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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer un documento dirigido a los legisladores con los fundamentos jurídicos, desde una perspectiva de derechos humanos, que obligan a la Argentina a avanzar con la despenalización y legalización del aborto temprano. “Este material da contraargumentos para transformar la decisión de una mujer de abortar en un derecho”, destacó Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, durante un desayuno con periodistas. El cuadernillo, que será distribuido en los distintos bloques del Congreso –y fue elaborado por un equipo de abogadas especializadas–, busca contribuir con “información precisa y de calidad” al debate parlamentario del tema. El supuesto estatus jurídico de persona del embrión y el presunto carácter absoluto del derecho a la vida son algunos de los argumentos de sectores conservadores que se encargan de desbaratar el cuadernillo, al que se puede acceder desde la página web de la entidad. Además, se enumeran diez razones “para despenalizar y legalizar el aborto temprano” (ver aparte).

El trabajo Aportes del CELS a los Debates Legislativos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos explica con lenguaje muy llano los distintos pronunciamientos sobre el tema de organismos internacionales, jurisprudencia internacional, tratados de derechos humanos y el alcance del fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación sobre los abortos no punibles, del 13 de marzo de 2012. “En los debates legislativos algunos sectores conservadores hacen un uso espurio de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional en vigencia, en ocasiones desacreditando su valor vinculante. Esto lleva a confusión a legisladores, funcionarios públicos y a la ciudadanía en general”, señaló Lourdes Bascary, coordinadora del Area de Derechos Humanos del CELS, durante la presentación del material, en la que también participaron la abogada Felicitas Rossi, miembro de la Comisión Directiva del CELS, y la periodista Mariana Carbajal. “Del análisis del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho constitucional argentino y el derecho comparado surge que hay un imperativo para el Estado argentino de despenalizar el aborto temprano”, señaló Carbajal. “El aborto es una cuestión de derechos y el Estado debe garantizarlo”, apuntó Chillier.

Se trata del primer documento del CELS sobre derechos sexuales y reproductivos dirigido a legisladores. “Apuntamos a reafirmar que esta agenda de derechos sexuales y reproductivos es parte de la agenda de los derechos humanos y que el problema del aborto no se trata de un tema marginal”, agregó Bascary.

Marta Alanís, directora de Católicas por el Derechos a Decidir, una de las organizaciones que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó el compromiso del CELS con la temática y consideró que “este material tiene que servir para instalar el problema del aborto en la campaña electoral”. “Uno de nuestros sueños cuando comenzamos a trabajar en este tema hace veinte años era que las organizaciones de derechos humanos se sumaran a nuestra lucha. Por eso celebramos muy especialmente no sólo este material, sino también el compromiso del CELS con el tema”, dijo Alanís, invitada a la presentación del cuadernillo.

A lo largo del documento, el CELS rebate los argumentos que sostienen que el Estado argentino tiene el deber de reconocer la existencia de un derecho absoluto a la vida desde la concepción, subraya que la cuestión del inicio de la vida humana es uno de los interrogantes más complejos sobre los que aún no existe consenso en ningún campo y disciplina y precisa lo que dijo al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como “Artavia Murillo”, en 2012. También abunda sobre el estatus jurídico del embrión y el valor de la vida y sostiene que “no puede ser entendido como persona a los efectos de la protección del derecho a la vida”. Y, además, enumera los derechos humanos de las mujeres que son vulnerados con la criminalización del aborto y que han sido señalados en informes y pronunciamientos de organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.