Cuándo se perdió y cómo se reconstruyó el expediente de habilitación del depósito de Iron Mountain en Barracas, donde fallecieron diez personas tras un incendio en 2014, y por qué no se clausuró el lugar a pesar de que no contaba con plan de evacuación aprobado fueron algunas de las preguntas clave que el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) debía contestar ayer en la Legislatura porteña. Durante una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan José Gómez Centurión, titular de la AGC, comenzó su ponencia afirmando que la “habilitación del depósito de la calle Azara se realizó en 2007, antes de las elecciones y en tiempo record”. Su segundo argumento fue que “el peritaje de la Policía Federal concluyó que el incendio fue intencional y no por fallas de control”. Antes de su exposición, seis legisladores de diferentes bancadas habían interrogado al funcionario buscando repuestas por el extravío del expediente de habilitación que fue informado por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se lo requirió la Justicia. “Las respuestas fueron evasivas, autorreferenciales, evocando en qué momento pasó para desvincularse en lo personal pero sin aceptar las responsabilidades del Estado”, sostuvo el legislador porteño Gabriel Fucks (FpV). “Le pregunté tres veces, y otras tantas otros diputados, acerca de qué hizo la Agencia en relación con los informes de Defensa Civil en los que no aprobaba el plan de evacuación del depósito y no respondió nada, tampoco explicó cómo se reconstruyó el expediente, sólo dijo que dio la orden”, añadió.