Sobre el fin de la tarde, el juez porteño Lisandro Fastman dio vía libre para que los boliches de la ciudad abrieran sus puertas, al suspender la medida que su colega Roberto Gallardo había dictado por la mañana, cuando ordenó que “se prohíba en el ámbito de la Ciudad toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada”. La resolución de Fastman –sobre quien recayó la causa que Gallardo había iniciado horas antes, cuando estaba de turno, tras la presentación de dos ONG y un representante de la FUBA– implicó la “suspensión” de la cautelar anunciada al comenzar el día. “La Justicia hizo lugar a nuestro pedido y suspendió la disparatada medida de Gallardo que prohibía los bailes con música en la Ciudad”, celebró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través de su cuenta en Twitter, la misma red social a través de la cual horas antes había criticado la decisión de “prohibir la noche”. Cinco días atrás, el mismo Rodríguez Larreta había ordenado suspender hasta nuevo aviso todas las fiestas electrónicas en la ciudad.

Fastman, titular del Juzgado 14, dictó la suspensión tras reunirse con los representantes de las ONG, el Procurador General de la Ciudad, cuatro funcionarios porteños –entre quienes se hallaba el titular de la Agencia Gubernamental de Control (ACG)– y el director de la Cámara Empresaria de Discotecas (CED), un encuentro del que también participó el fiscal Damián Natalio Corti, que convocó a las partes y entiende en la causa.

El juez suspendió la medida sólo una vez que medió la “ratificación del compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad de no otorgar permisos para la realización de eventos masivos de música electrónica” y también el compromiso de “presentar en autos en el término de 5 días un informe pormenorizado sobre las fiscalizaciones realizadas en el transcurso del mes de abril” de este año por la AGC. “Adicionalmente”, señaló la resolución, el presidente de la CED se comprometió a “garantizar la contratación del servicio de área protegida en los locales”, en referencia al servicio de cobertura de emergencias y atención médica estipulado por las normativas.

Cuando había trascendido la contramarcha, el presidente de la CED porteña, Jorge Becco, dijo a este diario que el juez Fastman tuvo “buen tino”. “¿Se imagina lo que iba a ser la Ciudad de Buenos Aires esta noche (por ayer) y el fin de semana?”, reflexionó. Becco detalló que los funcionarios judiciales y los representantes de las ONG que se habían presentado ante la justicia no estaban al tanto de las diferencias entre los locales habilitados y en regla y los que no lo están. “Ellos ven que hay locales donde se hace baile y no tienen nada. Contra esos estamos en contra también nosotros”, advirtió, antes de añadir: “Defendimos la fuente de trabajo y demostramos que no tenemos nada que ver (con los locales y eventos cuestionados a partir de las muertes ocurridas en Costa Salguero), que la medida de Gallardo es muy abarcativa. El juez que salió sorteado se dio cuenta de eso, y el fiscal de la causa también”.

Temprano en la mañana, el juez Gallardo había concedido una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Vientos de Libertad (ACVL), la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACYR) y “por su propio derecho y en su carácter de copresidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)”, Adrián Lutvak. Según recoge en los antecedentes de la decisión el propio magistrado, los amparistas pidieron que “cautelarmente, ‘se prohíba toda la actividad en los locales mencionados (N. de R.: la resolución detalla un listado de 14 locales) y en el resto que desarrolla una similar, hasta tanto se implemente, con control judicial previo, un mecanismo de fiscalización eficaz, oportuno y que garantice la salud y la vida de los asistentes a tales eventos y neutralice la posibilidad de cualquier acto de obstrucción, colusión, complicidad, cohecho o pasividad negligente”.

Sin embargo, Juan Grabois, el abogado que escribió y presentó el recurso de amparo presentado por las entidades, aseguró el texto no pedía la interdicción: “No pedimos que prohíban los boliches, sino que exigimos un protocolo que garantice la salud psicofísica de las personas que asisten a las fiestas electrónicas, boliches, bailantas o bares”.

En la resolución, Gallardo advirtió que consideró “la urgencia del caso”, habida cuenta de “la sola posibilidad de que se produzca un nuevo hecho” como el de Costa Salguero. “El Tribunal pudo constatar (...) que en la mayoría de los locales y ‘boliches’ denunciados se realizan fiestas electrónicas y otras actividades en incumplimiento a la normativa vigente, y fuera de todo control por parte de las autoridades”, señaló.

La decisión de Gallardo despertó el repudio inmediato de la CED porteña, cuyo titular anunció al mediodía que los locales no acatarían la medida, por ser “totalmente inconstitucional”. Becco señaló entonces que los boliches “son los lugares más controlados de la Ciudad” y que todos ellos “cumplen con todas las medidas de seguridad”. Una prohibición sólo se traduciría en que “casi un millón de jóvenes que concurren a la noche porteña” resolvieran trasladarse a la provincia o hacer fiestas en “casas privadas donde no hay médicos ni policías ni nada”. La medida, indicó, también perjudicaría a las cerca de 50 mil personas que trabajan en el sector.

También el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep) manifestó por esas horas su disconformidad total con la decisión de Gallardo. “Afecta directamente las fuentes de trabajo de nuestros representados”, señaló la entidad en un comunicado. Rolando Conte, vocero de Sutep, explicó a este diario que la decisión podía perjudicar fuertemente al gremio, que agrupa alrededor de 5 mil trabajadores dedicados a “mantenimiento, boletería, guardarropas, personal del baño y personal de control, los mal llamados patovicas”, en un sector además muy marcado por la informalidad. “A raíz de lo que pasó en Costa Salguero quieren empezar a controlar, y está bien, pero no se puede cerrar todos los boliches de un día para el otro.”

En su propia resolución, Gallardo había reparado en el revuelo que podía despertar la medida. “Seguramente la decisión judicial (...) será criticada por el Gobierno calificándola de extrema y demás, pero ello no habrá de inhibirme ya que si ‘alguien’ hubiera denunciado antes del episodio de Cromañón lo irregular de las habilitaciones y las inspecciones entonces vigentes, y otro ‘alguien’ hubiera hecho caso de dicha denuncia y clausurado los locales peligrosos para los chicos (...) hoy 196 jóvenes estarían presentes”.