El gobierno de Romano Prodi ya cayó una vez, hace algo más de un mes, a causa de Afganistán. Hoy volverá a jugar a la ruleta afgana en el Senado: hace falta refinanciar la misión militar y a Prodi siguen faltándole escaños. Necesita los votos de la oposición, que nunca son gratuitos. El centroderecha podría agudizar las contradicciones internas del gobierno, imponiendo una moción “belicista” que proporcionara más armas y unas reglas de combate más agresivas a los 900 soldados destacados en Herat.

La izquierda italiana ganó las elecciones de 2006 por muy poco y supo desde el principio que tendría serias dificultades para gobernar. Prodi era consciente de que iba a resultarle difícil gestionar la economía, luchar contra el corporativismo y promover el tipo de reformas sociales que, como la regularización de las parejas de hecho, cuentan con el rechazo rotundo de la Iglesia Católica. Daba por supuesto, sin embargo, que la política exterior le proporcionaría oxígeno: una vez completada la retirada de Irak, y con un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad de la ONU, la diplomacia se perfilaba como el ámbito más cómodo y creativo. Massimo d’Alema, el “hombre fuerte” del centroizquierda, quiso ser ministro de Asuntos Exteriores porque supuso que era el puesto adecuado para lucirse.

Ni Prodi ni D’Alema sospechaban que la cuestión afgana iba a envenenarse. Ahora lo saben, y saben también que todo lo que podía ir mal ha ido mal. La misión italiana ya no puede ser de pacificación ni de reconstrucción, porque rebrota la guerra. Mientras el flanco centrista del gobierno pide más armas para los soldados, el flanco radical-pacifista exige la retirada. Y las mismas organizaciones de extrema izquierda, que llamaban “asesino” a Silvio Berlusconi, acosan ahora a Prodi y a los suyos. Fausto Bertinotti, líder de Refundación Comunista y presidente de la Cámara de Diputados, fue tildado ayer de “asesino” y “belicista” durante un acto universitario.

Por si no bastaran esas tensiones, el secuestro del periodista Daniele Mastrogiacomo acabó de complicar la posición de Prodi. Para conseguir la liberación del enviado del diario La Repubblica, el gobierno italiano negoció con los talibanes, presionó al gobierno afgano para que liberara a cinco talibanes presos con el fin de intercambiarlos por Mastrogiacomo, propuso una conferencia internacional de paz con presencia talibana y se desentendió del periodista local que acompañaba al corresponsal italiano. Resultado: empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos –Washington no aprecia la negociación con el enemigo–, dificultades con el gobierno de Kabul, embrollo diplomático general, impopularidad entre las elites proocidentales afganas –Mastrogiacomo está libre, su acompañante afgano sigue secuestrado– y, lo peor, un aumento de la vulnerabilidad de los italianos, militares y civiles, presentes en Afganistán. Los talibanes han aprendido que secuestrar italianos reporta beneficios. Tal vez sea casualidad, pero las tropas italianas han sufrido dos ataques directos en una semana.

Las circunstancias apuntan a que Romano Prodi, que se declara “tranquilo”, difícilmente quedará satisfecho tras la votación de hoy. Lo más probable es que la refinanciación sea aprobada, porque el centroderecha no podría justificar un voto contrario a la presencia en Afganistán y, por tanto, se ve obligada a apoyar al gobierno. Silvio Berlusconi dice que aún no ha decidido en qué sentido votarán los suyos, y Gianfranco Fini amenaza con el “no”. Pero ésas son fintas. Si no se producen acontecimientos fuera de la lógica –cosa que jamás hay que descartar en situaciones tan volátiles–-, la oposición se quedará con las ganas de hacer caer definitivamente el gobierno de Prodi.

La oposición puede disfrutar, sin embargo, de una golosa compensación: la de imponer su propia política, exigiendo a Prodi más armas y una actitud menos defensiva y más guerrera del destacamento afgano. Hasta ahora había tres senadores de izquierda que exigían la retirada y que hace un mes votaron contra el gobierno, forzando la dimisión de Prodi. Cualquier cambio en las normas de combate aumentaría, sin duda, el número de “rebeldes” en las filas gubernamentales.

* De El País de España. Especial para Página/12.