Un fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos de dos funcionarios porteños por el caso Beara, el boliche de Palermo que se derrumbó el 10 de septiembre de 2010, provocando la muerte de dos chicas, de 20 y 21 años. Uno de los funcionarios referidos es nada menos que Martín Farrell, quien fue sostenido por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, como candidato a juez del fuero Contencioso Administrativo de la CABA hasta último momento, junio de 2014, cuando finalmente decidió bajarle el pulgar. En 2010, Farrell había sido imputado por el fiscal Andrés Madrea de haber “arreglado” con los dueños de Beara para habilitar el lugar en el que luego fallecieron las dos jóvenes, Ariana Lizarraga y Paula Provedo. El otro funcionario es Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales. Además, los jueces confirmaron los procesamientos por recibir coimas y agregaron la imputación por homicidio culposo agravado a cinco funcionarios y gestores, a cinco socios de la empresa dueña del local y al maestro mayor de obras que intervino en las refacciones. Por otro lado, revocó el procesamiento de una funcionaria y rechazó el sobreseimiento de los socios en el delito de coimas a los federales.

El fallo, al que tuvo acceso Página/12, con fecha del martes 30 de diciembre pasado, lleva la firma de los camaristas Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Cicciaro, y responde a los pedidos de nulidades presentados por las defensas y las apelaciones presentadas por fiscalía y querellantes, tras los sobreseimientos ordenados por la jueza Alicia Iermini, a principios de junio de 2014.

Luego de hacer un análisis de las pruebas presentadas, entre las que figuran escuchas telefónicas judiciales, archivos informáticos secuestrados en los que los socios hablan de “cometa”, “coimas” y “obtener la habilitación”, los jueces sostienes que “por las propias condiciones de Farrell y Saikauskas, quienes se desempeñaron como directores, respectivamente, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y de la Dirección de Habilitaciones Especiales, guardaban un deber de control sobre la materia delegada”. Agregan además que “(...) no convence en la instancia la explicación de Martín Farrell referida a la imposibilidad de denegar la habilitación cuando los administrados habían cumplido los requisitos formales (...)”, poniendo como ejemplo que el propio Farrell había rechazado la solicitud de habilitación del local Caramel, de la misma sociedad El Viejo Sabio, dueña de Beara, por los mismos motivos por los que aducía no poderlo rechazar en el primer caso.

Para el caso de Farrell, el tribunal concluye en que “Farrell contaba con la potestad de denegar la habilitación, al menos si se atiende a los propios rubros incluidos en la habilitación otorgada”.

Farrell fue propuesto y sostenido con insistencia por Macri como candidato a ocupar el cargo de juez en lo Contencioso Administrativo y elevó sus pliegos en 2014, pese a que las sospechas y procesamientos por cohecho y corrupción lo envolvían desde al menos 2010, luego del derrumbe en Beara. De hecho, los pliegos de Farrell fueron enviados a la Legislatura porteña por el Ejecutivo porteño y sostenidos luego del provisorio sobreseimiento que dictaminó la jueza Iermini, a principios de junio de 2014, pocos días antes de que se debatiera en la Legislatura por el cargo a ocupar. El fuero Contencioso Administrativo es clave para las acciones de gobierno, porque es el que investiga las denuncias contra la administración pública. Curiosamente, para ese cargo Macri elevó los pliegos de un funcionario acusado de corrupción. Finalmente, la totalidad de los integrantes de la Junta Etica y de la Comisión de Justicia de la Legislatura votaron el rechazo del pliego de Farrell luego de analizar las 14 impugnaciones recibidas.

El fallo de los camaristas, además, agregó el rechazo a los sobreseimientos ordenados por Iermini en los casos de Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria y Juan Carlos María Yun (socios de Beara), acusados de pagar coimas para acceder a la habilitación; a Iván y Ronaldo Fliess, también socios de la empresa; al maestro mayor de obras contratado por la sociedad anónima El Viejo Sabio, Gustavo Amarú. También confirmó los procesamientos de los funcionarios municipales Norberto Casano (jefe del Departamento de Esparcimiento), Carlos Mustapich (inspector) e Isaac Rasdolsky (arquitecto de Habilitaciones) y a los gestores Matías Pantarotto y Leandro Camani, a quienes además agregó la imputación por homicidio culposo agravado.

Por su lado, dispuso el sobreseimiento de la directora Vanesa Berkowski, titular de la Dirección General de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño.

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