Las fotos son dramáticas: muestran la cloaca, llena de excrementos, por la que huyeron esta semana diez presos, la mayoría detenidos por robo a mano armada, de la comisaría de Libertad, partido de Merlo. El viernes, la División Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió que no hay motivos para imputar a los policías por la fuga. El diagnóstico es que esa comisaría, como la mayoría de las que existen en territorio bonaerense, tiene más de 50 años de antigüedad y, por lo tanto, no está preparada para que allí haya presos alojados. Según los datos oficiales, ayer a las siete de la mañana había 4462 personas detenidas en las comisarías, pero en esas dependencias hay un total a nivel provincial de 2402 catres. Es decir que mucho más de dos mil detenidos no tienen dónde dormir, porque la superpoblación se da especialmente en el Gran Buenos Aires.

Pero, además, del total de detenidos en comisarías, hay 2027 con orden judicial de pasar a cárceles, algo que parece imposible. En las prisiones bonaerenses ya hay 25.000 presos, una cifra que desborda completamente el cupo existente de 18.000 plazas, que resulta de un cálculo más o menos razonable de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del gobierno bonaerense, a raíz de presentaciones del CELS y de la Comisión Provincial de la Memoria. Un dato pinta el panorama: el viernes pasado, el Servicio Penitenciario Bonaerense puso a disposición del Ministerio de Seguridad provincial un total de 37 lugares en cárceles, lo que contrasta con los mencionados 2027 detenidos que, por orden judicial, deberían ser sacados de las comisarías. La gravísima situación, que lleva a fugas y muertes (ver aparte), intenta ser paliada por la ley que flexibiliza las excarcelaciones y por la construcción acelerada de cárceles.

Los excrementos flotan

Según la versión oficial, la fuga de la cárcel de Merlo fue producto de una sórdida casualidad. El día anterior llovió, lo que produjo un desborde de las cloacas dentro de la comisaría. Los excrementos empezaron a flotar en las celdas y un patio. Como es obvio, los presos dedujeron que desde el lugar en el que salían los excrementos tenía que haber una conexión a las cloacas y desde las cloacas al exterior. Por lo tanto, se metieron en el líquido nauseabundo y salieron del otro lado de la pared, tal como aparece en las fotografías.

Pese a lo que dice el informe de Asuntos Internos, no se puede descartar la complicidad de alguno de los hombres de guardia, entre otras cosas porque la fuga ocurrió a la noche y fue percibida recién al día siguiente. Las razones que se dan para explicar por qué se tardó tanto en descubrir la huida pintan el panorama de lo que ocurre en la mayoría de las comisarías:

- En las celdas de la seccional de Libertad había 32 presos, pero la realidad es que hay lugar para diez, a lo sumo doce. Esto ya produce una situación inhumana.

- La segunda consecuencia es que habitualmente los que están de guardia no entran a las celdas, porque la acumulación de detenidos les da miedo. Consideran riesgoso el ingreso al lugar donde están los presos.

- La otra variante consiste en hacer una revisión de las celdas sacando a los detenidos al patio. Pero esa operación, al haber superpoblación, también es riesgosa.

- Por lo tanto, las celdas son terreno de los detenidos. En general, la táctica es que los presos ponen la música muy fuerte y de esa manera cubren el ruido que se hace durante una fuga.

Entran muchos,
salen muchos

En el Ministerio de Seguridad, a cargo de León Arslanian, vienen insistiendo en que no pueden tener 4462 personas en comisarías, porque no están preparadas para eso y tampoco los policías tienen entrenamiento. En el Ministerio de Justicia, que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario, admiten la enorme dificultad, pero argumentan que en un año y dos meses sacaron de las comisarías 1570 presos. “En abril de 2005 había más de seis mil. Ahora esa cifra bajó mucho. Antes, un detenido con orden judicial de pasarlo a cárceles estaba nueve meses en comisarías, ahora bajamos ese tiempo a seis”, le dijo a Página/12 una alta fuente de Justicia.

Entre las 19 del jueves y las siete de la mañana del viernes fueron detenidas, en territorio bonaerense, 259 personas. Más allá de las polémicas que plantea el dato –encarcelamientos injustificados, leyes Blumberg dictadas a los apurones, maniobras policiales, lentitud judicial–, en esas doce horas se produjo un altísimo y habitual ingreso de detenidos. Tal vez el dato positivo es que, mientras en los años de crisis la cifra de los que entraban era indefectiblemente mayor que los que salían, hoy los especialistas evalúan que hay una especie de meseta: al sistema de detención, entre comisarías y cárceles, entra más o menos la misma cantidad de los que salen.

Detenciones insólitas

Una de las medidas que apuntaban a la descompresión del sistema de encarcelamiento fue la ley, ya aprobada, que flexibiliza las excarcelaciones. En la jerga de la Legislatura bonaerense se la llama la ley anti-Ruckauf, que fue quien restringió las excarcelaciones. Uno de los puntos llamativos es que la norma impulsada por Carlos Ruckauf prohibía la excarcelación en el caso de delitos en que se hubiera usado a menores. De esa manera, cuando una señora robaba algo de la góndola de un supermercado y en los brazos llevaba un niño, el delito se convertía en noexcarcelable. Lo mismo ocurría con los robos de cañerías o plomo, si el que lo cometía –habitualmente cirujeando– iba acompañado de un menor. El otro delito no excarcelable era el robo con violencia, pero no se dejaba la decisión en manos del juez, y de esa manera, cuando se robaba una bicicleta y había un enfrentamiento a golpes de puño, también la norma impedía la excarcelación.

