Tres hombres fueron detenidos ayer en Mar del Plata acusados de integrar una organización neonazi que perpetró ataques de carácter racista y discriminatorios, y realizó pintadas con símbolos del nazismo. Uno de los tres detenidos, identificado como Alan Olea, está sospechado de ser el jefe de la agrupación Bandera Negra que consumó los ataques pero se negó a declarar. Olea es yerno del dirigente de extrema derecha Carlos Pampillón que afronta procesos judiciales por hechos racistas. Los otros dos detenidos son Gonzalo Paniagua y Nicolás Caputo, a quienes se les atribuye el ataque a un local nocturno, cuyo propietario es un militante marplatense del movimiento por los derechos humanos.

Los tres hombres acusados de integrar una organización neonazi fueron detenidos en dos operativos ordenados por la Justicia Federal. Olea fue apresado en su casa, mientras que Paniagua y Caputo fueron apresados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando caminaban juntos por una calle de la localidad.

Los detenidos fueron trasladados a los tribunales locales para prestar declaración ante el juez federal Santiago Inchausti y los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik.

José Luis Zerillo es abogado de dos de las víctimas de ataques y fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mar del Plata. Según explicó a Página/12, cuando se desempeñaba como funcionario iniciaron las denuncias para que la causa “se federalice y que los ataques no queden en la provincia porque no son hechos delictivos comunes. Hay una organización pensada para lesionar y castigar a quienes no entraran en ese modelo social que tienen estos grupos”, explicó Zerillo.

“Esto empezó con los ataques al monumento de Memoria Verdad y Justicia que está en la base naval de Mar del Plata y al Centro de Residentes Bolivianos de la localidad. Esas causas ya fueron elevadas a juicio con Pampillón como principal imputado”, explicó el abogado. Sin embargo, se sucedieron nuevos episodios con un grado cada vez más elevado de violencia “contra militantes de LGTB, personas trans e integrantes de organizaciones sociales de Mar del Plata”, agregó.

Los tres detenidos están acusados del ataque al local “Nevermind”, propiedad de Javier Moreno Iglesias, activista de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (Amadi), entre otros hechos violentos y racistas. Zerillo es actualmente el abogado defensor de Moreno y otra víctima más.

“Desde la secretaría de entonces solicitamos que todos esos hechos, aunque tuvieran víctimas distintas, fueran investigados como parte de un mismo grupo”, explicó el abogado a este diario. Desde entonces, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la creación de un equipo de trabajo integrado por los titulares de las fiscalías federales 1 y 2 de Mar del Plata, para “que intervengan conjunta o alternativamente en las causas que tramiten en ese distrito, vinculadas con actos de discriminación o violatorios de la Ley Antidiscriminatoria”.

Los fiscales a cargo del caso explicaron que estas detenciones, que según estima el abogado Zerillo podrían ser las primeras de un grupo más grande, responden a “una serie de hechos violentos vinculados a supuestos de discriminación e imposición de una ideología”.

“Hoy nos encontramos con los primeros elementos de esta causa que son los primeros tres arrestos. Sabemos que es un grupo más numeroso y creemos que va a haber nuevas detenciones”, consideró Zerillo.

Por su parte, el obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino, expresó su repudio enérgico a todo “hecho de violencia y discriminación que pueda hacerse contra cualquier persona sea por su sexo, etnia, religión o idea” y aseguró que la Argentina necesita unidad, diálogo y convivencia para colaborar en el bien común.

Si bien la causa permanece bajo secreto de sumario, Zerillo considera que, de comprobarse los cargos, “las penas pueden rondar los diez años de prisión por lesiones leves, graves y amenazas cometidas en el marco de una asociación ilícita. Si no se cambia la calificación podría haber detenidos en juicio oral”. Además, el abogado manifestó que los denunciantes sospechan que pueden “aparecer nuevas personas que no se hayan animado a denunciar. Hasta el momento hay 30 hechos constatados y creemos que hay una cifra mayor que esa”, señaló.

“Los ataques fueron muy graves, la última de las víctimas, Moreno, está con custodia ante las amenazas de muerte”, señaló Zerillo y, según opinó, solamente con la detención de los principales agresores se podrá terminar con el accionar del grupo violento y desarticular la organización”.

Informe: María Fernanda Rezzano.