El reciente patentamiento por parte de una empresa norteamericana de una tecnología para producir semillas estériles abrió la polémica. Se trata de una semilla que después de la siembra y la cosecha no se puede volver a utilizar. Los especialistas advierten que ese mecanismo altera el proceso natural y hasta que no se aplique a cielo abierto no podrán conocerse las consecuencias ambientales. Además, obligaría a los agricultores a comprar para cada cosecha. Movimientos de campesinos, pueblos originarios y entidades agrarias bautizaron la semilla estéril como “Terminator” y denunciaron que su fin es crear nuevos monopolios. Esta tecnología es uno de los ejes del debate de la Octava Conferencia de la Convención sobre Biodiversidad de la ONU que se inició ayer en Curitiba, Brasil. En la Argentina, diversas organizaciones expresaron los riesgos de una eventual llegada de “Terminator”.

La patente EP 775212B “fue concedida a la compañía norteamericana Delta & Pine Land y a los Estados Unidos, representada por la Secretaría de Agricultura”, resume un documento de Federación Agraria Argentina y Greenpeace. La empresa es una de las diez más grandes en comercialización de semillas. Carlos Vicente, del grupo Grain, una ONG que promueve el manejo sustentable de la biodiversidad agrícola, advirtió que “la agricultura es la historia de la creación de semillas; crear semillas estériles es cortar ese ciclo”.

Fuentes de la Secretaría de Agricultura aseguraron a este diario que en la Argentina “si un agricultor siembra una variedad tiene derecho por ley a guardar semillas de la cosecha anterior”. Por ello, sería ilegal en el caso de que esa tecnología se quisiera implementar en el país.

En ese sentido, Luis Contigiani, coordinador del Departamento Gremial de Federación Agraria, advirtió a este diario que en el caso de que esto se aplicara, la ley “debería ser modificada, pero en la Argentina no se corre riesgo. Ahora, el peligro viene por el lado de Estados Unidos, donde existen legislaciones que permiten el uso de estas tecnologías”, señaló, y añadió que si bien “en el país no puede entrar, la preocupación es que exista esta tecnología en alguna parte”.

Jorge Rulli, uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural (GRR), un espacio de diálogo y debate sobre las problemáticas rurales, apuntó a Página/12 que “se piensa que en 10 o 15 años no habría más semillas que no estén en manos de las empresas”. “El problema de la ley es que protege el uso propio pero no hay industrias semilleras en el país, es decir, el derecho se vaciará de contenido. El objetivo empresarial es adueñarse del mercado de semillas mundiales.” Las semillas convencionales, “que no son híbridos ni transgénicos, solamente las tienen aquellos pocos agricultores que cultivan sin agrotóxicos y que las guardan”.

Por otra parte, aclaró que no es igual esta semilla a los híbridos. “Un maíz híbrido es una manipulación artesanal. El híbrido tiene una potencia mayor que sus padres y dura una generación o dos. El terminator puede estar hecho sobre híbridos o variedades. Es una manipulación genética, hay un salto tecnológico, que se hace dentro de un laboratorio, y se manipulan muchísimos genes. Con terminator se está profanando la vida, es monstruoso, es una manipulación que si llega a extenderse haría que muchas plantas desaparecieran.”

Página/12 consultó al respecto a Monsanto, una de las mayores empresas de venta de semillas en el mundo con sede en Argentina, desde donde se subrayó que no se comercializará ni desarrollará la “Terminator”. La empresa explicó que “las tecnologías de semillas estériles son una clase dentro de las Tecnologías de Restricción de Uso Genético (Trugs), muchas de las cuales simplemente desactivan el gen biotecnológico en la próxima generación de la semilla, manteniendo la semilla viable”. En ese sentido, en cuanto a la investigación de las otras clases de Trugs, estimaron que “podrían considerarse para investigaciones futuras” (ver aparte).

Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) sostuvieron que este accionar de las empresas “es para garantizar ventas de semillas todos los años”.

Contigiani, de la Federación Agraria, destacó que no ve “peligro interno” respecto de la llegada de esta tecnología al país, aunque “sí el externo: en las negociaciones internacionales, en la Organización Mundial del Comercio, o si se aprueba el Alca, porque lo primero que Estados Unidos pide es que se liberen las patentes”. Por ello, “nunca se aconseja como forma de protección de una investigación la patente, porque en los alimentos tiene impacto social muy grande”.

Informe: M. S. Wasylyk Fedyszak