Con la declaración de la ex secretaria de Remo Costanzo, que sumó una nueva prueba testimonial sobre la existencia de las coimas en el Senado, el juez federal Daniel Rafecas daría por concluida una parte de la investigación. El próximo paso será enviar a juicio oral a los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. Luego, el magistrado tendrá que definir la situación procesal del ex presidente Fernando de la Rúa.

Después de seis años, cuatro jueces, varios meses de parálisis y un “arrepentido”, el expediente está listo para un cierre, al menos parcial. Hace un año, Rafecas procesó por cohecho a los acusados que ahora irán a juicio y podrán recibir una pena de hasta seis años de prisión. En un escrito que sumó más de mil páginas, el juez dio por probado que en abril de 2000 el gobierno de la Alianza utilizó cinco millones de pesos/dólares provenientes de la SIDE para pagar coimas a varios senadores a cambio de que aprobaran la Ley de Reforma Laboral.

En esa resolución, Rafecas consideró verdadera la confesión de Pontaquarto, quien, en diciembre de 2003, armó un revuelo judicial y político al asegurar que el 18 de abril de 2000 había retirado de la SIDE la plata que repartió una semana después. Cuatro millones 300 mil pesos –dijo– fueron entregados a Cantarero en su departamento el 26 de abril por la noche. Los otros 700 mil los habría recibido al día siguiente Genoud en su despacho del Congreso.

En julio de 2004 la Cámara Federal había desconfiado de Pontaquarto y había anulado los procesamientos que había hecho el juez Rodolfo Canicoba Corral. Pero en diciembre del año pasado el tribunal superior confirmó el fallo de Rafecas. El cambio de postura se debió a que los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani estimaron que se había avanzado en la “comprobación” de la versión que había dado el “arrepentido”.

Una parte importante de esa ratificación partía de un minucioso análisis de las comunicaciones telefónicas de los acusados. Esos informes, que permiten saber quién, a qué hora y desde dónde hizo o recibió una llamada, confirmaron que Costanzo, Alasino, Branda y Tell estuvieron en el departamento de Cantarero el 26 de abril de 2000, después de que Pontaquarto entregara el dinero. Esto encajaba con la declaración del ex secretario parlamentario, quien aseguró que cuando se iba del departamento de Cantarero, éste le anunció: “Ahora vienen los muchachos”.

El análisis de las llamadas puso en aprietos a los acusados. Y uno de los más perjudicados fue Costanzo. Es que no sólo se registró que la noche del 26 de abril hizo llamadas por su celular desde la celda 52 del mapa (que corresponde a la ubicación de la casa de Cantarero) sino que además, según figura en el informe, se comunicó, desde el teléfono particular de Cantarero, con varios abonados de su provincia, entre ellos, su hijo y algunos dirigentes del PJ.

Al ampliar su declaración, Costanzo tuvo que aceptar que había estado en ese departamento, aunque aseguró que pasó por allí para verificar el estado de salud de Cantarero, que se había retirado del Senado antes de que terminara la sesión. Agregó que se quedó en el lugar mirando una película con el dueño de casa.

Esa no fue la única fisura que la investigación logró hacer en el discurso de los acusados. La última vez que estuvo en Tribunales, Tell reveló sorpresivamente que la noche en que se habría repartido la plata de la coima estaba en el La Biela con Pardo. La confitería de Recoleta está muy cerca de la casa de Cantarero, lo que le permitía a Tell justificar su ubicación en la famosa celda 52. Pero Pardo no respaldó la coartada de su ex compañero. “Es mentira. No estuve con Tell y no lo vi”, dijo, aunque afirmó que él sí estuvo en el bar. La situación de Pardo, que tenía una falta de mérito en el expediente, se puede agravar tras la declaración de la ex asistente de Costanzo. Pero Rafecas se dedicará a analizar esta circunstancia después de elevar parte de la causa a juicio oral.

Entre los asuntos pendientes del juez también está la definición sobre el procesamiento de De la Rúa. El ex presidente estuvo varias horas en el despacho de Rafecas y acusó al Gobierno de armar la causa de los sobornos. La segunda vez que estuvo ahí presentó un escrito en el que pedía una larga lista de pruebas. El juez tiene que analizar esos reclamos antes de definir si lo procesa. Cuando definió que De la Rúa debía, como mínimo, ser convocado a dar explicaciones, Rafecas estimó que era sumamente difícil que quien estaba “en el vértice de esa pirámide de poder político” cuya base era De Santibañes, Flamarique y Genoud, estuviera exento de responsabilidad en la maniobra.