La ley básicamente puso otra vez la decisión de excarcelar en manos de los jueces, pero el proceso avanza a ritmo muy lento. La norma se aprobó hace dos meses y obliga a realizar una audiencia en la que comparecen el imputado y su abogado ante el juez. Esas audiencias se demoran y la consecuencia es que no ha bajado en forma notoria la cantidad de presos. Eran 25.000 y siguen siendo casi 25.000 los que están en prisiones, en tanto bajaron los que están en comisarías. El ritmo de baja es lento, pese a que la reactivación económica redujo la cantidad de delitos. “Hace dos años había una fuerte tendencia a la suba en el índice de encarcelamiento. Ahora estamos en una meseta, con una leve tendencia a la baja”, consignó la fuente del Ministerio de Justicia bonaerense.

Construyendo cárceles

La masacre en el penal de Magdalena y las reiteradas denuncias del Cels y la Comisión de la Memoria pusieron sobre la mesa un drama que no sólo existe en territorio bonaerense, sino que afecta fuertemente a todo el sistema penitenciario nacional e incluso al Servicio Penitenciario Federal. La cantidad de muertes en las cárceles, según las estadísticas oficiales y tomando en cuenta la proporción sobre la cantidad de presos que aloja cada servicio penitenciario, son muy parecidas.

De todas maneras, la cantidad de presos del Servicio Penitenciario Bonaerense es un problema en sí mismo, al punto que tras un amparopresentado por Horacio Verbitsky, la propia Corte Suprema de la Nación intervino en el caso. Tras un diálogo con el Cels, el gobierno bonaerense resolvió enviar a la Legislatura una ley de cupos, que significa que habrá una comisión que determinará cuántos presos puede haber en cada penal.

Hoy por hoy, el ministro Eduardo Di Rocco fijó el cupo en un total de 25.000, pero él mismo admite que si se tienen en cuenta los criterios de las Naciones Unidas, los lugares actuales en las cárceles permitirían alojar a no más de 18.000. En una palabra, que si al déficit de siete mil que surge del cálculo del ministro se le agregan los dos mil que hay en comisarías, el total de lugares necesarios en la actualidad son casi diez mil. A esto hay que agregar que varias prisiones están en estado deplorable y esta misma semana, por orden judicial, se cerró el pabellón de atención médica de la Unidad 9 de La Plata.

En un brevísimo diálogo con este diario, el ministro Di Rocco resumió: “Ya terminamos Campana, con 488 lugares, esta semana nos entregan La Matanza, con 380. Está demorada una alcaidía que construimos en Lomas, también para 380 y se viene una similar en San Martín. Este viernes firmamos con el Ceamse la entrega del terreno en Ezeiza donde con el correr del tiempo habrá diez módulos para 420 internos cada uno. Yo diría que ese proyecto tardará un año y medio. Y agréguele Urdapilleta, Junín, Mar del Plata. Se supone que antes de fin de año habrá 5600 lugares más”.

La propia construcción de cárceles no es un problema de fácil solución. En plena crisis de 2002 los municipios se peleaban entre sí para que en su territorio se construyera una unidad penitenciaria, esencialmente porque daba trabajo durante la construcción y después. Ahora, con la reactivación económica, no resulta fácil conseguir los terrenos para hacer una cárcel. Los habitantes de los municipios no las quieren y, además, el déficit se da en el Gran Buenos Aires, más que en el interior del país. Dicen los expertos que de ninguna manera deben mandarse presos del conurbano al interior. En primer lugar, porque se los aleja de la familia y eso desestabiliza al preso y a sus allegados. Pero también sucede que la experiencia de trasladar detenidos al interior ha tenido malos resultados, ya que el preso del interior tiene mayor tranquilidad, las unidades son más pacíficas, mientras que el interno del conurbano es, por lo general y según los especialistas, más turbulento y problemático.

Más allá del excremento

Lo que surge de la fuga de Merlo salpica en varias direcciones:

- Los jueces no se hacen cargo de los detenidos, cuando es su obligación. No están al tanto de dónde los colocan ni cómo viven.

- Los procesos de juzgamientos y excarcelaciones se dilatan de forma irritante en muchos casos.

- Las estructuras de las comisarías son obsoletas y no estuvieron ni siquiera pensadas para alojar tamaña cantidad de presos.

- Suele entrar en juego la corrupción y la ineficacia de los policías que están a cargo. Tener al detenido allí alojado no deja de ser un negocio.

- La superpoblación en las cárceles y en las comisarías trae como resultados indefectibles las fugas y las muertes.

- Las tasas de encarcelamiento vienen bajando lentamente, pero una vez más se demuestra lo imperioso de una política social preventiva. El propio ministro León Arslanian solía decir que “no hay mejor política de seguridad que urbanizar, hacer calles en los barrios más humildes, poner luces, asfalto, asegurarse de que los chicos vayan al colegio y los jóvenes tengan alguna alternativa laboral”.

Viendo el panorama de muchos barrios humildes, en territorio bonaerense, también en la Capital Federal y en los alrededores de ciudades como Córdoba y Rosario, no es difícil deducir que esa política social deseguridad viene muy atrasada. Por eso, no es casual que los excrementos sigan flotando.