La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, revocó ayer una medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ordenaba el desalojo de la comunidad mapuche Las Huaytekas de una parcela en los parajes Los Repollos y El Foyel, en Bariloche. El impulsor del desalojo, José Luis Martínez Pérez, compró en el año 2000 la parcela a la Empresa Forestal Rionegrina. En ese momento, la comunidad y el “Lof Palma” (término mapuche para designar a un clan que agrupa a varias familias con un ancestro en común) ejercían la posesión comunitaria de las tierras. En 2010, en el marco de un “Trawun” (encuentro comunitario) la comunidad decidió que el Lof, además de realizar las prácticas tradicionales, moraría la parcela, por lo que Martínez Pérez planteó una denuncia penal e inició un interdicto para recobrar la posesión. En base a la ley 26.160, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, Gils Carbó señaló que la comunidad y el Lof Palma no ocuparon las tierras, sino que ejercían desde antaño la posesión, pues el uso y la ocupación territorial indígena “se utilizan para prácticas de recolección y pastoreo y otros fines”.