La toma de los dos edificios del Bajo Flores dejó ayer un tendal de 37 procesados y cuatro detenidos con prisión preventiva. El juez en lo criminal Horacio Azzolín procesó a los 37 varones que habían sido indagados por los delitos de daño agravado, usurpación, resistencia a la autoridad e incendio. Tres de ellos permanecerán detenidos porque tienen antecedentes penales. La situación más complicada es la de la mujer acusada de intento de homicidio agravado por haber lanzado desde lo alto de uno de los edificios un caño galvanizado a un policía. Consultado ayer uno de los investigadores que maneja el caso sobre los orígenes de la toma en la que participaron más de 400 personas el fin de semana pasado, reconoció que “lo que llama la atención de los investigadores es la división de tareas de los grupos”. Por ese motivo se investigan las relaciones de los procesados “con grupos políticos y/o criminales”. “Si hay una real voluntad política de las autoridades nacionales o locales no hay duda de que se podría llegar a conocer quiénes son los que organizaron y están detrás de las ocupaciones que perjudican a personas humildes y el dinero de los contribuyentes de la ciudad”, dijo ayer a este diario una alta fuente de la fiscalía que investiga la toma. Los investigadores intentan reconstruir la logística de la ocupación de los edificios de la avenida Bonorino y la calle Oceanía.