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El informe de la Auditoría analiza la gestión del actual ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, cuando ocupaba ese cargo en el gobierno porteño. Recuerda que en 2010 puso en marcha el Plan Sarmiento, con el fin de dar computadoras portátiles a 160 mil alumnos y 16 mil docentes. Hoy se investigan sobreprecios en la compra de esas computadoras porque el gobierno porteño pagó unos 274 millones de dólares, lo que significaría unos 185 millones de dólares de más, según una pericia judicial. El sobreprecio sería del 285 por ciento.

En 2012, Bullrich fue denunciado por mal desempeño de las funciones, debido a la implementación de un número telefónico gratuito (0800) para denunciar actividades políticas dentro de las escuelas, medida declarada inconstitucional por la Justicia. Durante su gestión en la educación pública, a pesar del déficit de vacantes, ordenó el cierre de 221 cursos en todos los niveles, 144 cursos de nivel primario, 52 de nivel medio y 25 de escuelas técnicas.

Los gremios denunciaron cierres de cursos de pocos alumnos en la zona norte y de desdoblamientos de grados de más de 30 alumnos en el sur. Mientras tanto, en las escuelas privadas se disminuyeron los subsidios un 30 por ciento, motivo por el cual la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) presentó ante la Procuración General de la Nación una denuncia penal contra Bullrich. Se lo acusó de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y abuso de autoridad.

En 2013, Bullrich decidió cerrar la tecnicatura en Seguridad Social, la única carrera en esa especialidad que se cursa en escuelas porteñas. A comienzos del 2014 implementó un sistema de inscripción online en las escuelas de la ciudad que resultó ineficaz; el 3 de febrero afirmó que su renuncia estaba a disposición de Mauricio Macri. Hizo el anuncio luego de reconocer su error por los 9.000 niños del nivel inicial que quedarían sin vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad.

Ese mismo año se vio envuelto en un procesamiento judicial dispuesto por el juez Roberto Gallardo, al verificarse que fue incumplida una prohibición anterior de instalar alumnos en containers. En uno de esos módulos, prohibidos por la Justicia, se dictó un taller después de que el propio rector sufriera una descarga eléctrica por la precariedad de las instalaciones. En 2015, Bullrich se vio envuelto en una polémica cuando se supo que la empresa del candidato a diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires Fernando Niembro fue beneficiado con más de 300 mil pesos por contratos directos con el Ministerio de Educación.