Antes de comenzar el análisis a solas con su conciencia, durante este fin de semana, los nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mantuvieron –en tandas– un encuentro personal con L.M.R., la chica de 19 años con un desarrollo mental de una nena de 8, cuya familia pide que se autorice un aborto, dentro de los supuestos del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal. La ley admite la interrupción del embarazo cuando se trata de una discapacitada mental que ha sufrido una violación, como ocurre en este caso. Los seis miembros estables de la Corte bonaerense, más tres jueces designados como interinos para la ocasión, tuvieron luego un encuentro con una psicóloga de la Asesoría Pericial del alto tribunal, quien les dio su opinión acerca del nivel de retardo mental que tiene la joven. A las seis de la tarde de ayer, los ministros de la Corte abrieron el “acuerdo extraordinario” que determinará si aceptan o rechazan el pedido de la familia. El veredicto se conocería entre el lunes y el martes. Aunque existe un dictamen favorable al aborto de la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo, es difícil anticipar un resultado. Se supone que cuatro de los ministros apoyarían la intervención médica, pero falta un voto para que eso sea posible.

Mientras tanto, continúa la polémica que el caso ha desatado. En La Plata, frente a los tribunales, centenares de personas se concentraron para repudiar la decisión de la jueza Inés Siro y de la Sala II de la Cámara Civil, que en sucesivos fallos rechazaron la solicitud de la familia de la chica violada (ver aparte). Al mismo tiempo, un nutrido grupo de profesionales y especialistas que trabajan en defensa de los derechos de la mujer presentó un escrito de amicus curae en el cual argumentan que “ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional exigen la protección absoluta de la vida desde el momento de la concepción”.

De este modo, cuestionaron el fundamento central expuesto tanto por la jueza Siro como por la Sala II para no aplicar lo que autoriza, en forma expresa, el inciso segundo del artículo 86 del Código Penal, que considera que un aborto no es punible “cuando el embarazo proviene de una violación” de la que fue víctima “una mujer idiota o demente”. En la vereda opuesta se ubicó el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien sostuvo que “la sospecha de que la criatura ha de nacer con un defecto físico o psíquico no autoriza a que el niño sea eliminado. ¿O acaso pensamos que es posible construir una raza humana ideal y que hay quienes deben decidir quién puede integrarse a la comunidad humana y quién no?” Aguer hace mención a un aspecto del problema que no ha sido planteado por ninguna de las partes involucradas en el proceso judicial.

En su declaración, titulada “¿Un inocente condenado a muerte?”, el arzobispo platense insiste en defender “el derecho a la vida del niño por nacer, avalado por nuestro ordenamiento constitucional” que, según su opinión, “no puede ser subordinado a aquellas convicciones eugenésicas. Una vez que se ha vulnerado el principio de la inalienabilidad de la vida humana, no quedan barreras que impidan la instauración de un racismo cromosómico”. En el mismo sentido se expidió la Corporación de Abogados Católicos, que criticó con dureza el apoyo al pedido de los padres de L.M.R. que expresaron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá.

En el amicus curae, por el contrario, se sostiene, citando abundante fundamentación jurídica, que ni la Carta Magna ni las convenciones internacionales de Derechos Humanos a las que adhiere el Estado argentino “exigen la protección absoluta de la vida desde el momento de la concepción”. Se afirma que “por el contrario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es perfectamente compatible con disposiciones locales que despenalicen el aborto en determinados supuestos, como es el caso del artículo 86 del Código Penal” invocado en el caso de L.M.R. El escrito está firmado por Marcela Rodríguez y Raquel Asensio, del Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, y por otras expertas en temas relacionados con la defensa de los derechos de la mujer como Diana Maffía, Monique Altschul, Mariana Romero, Silvia Chejter, María Barbagelatta, María Storani, Haydée Birgin, Mabel Bianco, Alicia Kaplan y Cecilia Lipszyc. Ellas afirman que “la protección de la vida desde la concepción debe ser analizada a la luz de la normativa internacional vigente no sólo en lo que se refiere al derecho a la vida propiamente dicho, sino también en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Advierten que un fallo de la Corte bonaerense por la negativa “podría generar responsabilidad internacional por el incumplimiento de los tratados” vigentes.

Ayer, a las 12.30, L.M.R. fue recibida por los seis miembros de la Corte provincial, Daniel Soria, Hilda Kogan, Francisco Roncoroni, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani y Juan Carlos Hitters, y por los tres miembros del Tribunal de Casación Penal que se sumarán al cónclave: Federico Domínguez, Horacio Piombo y Juan Carlos Mahiques. Ayer, además de la entrevista con la joven, su madre y su hermana, los jueces sortearon el orden con el cual votarán. Cada uno expresará su opinión por separado y la decisión se tomará por mayoría simple. El fallo se conocerá entre lunes y martes.