Pese a que algunos integrantes del Consejo de la Magistratura están incómodos, irritados también, por las advertencias públicas del presidente Néstor Kirchner acerca de la Cámara de Casación Penal, en el organismo habría consenso para citar como sospechosos a cuatro jueces de ese tribunal por obstaculizar los juicios sobre los crímenes de la última dictadura. “Hay demoras muy notorias en las causas sin aparente justificación”, repite, palabras más palabras menos, la mayoría de los consejeros.

La semana pasada 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado pidieron ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de los camaristas Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi. Los acusaron de demorar intencionalmente las causas sobre violaciones a los derechos humanos. Algunos planteos, alertaron, llevan tres años sin ser resueltos y dificultan el inicio de los juicios orales a represores. Ayer presentó una adhesión a la denuncia el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. “Consideramos fundamental la investigación”, sostuvo.

El sábado, en su discurso por los 31 años del golpe, Kirchner advirtió: “Yo le digo a la Justicia, y sé que el Consejo de la Magistratura me va a escuchar: ¡por favor basta! ¡Juicio y castigo! Eso es lo que necesitamos. Yo les juro que empujo y empujo, pero hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos”.

El Consejo tiene trece miembros repartidos entre representantes de jueces, abogados, académicos, diputados, senadores y el Poder Ejecutivo. Los tres jueces y los dos legisladores radicales, a veces los abogados también, suelen tener importantes discrepancias con los cinco kirchneristas. El abogado Pablo Mosca le debe cierta lealtad implícita al oficialismo, que le dio su voto para presidir el organismo.

El asunto de la Cámara de Casación ganó tanto relieve que podría lograr que una amplia mayoría se pusiera de acuerdo. Al menos eso es lo que dejan entrever hoy por hoy los consejeros, en el fragor de la denuncia. Varios de ellos, a su vez, trataron de diferenciar su tarea del reclamo del Poder Ejecutivo. Mosca salió a decir que no se siente presionado. “Es la expresión clara de voluntad del Presidente de que se investigue si esta demora fue justificada o no, y en su caso se apliquen las sanciones de rigor”, señaló. “Nosotros tenemos tiempos procesales” y hay “garantías constitucionales de defensa en juicio” para los jueces cuestionados, dijo. Santiago Montaña, otro abogado del Consejo, sostuvo: “Vamos a actuar libremente según nuestras convicciones; el Presidente es libre de marcar el rumbo que quiera para el Estado nacional”.

Por esas cosas del azar, la instrucción del expediente contra los camaristas le tocó por sorteo a un juez, Luis Cabral, muy ligado a la Asociación de Magistrados. A Cabral el mensaje presidencial le pareció “una intromisión” hecha y derecha en busca “de un resultado”, según dijeron a este diario sus colaboradores. También comentaron que, a simple vista, las demoras en Casación le resultan llamativas y que ya pidió información completa, además, sobre la evolución de la jurisprudencia en sus distintas salas, teniendo en cuenta que el pedido de juicio político señala importantes cambios de criterio destinados a proteger a represores.

Cabral deberá hacer una investigación y, en función de lo que analice, propondrá un dictamen a la Comisión de Acusación para someter a juicio a los jueces acusados o bien exculparlos. En el ínterin, los camaristas pueden, si quieren, presentar un descargo. Eso no quita que la comisión –que preside la kirchnerista Diana Conti– los cite como sospechosos para pedirles explicaciones e interrogarlos en persona, algo que es factible que ocurra, según las consultas realizadas por Página/12 entre consejeros de las diferentes ramas. Más aún, podría ocurrir relativamente pronto, en unos treinta días, estiman algunos. Si finalmente se produce la acusación, el plenario deberá resolver si promueve la suspensión y la remoción. Para eso requiere los votos de dos tercios de los presentes (siete votos si están los trece miembros).

“Me parece que Kirchner ejerce una presión equivocada sobre la Justicia. Se pierde todo criterio de independencia y le quita legitimidad al propio accionar del Consejo”, advirtió el diputado radical Federico Storani. “En cuanto al tema de fondo, creo que han existido demoras no justificadas en las causas de derechos humanos y debemos conocer las razones rápidamente”, señaló a este diario. El propio titular de la UCR, Gerardo Morales, anunció ayer que su partido “seguramente” estaría dispuesto a acompañar un jury a los jueces de Casación. “Hay cosas que están mal”, advirtió.

El Consejo empezó a juntar material sobre la Cámara de Casación en la segunda mitad del año pasado, tras pedir informes que suministró el fiscal general de la Procuración Félix Crous. Quizás hubiera ahorrado tiempo si primero apoyaban la propuesta del ex consejero y abogado Beinusz Szmukler, que directamente proponía hacer una auditoría que, calculaba, podía demorar a lo sumo una semana. Es más: el Consejo mucho antes discutió sobre la conducta de los jueces de Casación. En 2005, de hecho, resolvió no impulsar el juicio político a Bisordi, que había llamado “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, una sobreviviente de la ESMA. Le aplicó en cambio un apercibimiento al que incluso se opusieron dos hombres del oficialismo: el ex representantes del Ejecutivo Joaquín Da Rocha, y el actual embajador en México, Jorge Yoma. Y el asunto quedó cerrado.