A casi una semana del inicio del acuartelamiento de un sector de la policía de Santiago del Estero, ayer el gobernador Gerardo Zamora pasó a “disponibilidad preventiva” a 115 de los uniformados. “Son los que están comandando el reclamo”, señaló Zamora desde el paradójico Salón de los Acuerdos de la casa de gobierno provincial. La falta de diálogo se extendió al frente de la Jefatura de la Policía, donde permanecen los acuartelados: una manifestación convocada por el gobierno protestó con piedrazos y quema de autos en contra de los huelguistas. Ante las circunstancias, desde adentro del edificio dejaron de lado el paro y respondieron arrojando gases lacrimógenos. Más tarde una comisión de los policías retomó las negociaciones con el gobierno, aunque no se llegó a una solución.

“Lamentaría mucho tener que desalojarlos con la Gendarmería, pero si me veo obligado, lo haré”, advirtió el gobernador en el mismo discurso en el que anunció que 115 de los policías que desde el martes pasado se autoacuartelaron para pedir un aumento salarial pasaban a “disponibilidad preventiva”. La medida fue tomada por medio de un decreto de necesidad y urgencia que dispuso la emergencia policial por 180 días.

Los uniformados sancionados son un comisario mayor, cuatro comisarios, ocho subcomisarios, quince oficiales principales, ocho oficiales inspectores, 10 oficiales subinspectores, dos oficiales subayudantes, un sargento, 17 cabos primeros, 40 cabos y nueve agentes.

“No está en mi ánimo dejar sin trabajo a más familias de Santiago”, indicó Zamora dos horas después del mediodía, aunque pidió que “el personal policial deponga esta actitud, porque de continuar se generarán más sanciones sobre aquellos policías que continúen con esta medida”. Según explicó, los policías incluidos en la medida debían “en forma inmediata dejar de lado el arma que les fue provista y abandonar inmediatamente la sede la Jefatura de policía, porque ya dejaron de revistar la condición que sustentaban antes de esta medida”. Además, los alcanzados por el castigo dejan de recibir su salario.

Zamora también remarcó que “lamentablemente, lo ha dicho el propio líder”: los que se autoacuartelaron son “delincuentes por necesidad”. Fue una referencia a las declaraciones que días antes realizara el comisario mayor retirado Ricardo Gutiérrez, quien admitió que “al cobrar tan poco estamos obligados a coimear y a delinquir”.

Ante las respuestas que recibían sus pedidos –de aumentar el sueldo básico de 280 a 700 pesos, entre otros–, los policías decidieron cerrar las puertas de la sede de la Jefatura y no abandonarla. Para tratar de hacerlos cambiar de parecer, desde el gobierno convocaron ayer a una manifestación y a un acto “por la seguridad” y para repudiar la actitud de los acuartelados. La manifestación congregada frente al edificio policial se transformó en un tumulto que trataba de ingresar en la jefatura.

Desde adentro respondieron con gases lacrimógenos y más piedras a los piedrazos que llegaban desde afuera. Puertas, ventanas y la fachada quedaron destruidas. Incluso algunos de los manifestantes lograron quemar parte de las oficinas que dan a la calle.

“Era un grupo de personas, de inadaptados, con pancartas de partidos políticos –dijo a Página/12 utilizando la jerga habitual uno de los acuartelados, que sólo se identificó como Daniel–. Incendiaron dos autos y saquearon y quemaron algunas de las oficinas. Acá adentro hay familiares nuestros, hay mujeres con chicos. Nosotros no somos autoacuartelados como dicen, somos autoconvocados que nos juntamos para pelear por nuestro salario.”

Las negociaciones entre los policías y el gobierno se retomaron luego de que los enfrentamientos se calmaron, en parte gracias a la promesa que hizo a los manifestantes el vicegobernador, Emilio Rached, de que los policías iban a dejar la Jefatura. Con el objetivo de arribar a una solución, se reunieron el subsecretario de Gobierno, Carlos Silva Neder, y la cúpula policial junto a los líderes de la protesta, entre ellos el mentado Gutiérrez. Sin embargo, más tarde Zamora dijo que Gutiérrez no representaba a los autoacuartelados porque “es un mentiroso” y “defiende intereses oscuros”. Los policías habían decidido que después de la reunión iban a tomar una decisión en asamblea.

Otro avance en esa instancia se logró con una comunicación entre el gobernador Zamora y el obispo de Santiago del Estero, Francisco Santillán. En su función de mediador, Santillán obtuvo el compromiso de Zamora de que revisará cada caso de los 115 policías pasados a disponibilidad.

A pesar del principio de diálogo que se había abierto, todavía no se llegaba a una solución. Ayer por la noche, desde el gobierno acusaban a los rebeldes de haber provocado los enfrentamientos e insistían con que estaban dispuestos a dar la orden para que la Gendarmería desaloje la Jefatura. Mientras, los policías afirmaban que estaban dispuestos a quedarse allí y aseguraban que “la moral en las filas es alta”.