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La “tan mentada ‘revolución educativa’” que pregona el gobierno de Mauricio Macri, consiste en “definir políticas públicas que garantizan las condiciones necesarias para que el sector privado-empresarial pueda desplegar también sus negocios en el campo educativo”, afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, en declaraciones a Página/12. El dato central es “el incumplimiento de las pautas de ejecución presupuestarias que ha hecho del sector educativo uno de los que menos inversión ha recibido en lo que va del año”. Alesso precisó que las partidas del Estado Nacional para Educación y Cultura alcanzaron “sólo el 41,8 por ciento”, cifra que “resulta inferior al nivel promedio de ejecución del gasto público global, que fue del 50 por ciento”.

En síntesis, Alesso subrayó que el gobierno “no solo retorna a las políticas neoliberales de los 90, sino que parte de ellas para pasar a un estadio distinto, donde las corporaciones aplican de manera directa criterios empresariales y de mercado en la educación pública”. Además, desde CTERA se reclamó “una nueva Ley de Financiamiento Educativo que lleve la inversión en educación al 10 por ciento del PBI”.

El análisis

Las declaraciones de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), forman parte de un documento titulado “Sin financiamiento educativo no hay educación de calidad”. Alesso explicó que la entidad gremial manifestó “su preocupación por el estado general de la educación pública”, como resultado de las políticas del gobierno nacional desde que asumió Macri, el 10 de diciembre de 2015.

La dirigente calificó de “falsas argumentaciones” las expresadas por el gobierno para “justificar el ajuste que se está llevando a cabo en todas las esferas del Estado”. Recordó que el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, anunció la “tan mentada ‘revolución educativa’”, presentada como la “solución necesaria para dejar atrás el modelo del ‘Estado ineficiente’ y superar ‘el fraude’ que ha significado la Ley de Educación Nacional”, según Bullrich.

Alesso señaló que con la postura del “Estado mínimo”, la estrategia del gobierno tiene dos patas: “Definir políticas públicas que garantizan las condiciones necesarias para que el sector privado-empresarial pueda desplegar sus negocios” en el campo educativo y “reconfigurar el rol del Estado Nacional, que bajo la figura de un pseudo-federalismo, descentraliza las decisiones, fragmenta y desfinancia el sistema” educativo “desmantelando (...) planes y programas socioeducativos nacionales en ejecución que venían generando mayores niveles de inclusión e igualdad social para los sectores populares”.

En ese contexto, la dirigente de CTERA mencionó el problema que representa “el incumplimiento de las pautas de ejecución presupuestaria” que convirtieron al sector educativo en uno de los que “menos inversión ha recibido” en el primer semestre del año. Citando datos oficiales extraídos de la página web del Ministerio de Finanzas, precisó que la ejecución del presupuesto en el área de Educación y Cultura fue “sólo del 41,8 por ciento”, lo que resulta inferior al nivel promedio de ejecución del gasto público global, del 50 por ciento.

En el documento difundido por la CTERA, son mencionados los principales programas que tienen un nivel muy bajo de ejecución:

- En Gestión Educativa se ejecutó sólo el 35 por ciento de lo presupuestado. El ítem incluye los fondos del programa FINES, recursos destinados a ampliar la jornada extendida, atender a escuelas primarias en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, brindar acompañamiento pedagógico a la provisión de computadoras del Programa Conectar Igualdad, desarrollar actividades científicas y académicas, fortalecer las modalidades de educación artística, especial, rural, intercultural bilingüe, contextos de privación de libertad, domiciliaria y hospitalaria.

- En Acciones compensatorias en Educación, fueron bajos los recursos disponibles, el 20,3 por ciento, utilizados para asistencia económica, material y pedagógica para el alumnado y las instituciones de todos los niveles y modalidades. Esto involucra becas para estudiantes de pueblos originarios, judicializados y de Leyes Especiales (hijos de ex combatientes de Malvinas, entre otros); asistencia a centros de actividades infantiles (CAI) y de actividades juveniles (CAJ); apoyo a escuelas albergue, educación especial y en situación de vulnerabilidad. Esto incluye provisión de libros de texto, ludotecas, útiles y materiales didácticos; programas de extensión, turismo educativo, campamentos, colonias de vacaciones, orquestas y coros infanto-juveniles.

- En Acciones en Formación Docente se utilizó sólo el 26,7 por ciento. El impacto se reflejó en el incumplimiento del Plan Nacional de Formación Docente, en el Programa de Formación Permanente y en el Ejercicio Nuestra Escuela.

- En Infraestructura e Equipamiento el presupuesto está prácticamente paralizado: sólo se usó el 9,4 por ciento. El ítem incluye transferencias de fondos para infraestructura y equipamiento, construcción de edificios o ampliación, refacción y adecuación de las instalaciones existentes.

- En Innovación y Desarrollo de la Educación Tecnológica, la subejecución llegó apenas al 6,29 por ciento. Aquí el gobierno incumple la Ley 26.058, que creó el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional y determina las pautas para el desarrollo de la educación técnico-profesional en el nivel medio y superior. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Alesso agregó que también muestran “bajo nivel de ejecución” las partidas destinadas a financiar “los programas de Infraestructura Educativa”, que se encuentran en manos del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Esos programas “alcanzaron solo al 27 por ciento de lo presupuestado”. Lo mismo ocurrió con “las partidas con que cuenta la Administración Nacional para la Seguridad Social, dirigidas a financiar el programa Conectar Igualdad”, que fue discontinuado, y el de Respaldo de Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) “que sólo ascienden al 38 por ciento de lo asignado”.

La ley de Educación

Para la titular de la CTERA “resulta evidente y preocupante” el panorama actual porque “de persistir esta tendencia, se pondrá en riesgo el cumplimiento de la Ley 26.206 de Educación Nacional”, sancionada en el año 2006. Esa norma establece que una vez cumplidas las metas de la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Buenos Aires destinado exclusivamente a educación “no debía ser inferior al seis por ciento del PBI”.

Alesso recordó que el proyecto de presupuesto para este año fue elaborado “con una pauta inflacionaria esperada de 21 por ciento”, cuando en el marco macroeconómico actual “la inflación estimada para todo el año llega como mínimo al 44 por ciento”, de acuerdo a lo estimado por el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por esa razón “el monto previsto para el sector educativo debería incrementarse en términos nominales en esa magnitud para mantener el valor real de las distintas acciones en materia de políticas educativas” y poder cumplir con las metas de la Ley de Educación Nacional.

También mencionó que el ministro de Educación habla de “revolución educativa” y “calidad de la educación”, mientras su propio gobierno “toma medidas que dejan en evidencia el desfinanciamiento del sistema educativo, el incumplimiento de la transferencia de recursos a las provincias y la subejecución del presupuesto”. Alesso sostuvo que “se trata de un gobierno que no solo retorna a las políticas neoliberales de los 90, sino que parte de ellas para pasar a un estadio distinto, donde las corporaciones aplican de manera directa criterios empresariales y de mercado en la educación pública”.

La titular de CTERA recalcó que frente a esta situación general “redoblamos nuestra lucha en pos de lograr una nueva Ley de Financiamiento Educativo que lleve la inversión en educación al diez por ciento del PBI para que pueda ser efectivamente garantizado el derecho social a la educación y se alcancen las principales metas dirigidas a la obtención de mayor inclusión, justicia e igualdad socioeducativa”.