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“El mismo médico que a la mañana, en el Moyano o el Borda, deja internado por un año a un paciente, a la tarde, en una clínica privada, le da el alta a los diez días”, señala Pablo Berrettoni, director general de Salud Mental e interventor en el Hospital Braulio Moyano. La formulación, desde ya, alude al peso de las culturas y prácticas que, instituidas en el antiguo neuropsiquiátrico, incidirían de ese modo sobre los doctores. Pero también concierne a las resistencias de los profesionales, que Berrettoni menciona más de una vez en la entrevista como obstáculo primordial para la desinstitucionalización requerida por la Ley de Salud Mental porteña. Pero, además, la comparación entre el neuropsiquiátrico y la clínica privada sugiere los límites del tan resistido proyecto en salud mental, que lejos de cuestionar la internación psiquiátrica en sí misma, la admite dentro de los parámetros ya en uso en clínicas privadas. Berrettoni aludió también a las “casas de medio camino” y otros dispositivos que la ley prevé para facilitar la externación psiquiátrica: reconoció que no fueron incluidos en el presupuesto pero aseguró que el estado de emergencia en salud mental, ya establecido por decreto, permitiría obtener los fondos para empezar a establecerlos.

–El rechazo de la Asociación de Profesionales del Moyano parece muy frontal –observó Página/12 al comenzar la entrevista, en referencia a un cartel de esa entidad que, en el hall del Moyano, sostenía su “Repudio a la intervención”, con el solo argumento de un recorte periodístico que decía: “La intención (de la intervención) es ir hacia la ‘desinstitucionalización progresiva’, pasar de un sistema de internación indefinida a otro de tratamiento ambulatorio”.

–La Asociación, que es filial de Femeca (Federación Médica de la Ciudad de Buenos Aires), está consustanciada con la dirección anterior del Moyano y lo que repudian es la Ley 448, de Salud Mental, que promueve la desinstitucionalización progresiva y el pasaje de un modelo centrado en el hospital a otro centrado en la comunidad: ellos no lo pueden tolerar, porque implica una pérdida del poder que tenían en un hospital totalmente aislado de la red de salud mental, donde hacían lo que querían.

–En su condición de director general de Salud Mental, ¿qué perspectivas ve para el efectivo cumplimiento de la Ley 448?

–Un problema básico es la falta de los dispositivos periféricos para la externación de pacientes: con la Secretaría de Desarrollo Social está ya planeada la construcción de entre seis y nueve casas de medio camino: serán viviendas de tipo familiar; casas integradas al paisaje psicoambiental del barrio, donde vivirán de seis a ocho pacientes, con la idea de que en un lapso de seis a nueve meses se reintegren a la sociedad; estas personas estarán en relación con alguno de los 38 Cesac, Centros de Salud y Acción Comunitaria donde ya trabajan 200 psicólogos y 30 psiquiatras. Otro proyecto es incluir, en los hospitales generales, guardias interdisciplinarias con psicólogos y psiquiatras. Tres hospitales ya las tienen, y nos proponemos que entre marzo y mayo lleguen a nueve; cada guardia contará con cuatro o cinco camas de salud mental.

–Se ha advertido que esto suscita resistencias entre los médicos de los hospitales generales.

–Decir “resistencia” es poco. Todavía no les fue claramente explicado que la persona con sufrimiento psíquico también tiene derecho a ser atendida en su mismo barrio: no necesariamente ser enviada a los grandes neuropsiquiátricos, sino que es su derecho permanecer cerca de la familia y de sus relaciones, no perder su habilitación social: rehabilitar siempre es más difícil, se trata de que no pierda su habilitación, su socialización. Pero hay miedos al cambio y prejuicios sobre la enfermedad mental: esos médicos suponen que un brote psicótico es un cuadro largo, penoso, que requerirá un largo tiempo de internación, y que entonces debe ser derivado a una institución monovalente. Es el modelo imperante.

–... que, de este modo, se realimenta a sí mismo.

–Sí. Actualmente, con psicoterapias intensivas, con los actuales psicofármacos y preservando el vínculo con la familia, los tiempos de internación se abrevian extraordinariamente.

