Cuatro personas murieron y una quinta se encuentra internada en grave estado tras incendiarse ayer a la madrugada un geriátrico privado del barrio porteño de Belgrano, donde treinta adultos mayores estaban al cuidado de una única enfermera, pese a que “los estándares internacionales indican un personal de asistencia directa cada ocho residentes cuando hay adultos mayores semipostrados o postrados”, según denunció el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino.

El siniestro tuvo como escenario el geriátrico San Marcos, ubicado en Echeverría 3434. Fuentes cercanas a la investigación señalaron a este diario que, según los primeros indicios, poco después de la medianoche se inició el incendio de algunas prendas que estaban secándose sobre una estufa en una de las habitaciones del tercer piso.

El fuego desatado no llegó a los otros pisos pero tuvo como consecuencia una gran proyección de llamas que alcanzaron a uno de los residentes y una gran cantidad de humo que puso en riesgo la salud del resto.

En el lugar de los hechos, el director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó el fallecimiento de cuatro personas –el que resultó alcanzado por las llamas y las otras tres por paros cardiorrespiratorios mientras eran trasladadas a los hospitales– e informó que hay una quinta persona en “estado grave, con asistencia respiratoria mecánica” internada desde ayer en el Hospital Fernández.

Según contaron fuentes cercanas a la investigación a Página/12, todavía se desconocen las identidades de los cuatro fallecidos. Además, 20 adultos mayores debieron ser trasladados a los hospitales Zubizarreta, Tornú, Fernández y Rivadavia, mientras otros nueve tuvieron que ser asistidos en el lugar por principio de asfixia.

El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, consideró “inaceptable” que una sola persona esté a cargo de 30 residentes y advirtió que “los estándares internacionales indican un personal de sentencia directa cada ocho residentes”.

“Las leyes 661 y 1003, que rigen la habilitación en geriatría, establecen, conforme a la cantidad de pacientes, mínimos de personal en distintos rubros, desde los médico-sanitarios hasta la contención con auxiliares de acompañamiento geriátrico”, aseguró Semino.

El auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, coincidió con estos dichos y añadió que “el Ejecutivo no cumplió en su totalidad con la reglamentación de la ley 2935 del año 2008. El artículo 4 establece que debería reglamentarse la carga mínima de personal y la modalidad de guardia en relación con el mínimo de camas ocupadas. Lamentablemente, cuando el Gobierno de la Ciudad no veta, es porque no reglamenta”, concluyó.

Semino agregó que esta irregularidad es “recurrente” en los geriátricos de la Ciudad, ya que “se clandestinizaron” a partir de la ley que, en 2003, creó el Registro Unico y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores, en el cual no figura el establecimiento siniestrado.

En este registro (el de 2010, el último publicado por el gobierno porteño), el dueño del lugar siniestrado, Américo Eusebio Guaraglia, aparece sólo como propietario del Establecimiento Geriátrico San Marcos, ubicado en Teodoro García 3054. Sin embargo, es también el propietario del lugar siniestrado ayer y versiones indicaban también ayer que podría estar a la cabeza de un tercer establecimiento.

Pedro García, representante de Guaraglia, aseguró que “la mayoría” de los adultos mayores que fueron afectados en un principio por el humo del siniestro y luego dados de alta en los distintos centros de salud, “fueron derivados con los familiares y el resto a otros geriátricos de Colegiales y Mataderos”. El hombre aseguró que el dueño del lugar estuvo allí “durante todo el tiempo” del siniestro y que contactaron a los familiares.

Por su parte, el juez de instrucción Diego Slupsky y la fiscal Paula Asaro ordenaron diversas medidas preliminares en el marco de la investigación por el incendio. Fuentes allegadas a la causa contaron a Página/12 que el lugar estaba muy deteriorado, con una pésima estructura, escaleras y puertas muy angostas y un ambiente lúgubre. En un allanamiento que se prolongó alrededor de cuatro horas, se secuestraron libros de registro y documentos de personas para ahondar en la investigación. Además, se logró recuperar las medicaciones de los ancianos afectados por el incendio para no interrumpir sus tratamientos.

La legisladora por Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria Gabriela Cerruti explicó que su bloque presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete porteño y candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por el incendio.

“Pedimos la interpelación de Horacio Rodríguez Larreta porque esto se suma a otra cantidad de muertes evitables de personas pertenecientes a otros sectores vulnerables, como personas en situación de calle o niños muertos en talleres clandestinos, que marcan claramente que cuando se retira la presencia del Estado las primeras víctimas resultan ser estos sectores”, afirmó la legisladora.

Además Cerruti explicó que le consultó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por la ausencia de este geriátrico en el registro público de la Ciudad. Según la legisladora, la ministra contestó que el “dueño del lugar es un privado, pero actualmente se encuentra en sucesión y por eso no aparece en el registro”.

Cerruti aseguró que si bien en este caso “hay un tema de habilitación y de control” de los establecimientos que funcionan como residencias para adultos mayores, lo que ocurrió “demuestra una vez más la escasa importancia que tienen para el Estado de la Ciudad las personas más débiles o sin recursos”.

El proyecto de ley de interpelación fue presentado ayer y está dirigido al jefe de Gabinete porque “si bien el gran responsable es Mauricio Macri, quien ejecuta las políticas es Rodríguez Larreta, en este caso el desmantelamiento de las políticas sociales y de control de la Ciudad”, sostuvo.

Según fuentes allegadas a la causa, durante diciembre del año pasado el establecimiento había sido inspeccionado y habilitado por el Gobierno de la Ciudad pero actualmente se encontraba en “proceso de habilitación”.

Informe: María Fernanda Rezzano.