[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los sectores más conservadores de la Iglesia Católica marcharán hoy en Madrid en contra de la ley que legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los organizadores esperan más de medio millón de concurrentes, entre ellos prelados y líderes del Partido Popular. Pero el apoyo de la jerarquía eclesiástica y la derecha no será total. La mayoría de los obispos y también importantes personalidades del PP adelantaron que no concurrirán por oponerse a la convocatoria, que tendrá réplicas en Latinoamérica: están previstas manifestaciones simultáneas ante la embajada española en México y frente a los consulados de Argentina, Chile, Perú y Colombia.
Desde el gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero consideró “lamentable” que líderes del PP acudan a la manifestación coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones regionales que se celebrarán en Galicia mañana (ver aparte).
La ley cuestionada, una de las más avanzadas de Europa, es una promesa incluida en el programa electoral del Partido Socialista (PSOE), que ganó las elecciones en marzo de 2004. Fue votada en abril en Diputados y debe ser ratificada por el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría. “Estamos en una situación única en la historia de la humanidad. La Iglesia Católica en sus 2000 años nunca se encontró con nada parecido”, sentenció ayer el vocero de la Conferencia Episcopal española, el teólogo jesuita Juan Antonio Martínez Camino. Lo que más preocupa a los sectores conservadores no es sólo que se equipare el matrimonio con las uniones de personas del mismo sexo, que es lo que ha sucedido en Holanda, Bélgica y Canadá. Según argumentó Martínez Camino, el gran problema es que desaparece el matrimonio del Código Civil. “Esto nunca ha sucedido en ningún país del mundo y es una aventura de tal calibre para la sociedad española que lo que se va a defender este sábado (por hoy) es la existencia del matrimonio en las leyes y que quienes quieran educar a sus hijos para el matrimonio, que será la inmensa mayoría, tengan respaldo legal para ello, que ahora se pierde”, fundamentó el religioso.
La Conferencia Episcopal expresó su apoyo explícito a la marcha, organizada por el Foro Español de la Familia. Pero no todos los prelados comparten esa posición. Entre otros, los obispos catalanes, que ya adelantaron que no se sumarán a la movida. El obispo auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, advirtió del riesgo de que una participación activa del Episcopado pueda causar profundas divisiones en la Iglesia Católica y, sobre todo, entre los fieles. “Los más preocupante es que se configuren dos polos y que la Iglesia quede incluida en uno de éstos. Es lo más anticristiano que se puede hacer”, opinó.
La movilización, apoyada por un millar de ONG de 27 países, transcurrirá por el centro de la capital española, bajo el lema “La familia sí importa. Por el derecho a una madre y un padre. Por la libertad”.
El conservador Partido Popular, que se opone a la ley que autorizará las bodas homosexuales y la adopción por parte de parejas gays, no decidió oficialmente su representación en la marcha. Pero se espera que concurran a “título personal” numerosos líderes de ese partido, aunque otros dirigentes y autoridades regionales del PP adelantaron que no participarán en la marcha.
Para la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (Felgt), Beatriz Gimeno, la protesta “es una imagen sacada de hace treinta años” y supone “la vuelta del nacional-catolicismo y de la extrema derecha española”. Horas antes de la marcha, convocada para las 18 (hora local), la Felgt presentará un manifiesto en defensa de la ley, con las firmas de más de un centenar de organizaciones, entre otras partidos políticos (todos los que tienen representación parlamentaria menos el PP y Unió, principal partido de Cataluña), sindicatos, entidades juveniles, de atención a la infancia y más de 50 grupos cristianos de base. “Las protestas que esta ley ha suscitado provienen de aquellos que no acaban de entender que las leyes las dicta el Parlamento en representación de la ciudadanía y no las creencias religiosas, perfectamente respetables, de cada uno. La ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio no va contra nadie. Simplemente, amplía los derechos de una parte de la ciudadanía y, en ese sentido, toda la sociedad se hace más libre”, sostienen los firmantes.