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El mismo día en que el FMI divulgó un documento autocrítico por las políticas que recomendó a la Argentina durante una década, su máxima autoridad, Rodrigo Rato, redobló la presión para que el Gobierno aumente los pagos a los acreedores. El reclamo tuvo un tono amenazante, al advertir que el organismo no “presta a los países para que sigan en mora”. El portavoz del Fondo, Thomas Dawson, completó la idea: “Las condiciones no están dadas para avanzar” en la aprobación de la tercera revisión del acuerdo, pendiente desde principios de mes, con lo cual el convenio podría caerse. Contra lo que se podría suponer, a Roberto Lavagna ese tipo de situaciones son las que más le gustan. Tenía frente a sí la contradicción de que el FMI, al mismo tiempo que se criticaba, volvía a insistir con la misma fórmula. El ministro no desaprovechó la oportunidad para explotarlo políticamente.
“Si ellos se equivocan –respondió–, terminarán redactando un informe sobre sus errores dentro de diez años, pero si nosotros nos equivocamos afectaremos a los argentinos con más pobreza, desempleo y desestructuración del aparato productivo.” Es por esa razón, agregó, que el Gobierno no se moverá de su propuesta para salir del default. A Lavagna el argumento le gustó tanto que lo repitió tres veces, con ligeras correcciones. “Los errores para el FMI se plasman en documentos diez años después, pero para nosotros lo que está en juego es el bienestar de la población.”
Más allá de aprovechar el pasado para desacreditar la presión del Fondo por mayores pagos a los bonistas, el mensaje del Gobierno fue que está dispuesto a seguir pulseando por largo rato. Se suponía que a principios de mes el directorio del organismo debía aprobar la tercera revisión del acuerdo, pero no lo hizo. En lugar de ello, todos los días deja más en claro que pretende una mejora en la oferta a los acreedores y una rápida renegociación de los contratos con las privatizadas, para habilitar subas de tarifas.
Lavagna ya le dijo a Néstor Kirchner que seguramente la discusión del “caso argentino” por parte del directorio del FMI quedará pendiente hasta septiembre, después de que los funcionarios se tomen vacaciones. El receso estival comienza en una semana. “Si no tuvimos urgencias antes (en el peor momento de la crisis, en 2002), mucho menos las vamos a tener ahora”, desafió el jefe de Economía. “El diálogo durará todo lo que tenga que durar hasta que lleguemos a un compromiso que podamos cumplir”, sentenció.
La respuesta estuvo a tono con la presión que llegó de Washington. Por primera vez en esta etapa, el FMI amagó con suspender el programa con Argentina. La ruptura de relaciones complicaría al Gobierno en su estrategia para arreglar el problema de la deuda. El vocero Dawson, en su habitual conferencia de prensa quincenal, afirmó que “el acuerdo tiene varias condiciones, una de las cuales es el avance en la renegociación de la deuda”. Cuando se le preguntó si la demora del Fondo en aprobar la tercera revisión del acuerdo podría afectar el plan de Argentina para superar el default, el funcionario sostuvo que “no creo que cuatro (metas incumplidas) deban ser ignoradas para que una salga adelante”. “Tenemos que evaluar el acuerdo como un conjunto –añadió–, y en conjunto los elementos no están dados para avanzar” en la aprobación de la auditoría.
Dawson recordó, en tono crítico, que las dos primeras revisiones también se completaron más tarde de lo previsto y con waivers (dispensas) por los “escasos progresos” en el cumplimiento de las “reformas estructurales”, como la renovación de la banca pública, las leyes de Coparticipación y de Responsabilidad Fiscal, “las tarifas de los servicios públicos y las negociaciones con los tenedores de bonos defolteados”. “La tercera revisión está planteada sobre negociaciones en torno a los mismos temas”, precisó. En una entrevista con el diario inglés Financial Times, Rato expresó los mismos conceptos que Dawson. “En una carta de marzo del gobierno argentino quedaron claros cuáles son los asuntos (que interesan al FMI). La buena noticia es que compartimos la opinión, lo complicado es que algunos de esos asuntos no han avanzado tan rápido como queríamos.” Lo más duro fue su advertencia de que “no tenemos la política de prestar (a países) en situación de atrasos (con su deuda) sólo para mantener al país en mora”.
Tanto las declaraciones de las autoridades del Fondo como la respuesta argentina eran previsibles para quienes vienen siguiendo el partido. A medida que se acerca el momento en que el Gobierno lance el canje de deuda, la pelea es más fuerte. Este es el momento en que los acreedores y las privatizadas tienen más fuerza para presionar. Una vez que el FMI apruebe la tercera auditoría, la posición argentina se verá fortalecida. Entonces, el Gobierno avanzará con su propuesta de canje de deuda y tendrá más tiempo para seguir discutiendo con las prestadoras de servicios públicos. Ni Lavagna, ni los economistas de la city cercanos a los hombres del Fondo consideran que el organismo vaya a patear el tablero y romper relaciones. Los consultores creen que el juego de presiones se resolverá con flexibilizaciones mutuas.
Lavagna, sin embargo, remarcó que las presiones del FMI por el tema de la deuda no modificarán la propuesta a los bonistas. Y sostuvo que la relación con el organismo y con los acreedores va por vías separadas. “Nosotros continuaremos con el cronograma previsto”, definió. El Gobierno “no puede, no debe y no quiere repetir errores” de hace una década, “no haremos nada que comprometa el crecimiento, la reducción de la pobreza y la creación de empleos”, concluyó.