Con intenciones de prevención, aunque de una dudosa efectividad, la Legislatura de Neuquén aprobó la creación de un registro en el que figuren quienes sean condenados por delitos sexuales. El registro incluirá a todos los condenados por la Justicia local y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad provincial. Además de los nombres de las personas, se registrarán los datos completos, huellas dactilares, fotos, historia criminal, grupo sanguíneo y todo otro dato que pueda servir para su identificación, como puede ser la descripción de un tatuaje.

A pesar de haber sido aprobado por mayoría, el proyecto generó un intenso debate, que se prolongó por más de tres horas en la Cámara. Irma Vargas, del Movimiento Popular Neuquino y una de las autoras de la iniciativa, aseguró que “el registro será una herramienta útil para la política criminal en la provincia con efecto disuasivo”.

La diputada Olga Saldías, del PJ, consideró que “el proyecto tiene un fuerte sentido protectivo de la familia, que pretende disuadir, proteger a la sociedad de los violadores y que la comunidad esté informada. Es un aporte más para darle a la ciudadanía garantías”. También evaluó como positivo que en el registro se consignen quienes participen de delitos como la promoción de la prostitución infantil y quienes reproducen imágenes o espectáculos pornográficos con menores. Mientras, la diputada Alicia Castoldi manifestó su acuerdo “con la sanción de leyes punitivas que denosten para toda la vida a los violadores”.

Desde los partidos de la oposición surgieron las voces disidentes. El radical Marcelo Inaudi criticó la norma porque “se están invadiendo competencias ajenas. Se mezclan delitos que tienen 15 años (de pena) con otros por los que se multa a los victimarios”, y opinó que “el registro equivale a ponerle a la persona un sello para que cuando recupere su libertad se convierta en un muerto civil. Es una suerte de veraz sexual”. En la misma línea, Pablo Tomasini, del Frente Grande, señaló que la iniciativa “genera una estampilla en la frente de algunas personas y pone en crisis los fundamentos del derecho penal”. Desde el ARI-PI, Carlos Moraña estimó que “el registro estará integrado por un porcentaje muy bajo de violadores y además hay que tener en cuenta que la mayoría de las violaciones las cometen familiares directos o indirectos de las víctimas”.