Estamos en un momento crucial en la lucha por los derechos humanos en nuestro país: comenzaron los primeros juicios contra los genocidas luego de la nulidad de las leyes. Pero también debemos aportar al debate sobre el tipo de instituciones que queremos, en aras de esos derechos. En ese contexto, me permito sugerir un debate sobre las leyes que pedimos se apliquen. Si logramos juzgar a un genocida, debemos ser sumamente cautos en cuanto a exigir estrictamente la realización de justicia en el marco de un Estado de Derecho. Pero también que ese Estado de Derecho desarticule sus mecanismos de represión.

En el caso del Turco Julián –Julio Simón–, personaje que encarna como pocos la denigración de la condición humana como práctica autoritaria, la querella solicitó se le imponga una pena de cincuenta años de prisión. Todos queremos juicio y castigo ejemplares. El asunto es que no podemos dejar de ver qué construimos mientras tanto. Ese monto de pena pudo ser pedido mediante las llamadas leyes Blumberg. Desde este espacio hemos criticado –y lo seguiremos haciendo– la inflación del Estado policial carcelario. Esa es nuestra obligación como militantes de derechos humanos y de izquierda. Si por algo nos hemos caracterizado en todos estos años ha sido, justamente, por el reclamo del desmantelamiento del aparato represivo. Con el mayor respeto a quienes han trabajado, creo que en el juicio contra Simón ese reclamo sufrió un traspié: se ha pedido la aplicación de una ley sostenida desde el más crudo manodurismo, entregándose una pieza codiciada a la derecha más cavernícola.

* Liga Argentina por los Derechos del Hombre.