–Así planteado, se trata de modificar una cultura profesional prevalente.

–Hay pautas de tratamiento para interrumpir el curso de un brote de esquizofrenia aguda y permitir que el paciente vuelva rápidamente con su familia. Pero en el Moyano o en el Borda trabajan médicos que a la mañana en el hospital dejan internado al paciente por seis meses o un año, y a la tarde trabajan en una clínica privada donde a un paciente con las mismas características le dan el alta en diez días.

–Se plantearía como una cuestión más bien institucional...

–Una cuestión de ideología y de falta de normativa en los procedimientos. En muchas clínicas se detecta rápidamente a los familiares, por intermedio de la obra social, y la intervención sobre la familia es clave. Entonces, con acciones rápidas el paciente puede estar en casa en diez u once días, no curado pero sí compensado.

–¿Qué va a hacer, desde su cargo, para avanzar en estas cuestiones?

–El actual secretario de Salud de la Ciudad hizo posible la transformación de la Dirección de Salud Mental en Dirección General, y esto es muy importante: antes, el director de Salud Mental no tenía ninguna autoridad sobre los directores de hospitales, ahora sí. También hay que fortalecer el Consejo General de Salud Mental, que reúne a todos los sectores; actualmente Femeca y la Asociación de Médicos Municipales opinan en contra de la Ley 448 fuera del Consejo, que es el ámbito establecido por la misma ley para discutir y llegar a consensos. El sector estatal de la ciudad tiene 2800 profesionales de salud mental, entre psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales; falta conexión en un nivel central: buscar consensos y cristalizarlos en guías de procedimiento.

–Usted mencionó la importancia de dispositivos como las casas de medio camino. Sin embargo, no están contemplados en el actual presupuesto, que en cambio destina sumas cuantiosas para los grandes neuropsiquiátricos.

–Eso se debe a la falta de consulta con la Dirección de Salud Mental que había en la gestión anterior de la Secretaría de Salud. Para la remodelación del Moyano se destinaron 40 millones; 20 millones para el Borda; 9 millones para el Tobar García; y no hay 50 mil pesos para arreglar el techo del hospital de día Carlos Gardel, en la zona del Abasto. De todos modos, el decreto 675, que declaró el estado de emergencia de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires, autoriza a invertir fondos no incluidos en el presupuesto. De los 11 hospitales de día que hay en la ciudad, siete trabajan sin profesionales rentados; hace dos años se había hecho la promesa de alquilar nueve casas de medio camino, que no se concretó. Todo esto podremos hacerlo ahora. También, como Dirección General, podremos supervisar a las instituciones privadas. Ahora nadie verifica las condiciones de las clínicas psiquiátricas.

–¿Y en materia comunitaria?

–Hay que salir de los consultorios. El proceso que lleva a la enfermedad mental puede ser evitado por la intervención activa de los agentes de salud mental. Hay que detectar en los barrios personas sanas en estado de vulnerabilidad: cuántas mujeres son víctimas de violencia familiar, quiénes son los desempleados, los jubilados, los chicos que están demasiado tiempo solos, y plantear acciones comunitarias.

–¿Qué antecedentes señalaría en este sentido?

–No hace mucho, en 2000, Roberto Lo Valvo (anterior director de Salud Mental) creó talleres comunitarios, en el estilo de los que el psicólogo Carlos Campelo había impulsado en el hospital Pirovano: se trata de impulsar la participación de gente sana que atraviesa situaciones de crisis, formar mecanismos autogestivos, sostener una acción comunitaria, en lugar de un sistema de salud mental que actúe cuando la patología ya está instaurada. En 2007 empezarán a funcionar las comunas, y en el finalde este camino se plantea un presupuesto de Salud participativo, donde la gente de cada comuna determinará las prioridades. Pero, además y desde ya, es importante generar la democratización de los ambientes de trabajo: bajo un sistema verticalista, la gente no denuncia hechos ilícitos, que pueden llegar hasta violaciones, por miedo a represalias.