“Estaban usando a la gente y eso es algo que no permitiré”, dijo la titular del PAMI, Graciela Ocaña, mientras confirmaba la denuncia adelantada ayer en exclusiva por Página/12 referida a la existencia de investigaciones clínicas con pacientes del PAMI. “Se usaba toda la infraestructura hospitalaria y a los pacientes del hospital para hacer estas pruebas cobrando 40 mil dólares”, agregó e insistió en que jamás existió aprobación de las autoridades del PAMI para los experimentos.

Tal como informó este diario en la edición de ayer, el remedio que se experimentaba es un antibiótico llamado Tigeciclina y se aplica a pacientes con neumonía intrahospitalaria. La tarea de los médicos consistía, narró la titular del PAMI, en “conseguir las pruebas y hacer que el laboratorio tenga la cantidad de casos” sobre la aplicación del medicamento, agregó la funcionaria. Ocaña vertió esa confirmación en varias radios y canales de televisión.

La investigación clínica (IC) fue promovida por el laboratorio Wyeth Pharmaceticals, con sede central en Estados Unidos. Tiene su filial en Argentina (Wyeth Whitehall Sociedad Anónima). Las pruebas se hicieron entre 2004 y 2005.

Los médicos involucrados, que fueron desvinculados del instituto, son Ricardo Alberto Oyola y Ricardo Policarpio Lutvik. Oyola era director del policlínico. Lutvik fue quien dirigió la investigación.

Ocaña ratificó que hay pruebas de que el laboratorio le abonó a Lutvik más de 40.000 dólares. Página/12 puede agregar que existe un documento emanado de las autoridades de la casa central del laboratorio que asume ese pago al doctor Lutvik.

Los datos mencionados por Ocaña surgen de un sumario administrativo en el que actuó el fiscal Carlos Stornelli, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el PAMI (UFI).

La pesquisa demuestra que las pruebas se hicieron, al menos, con nueve pacientes. Se elaboraron historias clínicas paralelas que se remitieron al laboratorio por fax, directamente desde el policlínico.

En la Argentina no hay una ley que regule las investigaciones clínicas, un vacío que muchos especialistas consideran riesgoso. Administrativamente las gestiona la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (Anmat). Los permisos deben determinar taxativamente en qué establecimientos se realizarán los experimentos, tener la aprobación de éstos y están además supeditados al consentimiento escrito de los pacientes.

Tras corroborar los hechos principales, la UFI radicó una denuncia penal, que tramita en el Tribunal Federal número 3 de Rosario. El sumario está agregado a ese expediente, que tramita su etapa probatoria.

Cuando se realizaron medidas cautelares en el marco de esa causa apareció una autorización de la Anmat. Sus autoridades aseguran que la autorización existió siempre (ver recuadro aparte). El PAMI y la UFI tienen una posición muy diferente. Sus autoridades relatan que, cuando se corroboró la realización de los experimentos, la UFI le pidió a la Anmat que confirmara si había autorización para hacerlos en el policlínico en cuestión. Según informan autoridades del PAMI, hay tres respuestas escritas de la Anmat negando que existiera esa autorización. Informan que constan en la causa penal.

No es la única divergencia seria con el PAMI. La Anmat aduce que el consentimiento lo prestó el Comité de Etica de Docencia e Investigación del hospital. Ocaña explicó ante varios medios que esa supuesta venia, cuya existencia no le consta, es nula. Negó toda competencia y autoridad al comité, que “se creó al solo efecto de probar esos medicamentos”. Tratándose de un organismo público era menester la aprobación de sus autoridades centrales, que jamás existió. De hecho, no estaban anoticiadas de lo que sucedía.

En sus declaraciones en el sumario, el propio doctor Oyola (que adujo la existencia de la autorización aunque dice no haberla visto) había reconocido que “el comité de ética era externo al instituto” y que él, siendo director, no sabía “cómo se integra ni de quién depende”.

Lo cierto es que sin aprobación y conocimiento de las autoridades de un organismo público se realizó una IC sobre sus pacientes, se duplicaron historias clínicas (esto es información reservada) a requerimiento de un laboratorio privado que pagó honorarios a un profesional.

Cuesta no asociar al hecho la permanente degradación de lo público y la falta efectiva de control estatal sobre actividades privadas. Un problema que no nació en los últimos años ni concierne sólo al caso que ayer cobró repercusión masiva.