Antes de tomarse licencia, el juez de Jáchal, Pablo Oritja, prorrogó la medida cautelar que mantiene suspendida la actividad en la mina Veladero porque según el informe que recibió, de la policía minera, los trabajos de readecuación no están concluidos. Un día antes, el jueves, la empresa Barrick había emitido un comunicado en el que informaba que había dado “cumplimiento total de las medidas urgentes y adicionales solicitadas por las autoridades”.

El gobernador Sergio Uñac había suspendido la actividad en la mina el 15 de septiembre pasado, una semana después de que se produjera el derrame. Tras la intervención judicial, el 22, el juez de Jáchal ratificó la suspensión, hasta que la empresa realizara las obras por las que fue intimada y ordenó allanamientos a la planta para levantar documentación.

Ayer dispuso la ampliación de la medida a partir de un informe de la Policía Ambiental minera del Ministerio de Minería de San Juan, que dice que los trabajos ordenados no están terminados. La Barrick había presentado, en la mañana del jueves, un informe con el detalle completo de las obras realizadas, acompañado por fotografías que no satisficieron a los inspectores mineros.

Entre los requerimientos que hizo la autoridad minera a la empresa estaban el levantamiento de la altura de los taludes denominados bermas, que protegen al medio ambiente, confinando a la zona segura los minerales sometidos al proceso lixiviación; además, debía asegurar los empalmes de los caños de 18 pulgadas de diámetro que conducen la solución cianurada y medidas de seguridad adicionales como cámaras de video para poder monitorear la actividad.

Si bien en el informe que recibió el juez la autoridad minera constató que la Barrick corrigió la altura de las bermas con materiales plásticos especiales y mejoró las uniones de los caños que conducen el fluido peligroso, la empresa no realizó la instalación de las cámaras para el monitoreo y el aumento de los puntos de control de aguas subterráneas.

En su resolución, el juez Oritja establece que la empresa deberá informar, cuando termine todos los trabajos, a la Policía Minera, que deberá volver a inspeccionar e informar a la justicia. Con ese informe se resolverá si se deja sin efecto la cautelar que frena la actividad.

Por lo pronto, Oritja, informó que no estará durante los próximos quince días porque se toma licencia. Si la nueva inspección se realiza en ese lapso será la jueza subrogante de Paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, quien deberá decidir si levanta o no la suspensión.

Diego Seguí, abogado de los asambleístas de Jáchal no se toca, dijo que “esta actitud ya la veníamos advirtiendo. El Ministerio de Minería es el que está estableciendo los requisitos para que la empresa obtenga el levantamiento de la clausura, y no la justicia, que va a rehabilitar cuando minería se lo ordene. El Ministerio le transfirió el tema a la justicia, para que sea esta la que levante la suspensión. Y el juez, con su licencia, apuesta, a su vez, a sacarse el tema de encima”.