El ministro de Salud de Mendoza, Armando Calletti, se pronunció ayer a favor de la despenalización parcial del aborto. “Seguro (debe ser despenalizado) cuando el embarazo es producto de una violación y se debe estudiar en otros casos”, pero “tiene que ir de la mano de un programa eficiente de salud reproductiva”, afirmó el funcionario provincial, en una entrevista con Página/12, en la que expresó que coincide con la posición que su par bonaerense, Claudio Mate, sentó en relación con el tema en declaraciones a este diario publicadas esta semana.

El tema se debatió en el Ministerio de Salud en los últimos días a partir del caso de L. M. R., la chica discapacitada mental de Buenos Aires a quien la Suprema Corte de la provincia le dio el aval para abortar, pero recibió la negativa para realizarle la intervención en el Hospital San Martín, de La Plata, cuando ya estaba por entrar al quinto mes de gestación. La casualidad quiso que esta semana se conociera un caso similar en Mendoza (ver aparte).

–¿Cuál es su posición sobre el aborto? –le preguntó este diario a Calletti, médico laboral, pediatra y deportólogo, quien está al frente del Ministerio de Salud de Mendoza desde hace un año y medio.

–Estoy a favor de una despenalización parcial.

–¿En qué casos?

–Seguro cuando el embarazo es producto de una violación y se debe estudiar en otros casos. No soy proabortista, ni mucho menos. No estoy a favor de la legalización del aborto. Pero creo que la despenalización en algunos casos particulares debe ser evaluada. Hay que dar la discusión. Lo hemos discutido con algunos ministros de Salud, como el de Buenos Aires. Adhiero a lo que dice Mate. Se debe abrir el debate.

–Usted, Mate y probablemente otros ministros provinciales piensan igual que Ginés González García. Pero resulta que finalmente el debate lo impulsan sólo las organizaciones de mujeres. ¿Por qué?

–Esto se va dando de a poco. Cada vez hay un grado mayor de concientización de que las mujeres que mueren por abortos hechos en condiciones inseguras son las pobres.

–En 2004 todos los ministros de Salud del país firmaron un acta por la cual se comprometieron a garantizar el acceso de las mujeres a los abortos “no punibles”. Pero en la práctica suceden situaciones como la que le impidió interrumpir el embarazo a L. M. R. ¿Qué opina al respecto?

–Cuando se firmó ese compromiso yo no era ministro. No obstante, es cierto, ese compromiso es de todos los ministerios. Pero las situaciones de cada provincia son distintas. Cuando uno menciona la palabra aborto, hay que ser muy prudente.

–¿Cuál es la situación en Mendoza?

–En Mendoza hay 3200 internaciones pos aborto, es decir, de mujeres que llegan con complicaciones de abortos. El aborto es la segunda causa de mortalidad materna en la provincia. Por eso decidimos que es un problema de salud pública. No se puede no ver esta realidad que genera una gran injusticia, porque muchas mujeres no tienen acceso a una prestación en tiempo y forma y sufren infecciones por abortos hechos en malas condiciones. Esta situación causa un alto costo sanitario. En los últimos cuatro años hubo 14 muertes por abortos (clandestinos). Se terminó la época del “de esto no se habla”. Las mujeres que tuvieron que ser atendidas en terapia intensiva por complicaciones postaborto tenían antecedentes de al menos de un aborto anterior. La despenalización parcial del aborto tiene que ir de la mano de un programa eficiente de salud reproductiva.