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La Legislatura porteña aprobó anoche la suspensión por dos años de todos los desalojos en inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente ocupados por personas que carecen de vivienda. Para disponer este beneficio, los legisladores sancionaron la ley que declara la Emergencia Habitacional en la ciudad, que también dispone la creación de un fondo de 50 millones de pesos para la asistencia de aquellos que no poseen techo, para lo que resta de 2004. Según estimaciones oficiales, la medida ayudará a unas 370 mil personas de bajos recursos económicos que carecen de vivienda propia. Pese a que la ley fue consensuada por ibarristas, macristas, socialistas y kirchneristas, requirió de tres cuartos intermedios y varias modificaciones para poder ser aprobada. Según revelaron a Página/12 fuentes cercanas al gobierno porteño, la iniciativa contaría con el visto bueno de Aníbal Ibarra, quien promulgaría la normativa en los próximos días.
Los datos oficiales indican que el déficit habitacional en la ciudad alcanza a unas 90 mil viviendas. La iniciativa involucra a “ocupantes de casas o edificios con sentencia judicial de desalojo, siempre que el inmueble sea de uso manifiesto de vivienda única y que no posean propiedades a su nombre”, según establece la ley. Además, considera dentro de la emergencia habitacional a “los habitantes de viviendas transitorias, de asentamientos de la ciudad, a ocupantes que estén en situación de hacinamiento, inhabitables o en estado obsoleto”. También alcanza a alojados en hoteles, pensiones o a los que viven en la calle.
Actualmente, el presupuesto destinado a la emergencia habitacional es de 90 millones de pesos anuales y, a partir de la promulgación de ley, se agregarán otros 50 millones para la aplicación de esta normativa. La medida prevé que, desde el año próximo, se destinará el 25 por ciento del superávit de la ciudad a la aplicación de esta ley. Las estimaciones del gobierno indican que ese superávit rondará los 500 millones de pesos, por lo que se contaría con unos 125 millones de pesos para esta iniciativa.
Tras la sesión, varios legisladores destacaban que la declaración de emergencia habitacional en la ciudad permite “agilizar administrativamente los pasos necesarios a dar para resolver esta situación”. En este sentido, la partida presupuestaria puede estar destinada a la construcción o compra de viviendas, a licitaciones o convenios con organismos del Estado nacional para adquirir tierras. De todos modos, gran parte de los legisladores porteños coincidía en que los conflictos de esta normativa aparecerán a la hora “de la instrumentación”.
El proyecto requirió de tres cortes en medio de su tratamiento para realizar las modificaciones, lo que disgustó a más de un diputado porteño. Las quejas estuvieron centradas en la confusión provocada por los cambios: “Terminamos sin entender nada”, reconoció un legislador al salir del recinto. “El despacho de comisión era muy general; prácticamente se tuvo que reescribir en el mismo recinto, donde se supone que sólo se tiene que tratar”, manifestaba otra legisladora. Los más optimistas, por su parte, destacaban que con la sanción de esta ley se admite la situación de emergencia en este ámbito dentro del distrito y se instala el debate sobre este punto.
A la hora de votar, la gran mayoría se puso de acuerdo y levantó la mano por el sí a la declaración de emergencia habitacional y al resto de las consideraciones de la emparchada ley. Los legisladores autores de esta medida son Daniel Betti, Sergio Molina, Héctor Bidonde, de Autodeterminación y Libertad, y del kirchnerista Diego Kravetz.
“Los datos revelan que en el período que va desde 1991 a 2001, la cantidad de personas que habitan en villas y núcleos habitacionales aumentó en un 100,3 por ciento, lo que ratifica la necesidad de declarar el estado de emergencia habitacional en la ciudad”, aseveró el diputado socialista Roy Cortina. Por su parte, la ibarrista Laura Moresi afirmó que “ lo más importante es el compromiso que tiene el gobiernoporteño en empezar a resolver este tema, por lo que los legisladores más cercanos a Ibarra impulsamos esta norma”.

Informe: Maricel Seeger.