguiente, para discutir los proyectos de ley que están dando vueltas en el Congreso.