“Ya sabemos qué pasa en la cuenca del Riachuelo-Matanza: lo que hace falta, ahora, es la decisión política de actuar”: esta fórmula, explicitada por el auditor general de la Nación, resume el criterio de las distintas fuentes expertas en el tema que consultó Página/12. El hueso más difícil de roer será, sin duda, el constituido por los miles de empresas que descargan efluentes sin tratar. Para esto, el auditor estimó “urgente” la realización de un censo que, sobre el terreno, registre incluso las empresas que trabajan sin ninguna identificación visible. Una ambientalista insistió en la importancia del acceso público a la información sobre qué empresas son las que están contaminando –no existen datos mínimamente actualizados o confiables al respecto, y ésta es una de las principales críticas que recibió la actual administración de la cuenca–: “De otro modo, la cuestión queda como una conversación secreta entre un empresario y el funcionario a cargo de controlarlo”. Las fuentes actuales de contaminación se remontan hasta las nacientes mismas de los ríos: en pleno campo, los desechos de criaderos de ganado vacuno y de pollos contaminan los arroyos hasta el punto de reducir a cero la posibilidad de vida acuática. Y, ya río abajo, aun empresas situadas a muchas cuadras de los ríos tienden vertederos clandestinos para echar sus efluentes. Si se logra cerrar el oscuro grifo de la polución, aún restará decidir qué hacer con los barros donde, a lo largo de cien años, se han acumulado sustancias tóxicas. Pero, a esa altura, ya la batalla estaría ganada y “las riberas, junto a ese agradable curso de agua, se valorizarían mucho”.

“El diagnóstico ya está hecho y ya se ha tomado conciencia de la necesidad de resolver la contaminación de la cuenca del Riachuelo-Matanza: ahora, hace falta la decisión política de actuar”, sostuvo Leonardo Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, que produjo un informe crítico sobre lo actuado desde 1995 hasta la fecha sobre la cuenca. “Lo más urgente es detener los factores de contaminación que siguen agravando una situación ya muy grave. Esto requiere un censo inmediato de todas las empresas que operan en la cuenca, con la especificación de qué tipo de sistema usan para el tratamiento de sus residuos, si es que lo hacen. Hoy no hay prácticamente ningún control, la única información es la que entregan las empresas mismas y la cuenca se ha transformado en una ‘zona liberada’, sin ninguna regulación. En nuestra propia investigación de campo encontramos que el tránsito por el cauce está obstruido en distintos tramos y que muchas de las empresas ni siquiera se identifican como establecimientos industriales.” Para resolver esto, “hay que establecer una normativa que unifique el tratamiento de la cuenca y establezca las responsabilidades de cada jurisdicción”, exigió el auditor.

Juan Moretton, profesor de la cátedra de Higiene de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que desde hace más de diez años estudia los problemas ambientales del Riachuelo, acordó en la necesidad de un comité de cuenca unificado, pero sostuvo que “habría que incorporar la voz de los industriales, especialmente los grandes contaminadores, y también la de los habitantes de las zonas ribereñas. Debe haber un acuerdo que incluya a esos dos sectores, más el sector público. Los industriales dirán cuáles serán los costos que la reconversión plantea, el Estado dirá cuánto puede aportar. Los habitantes, a través de organizaciones que los representen, dirán cuáles son las situaciones que más los afectan”.

“Hay que tener también en cuenta –prosiguió Moretton– que estos habitantes son también contaminantes involuntarios: cientos de miles de personas que, al vivir en lugares sin cloacas ni recolección de residuos, tiran la basura al río. La pobreza es contaminante.”

El investigador agregó otro factor: “La contaminación en las nacientes de la cuenca. Hemos detectado que en feedlots, lugares de engorde de ganado vacuno, y también en criaderos de pollos, las excretas de los animales van a parar a los arroyos que confluyen para formar el río Matanza. Estamos midiendo niveles de oxígeno cero en el agua de las nacientes de este río, lo cual significa que ya no puede haber vida acuática. La solución tiene que incluir esos ámbitos rurales. En Estados Unidos ya hay experiencia en sanear los residuos de feedlots para reducir la contaminación”.

En el caso, feliz, de que se logre detener la contaminación, habrá que decidir cómo sanear lo ya contaminado. “En alguna medida, la naturaleza misma restituye un curso de agua agradable, y realmente las riberas se valorizarán mucho en tal caso –observó Moretton–, pero habría que decidir qué hacer con los barros del fondo del cauce, donde hay metales pesados y otros contaminantes acumulados a lo largo de más de cien años. Retirarlos no es fácil porque, retirándolos con dragas comunes, se liberarían al agua. Se podría recurrir a dragas especiales que funcionan como aspiradoras. Después, todavía, habría que procesar esos lodos para quitarles la toxicidad. Son procedimientos posibles, pero complejos y costosos.”

Pero, para que alguna vez llegue el momento de limpiar esos barros, primero hace falta “mucha voluntad política”, destacó Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud sin Daños–: “El comité de cuenca unificado es un paso en la solución, pero tiene que haber voluntad política de impedir que se sigan vertiendo contaminantes. Se ha planteado que la mayor parte de la contaminación, proviene de unas pocas industrias pero hay muchas empresas que, aunque viertan poco caudal, tienen efluentes sumamente tóxicos. La experiencia de recuperación de ríos como el Támesis o el Sena, en Europa, se fundó en la existencia de Estados con poder y disposición para hacer cumplir las regulaciones”.

Además, “no sólo hay que aplicar la legislación existente, sino mejorarla: respecto de la mayoría de las sustancias tóxicas, la normativa limita la cantidad que se puede emitir, siendo que, para el cromo y otras, directamente habría que prohibir la emisión”, según Odriozola. Y subrayó la importancia de contar con información pública sobre empresas contaminadoras: “Se había dictado una norma que obligaba a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación a publicar periódicamente la lista de empresas sancionadas por vertidos en la cuenca, pero jamás llegó a cumplirse. Siempre se retaceó información sobre qué empresas contaminan”.

Odriozola observó que “en Estados Unidos, Europa Occidental y Australia, las empresas tienen obligación de informar sobre sus emisiones a una base de datos que es pública, accesible por Internet. Entonces, cualquier ciudadano puede saber, supongamos, qué empresas emiten benceno al ambiente en Estados Unidos y en qué cantidad. Esto permite transparentar lo que de otra manera queda como conversación secreta entre un empresario y un funcionario a cargo de controlarlo. La transparencia en la información distribuye mejor el poder de control”.

Mientras tanto, no sólo muchas empresas contaminantes no tienen identificación, sino que otras ni siquiera están sobre el río. “Hay industrias que vierten sus residuos en conductos pluviales por donde recorren quizá diez cuadras hasta llegar a algún afluente de la cuenca”, contó Odriozola. Moretton confirmó y añadió: “Empresas no registradas tienden tuberías clandestinas de centenares de metros hasta el Riachuelo; uno puede ver los emisarios semisumergidos en el río, por donde pasan los efluentes sin tratar”.