La Ley de Talles cumple hoy un mes desde que está en vigencia en la provincia de Buenos Aires y, según datos oficiales, sólo el 25 por ciento de los comercios inspeccionados cumple con la normativa, que exige ofrecer prendas para mujeres adolescentes en todas las medidas hasta el 48. El resto de los locales, por ahora, no será sancionado porque el gobierno bonaerense está analizando modificar la reglamentación para que pueda implementarse sin dificultades. “Hay que realizar ciertas acotaciones a la norma para que quede claro a qué debe atenerse el comerciante y qué debe constatar el inspector” en el momento de los controles, informaron desde el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires.

La ley 12.665, sancionada por la Legislatura en 2000, entró en vigencia el 21 de diciembre último y a poco de andar fue cuestionada por un fallo judicial, en Mar del Plata. Por eso, comenzó a analizarse nuevamente su reglamentación para detectar sus puntos débiles.

Página/12 efectuó una recorrida por algunos comercios del Gran Buenos Aires donde pudo observar la existencia de locales de ropa juvenil cuyo talle máximo es el 42 para pantalones, mientras que para las prendas superiores predomina el talle único, equivalente al 38 o 40 incumpliendo con la ley que indica que debe haber ropa hasta el talle 48.

En diciembre, el juez marplatense Enrique Félix Arbizu dispuso una medida de “no innovar” ante un amparo presentado contra la ley por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), la Cámara Textil y la Asociación de Confeccionistas. El mismo juez había dispuesto dejar en suspenso la aplicación de la norma con respecto a la empresa Comercializar Texmar. Según el fallo, la ley vulnera el derecho a “trabajar, ejercer la industria lícita y comerciar”. También sostienen que la Ley de Talles afecta el principio constitucional de igualdad ante la ley porque implica “un trato discriminatorio con el resto de las actividades ligadas al sector, al no decir nada con respecto a la ropa de los varones adolescentes, la ropa interior, las camperas o los zapatos”.

La provincia ya apeló la primera de las medidas cautelares que dictaminó la Justicia para la empresa Texmar, y se está elaborando el resto de las apelaciones. En esa línea, la Dirección de Comercio del Ministerio de la Producción de Buenos Aires informó que la ley 12.665 tiene absoluto respaldo jurídico y está avalada por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y el Código del Consumidor de la provincia.

A partir de las dificultades mencionadas se están analizando algunos puntos de la ley como, por ejemplo, “porque no define qué se toma por mujer adolescente, qué debe hacer un comercio outlet, ya que no se liquidan todos los talles sino los que quedan, y por qué no se toman en cuenta los dos sexos”. La reglamentación puede modificarse a través de una resolución del ministerio.

Desde esa cartera se informó que “hay sólo 17 inspectores para controlar 134 distritos”, por lo cual se espera que los municipios se hagan cargo de las inspecciones, como indica la ley.

La ley 12.665 fue reglamentada a mediados de 2005: se les dio a los fabricantes seis meses de plazo para adecuarse a la normativa. Para los comerciantes que no cumplan está prevista la aplicación de una multa y en casos de incumplimientos reiterados, podría disponerse una clausura de hasta cinco días.

En los primeros días de enero, la Dirección de Comercio del Ministerio de la Producción bonaerense realizó 100 procedimientos de inspección en comercios de Mar del Plata, La Plata y Avellaneda, de los cuales se labraron 75 actas de comprobación (de que no se cumple con algún aspecto de la normativa). El 25 por ciento restante había adecuado su comercio a la ley. En ese sentido, desde el ministerio se destacó que “no hubo multas ni cierres de local ya que en esta etapa se tratará de consensuar la medida. Se está en un tiempo de adecuación”.

Informe: M. Sol Wasylyk Fedyszak.