Para sorpresa de muchos, las 4000 entradas destinadas a los fans de la Ciudad de Buenos Aires que quisieran asistir al regreso de Callejeros se agotaron ayer, en el primer día de ventas. A un ritmo que no provocó grandes aglomeraciones pero sí la asistencia permanente y sostenida de jóvenes de entre 17 y 21 años, los tickets expedidos en diferentes puntos de Buenos Aires y alrededores fueron pasando por los mostradores sin que se produjera ningún incidente. En tanto, los familiares de las víctimas pidieron al gobernador de Tucumán, José Alperovich, que suspenda el recital del 22 de abril en el estadio del Club Central Córdoba de esa provincia.

El día transcurrió de forma más tranquila que lo previsto. Confirmando la expectativa que había generado la exitosa venta de las tres mil entradas anticipadas que se habían ofrecido la semana pasada en Capital, y siguiendo la tendencia de Córdoba, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy –que agotaron el total de seis mil localidades destinadas a sus plazas el jueves pasado–, la demanda de tickets en los locales Locuras de Once, Belgrano, Flores, Morón y Munro fue masiva. De esta manera, se espera que la totalidad de las 14.000 butacas que –sobre una capacidad máxima de 21.000– el Club Central Córdoba habilitó para la vuelta de la banda se ocupen la tarde del evento.

Quizá fue el centro de ventas de plaza Once, ubicado en Rivadavia al 2700, el lugar que concentró más sensaciones encontradas. En la sucursal del barrio donde ocurrió la tragedia, los pibes entraban y salían tomándose un promedio de diez minutos para hacer todo el trámite, aportando a la avenida su profusión de Toppers, pañuelos, remeras alusivas y gritos de “aguante”. Después de conseguir la ansiada tarjetita azul que autoriza el ingreso, algunos fans aprovechaban para caminar unos pasos cruzando diagonalmente la plaza y volver al lugar que recuerda a las víctimas del incendio que el 30 de diciembre de 2004 cobró la vida de 194 personas.

“Vamos a Tucumán. Informate a este teléfono y no mandes mensajes”, decía un cartel que un señor de insólito guardapolvo bordó se preocupó en pegar por todas las paredes cercanas. El hombre era otro de los que, esperando la salida de los chicos que entraban y abonaban los 25 pesos que cuesta el ticket, ofrecían transportarlos hasta el lugar del concierto a un costo promedio de $ 150. Algunos pibes ponían cara rara al escuchar el precio. “La mayoría no sabe dónde queda Tucumán. Muchos pagan y después no saben cómo hacer para llegar”, declaró, entre divertido y escandalizado, Ezequiel, empleado de Locuras. “Pero van igual. Se vendió mucho, sobre todo a la mañana”, destacó.

El vendedor estaba tranquilo. Eran las últimas horas de una jornada que amenazaba con ser febril pero terminaba mansamente. La atención a los jóvenes había empezado a las nueve de la mañana, con algunas colas. Con el correr de las horas, todo había ido tranquilizándose. Al promediar la tarde, eran dos las recurrencias que se hacían sentir: por un lado la merma en la asistencia de compradores y, por otro, su infalible visita en grupos de dos o tres. “Me parece que tendrían que haber esperado a que termine el juicio, pero igual los voy a ir a ver porque tal vez sea la última vez que tocan”, contaba Leandro desde un puntilloso rolinguismo que incluía remera, anillos y colgantes. Cerca estaba Maxi, un flaquito alto con esos ojos marrón claro que dan brillo a los barrios del conurbano. “La banda siempre quiso divertirnos sin matar a nadie. Tienen derecho a volver”, sintetizó. Pero fue Miriam, rockera que sobrevuela los cuarenta, quien ofreció la postal más curiosa: “La vez de Cromañón no fui porque mi hermana estaba embarazada. Pero ahora voy a ir con mi esposo y mis tres hijos”. A su lado, su hermana Lorena aclaraba: “Fui a recitales hasta que el embarazo estuvo avanzado y ya no pude meterme en lugares cerrados. Por suerte –remató– ya el chico nació y estoy libre, así que ahora vamos todos”.

A pesar de que se pensaba que algunos familiares de las víctimas podrían presentarse en los locales para intentar impedir las ventas, no se registraron incidentes. “Ya no hay lugar para las amenazas, como tampoco para articular impedimentos que obstaculicen la actividad del grupo”, se expresó Javier Miglino, abogado de un grupo de sobrevivientes del accidente. Pero la de Miglino no fue la única voz que se hizo escuchar. “Llevamos catorce meses de dolor. Espero que el gobernador de Tucumán no permita la actuación de esos asesinos. No me voy a detener ante la muerte de nadie, ni la mía ni la de quien sea. Me deben la vida de mi hija y ya no me importa nada”, advirtió por su parte Luis Fernández, padre de la víctima Nayla Fernández. Fernández logró, junto a Nora Bonomini (madre de Sebastián Bonomini), que José Alperovich escuchara sus reclamos, pero al cierre de esta edición no habían conseguido mayores resultados.

Informe: Facundo García.