El casino flotante Princess –el segundo de los dos instalados en Puerto Madero, inaugurado en enero de este año– fue clausurado ayer por un juez porteño, luego de comprobar que funcionaba “violando una medida judicial que prohibía su funcionamiento, decretada en 2005”, explicó a Página/12 el juez Roberto Gallardo, quien adoptó la medida. Pero horas después, el juez federal Sergio Fernández dispuso su reapertura. Ambas resoluciones se enmarcan en un largo conflicto, iniciado con la inauguración del primer casino flotante, en 1999: mientras la Justicia porteña se opone al funcionamiento de las salas de juego, la federal lo avala.

El Princess está ubicado en la Dársena Sur, a la altura de la avenida Brasil, a 50 metros de su predecesor, el Estrella de la Fortuna. A diferencia del primero, está equipado exclusivamente con máquinas electrónicas y tragamonedas. Ambos barcos son explotados por la empresa española Cirsa.

De acuerdo con el pimer fallo, el juez ordenó la clausura del barco, “haciendo efectiva la medida cautelar firme dictada en autos, ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. El procedimiento de clausura se realizó con la asistencia de la Policía Federal y la Prefectura Naval. Ocurrió ayer por la tarde, cuando el barco, de cuatro pisos, era visitado por decenas de apostadores que debieron retirarse. En su dictamen, el juez le ordenó a la empresa abstenerse “de generar despido alguno de personal hasta tanto se dicte” la resolución definitiva.

“Para adoptar la medida, fue determinante la comunicación que recibí el 6 de febrero, en la cual el director de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, denunció penalmente al presidente de Lotería Nacional por haber extendido la concesión y permitido la instalación de un nuevo casino”, explicó Gallardo a Página/12.

La denuncia fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien también asistió al procedimiento. “Los distintos fallos dictados en primera y segunda instancia dicen claramente que no puede instalarse un segundo barco (casino), más allá de que el primero debe en algún momento cesar, pero el segundo está absolutamente prohibido”, señaló.

En un comunicado, la empresa Casino de Buenos Aires SA –administradora de los dos barcos– calificó la medida de Gallardo como “claramente ilegal y arbitraria”. Recordó que dos jueces federales respaldaron su posición, ya que por encontrarse en territorio del puerto “la regulación y poder de policía (sobre la actividad) le corresponde al Estado nacional”.

Por su parte, la situación del Estrella de la Fortuna aún está irresuelta. Está funcionando, pero su actividad está supeditada a las negociaciones que llevan a cabo, por orden judicial, el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. El litigio nace en que la autorización para el funcionamiento de las salas flotantes fue otorgada por Lotería Nacional, durante la gestión del ex presidente Carlos Menem. Pero la Constitución porteña y Ley de Juego de la ciudad establecen que es el gobierno local el que debe regular las actividades lúdicas en su territorio.